Luego de una larga espera, y del pedido del Estado argentino e YPF para que la causa por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012 pasara a Argentina, la jueza Loretta Preska falló en contra del país. La causa continuará en Estados Unidos y el país podría enfrentar un pago multimillonario que en principio se calculaba en USD 3.000 millones, pero otras estimaciones de las partes también lo ubican en un rango de entre USD 3.000 y 12.000 millones.

La cifra seguramente comenzará a definirse en las próximas semanas.

Minutos luego de conocerse la decisión de la jueza Preska, las acciones de Burford Capital, el bufete de abogados que litiga contra el país, saltaron 7% en Londres.

Según pudo saber Infobae, las autoridades del gobierno nacional, que continuaron por unos meses la estrategia judicial que había planteado la administración de Mauricio Macri, está analizando el reciente fallo. Esperaban un resultado adverso ya que la jueza había considerado antes el tema de la jurisdicción, algo que también había hecho la Cámara de Apelaciones y el año pasado la Corte Suprema de EEUU prefirió no analizar el caso.

Los abogados del Estado y la empresa apelaron a la doctrina del forum non conveniens: o sea, se reconocer la competencia de Preska, pero asegurarle que otro magistrado, argentino en este caso, podría hacer mejor el trabajo.

Preska dijo ahora que no, que ella seguirá la causa: habrá juicio en Nueva York. Con todo, la jueza habló en su escrito a favor de la competencia de la justicia argentina, pero cree que ella es la indicada para decidir quién tiene razón en esta causa.

Todo comenzó en 2015, luego de la expropiación de la empresa petrolera de bandera en 2012. El principal litigante es Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos comparan por su accionar como un “fondo buitre”. Está a cargo de parte de las demandas de dos socios minoritarios (Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina), que argumentan que YPF debió hacer una oferta pública a los minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol.

Luego de que el año pasado la Corte de EEUU decidiera no atender el reclamo de jurisdicción que había planteado Argentina, sorpresivamente Preska optó por escuchar nuevos argumentos de los abogados argentinos sobre por qué sería mejor tramitar la causa en el país (el mencionado forum non conveniens). Incluso demoró su fallo a la espera del resultado eleccionario del año pasado.

“El 19 de junio las partes tiene que decirle a la jueza como piensan seguir con todo esto, previas conversaciones privadas primero entre ellos. Eso dice el fallo de hoy”, detalla Sebastián Maril, CEO de Finguru.

“Va a haber muchas instancias y quizás los abogados argentinos puedan estirar los plazos, pero Burford ya dijo antes que el caso está agotado y que quiere cobrar. En algún momento tendrán que sentarse a definir el número, pero no será en breve, esto va a durar. Y ahí se entra en otra negociación, puede haber embargos, por ejemplo. Va a ser largo y habrá que ver también cómo se paga... quizás se haga con bonos reestructurados de la deuda, como se arregló con Repsol en su momento”, agregó Maril.

- ¿De cuánto podría ser ese monto a pagar?

- Mi cálculo, para ambas causas, es un amplio rango entre USD 3.480 y 12.100 millones. Se basa en lo que dice el estatuto de YPF, en los cálculos del balance de Burford y mucha más información, pero será parte de la negociación. En sus balances y por cómo fue vendiendo sus acciones en la causa, Burford dice que solo su juicio podría valer USD 9.000 millones.

Luego de la “renacionalización” de la petrolera –así la definió el gobierno kirchnerista, aunque fue una expropiación– se le pagó al accionista mayoritario, Repsol, pero no a los minoritarios. Algunos de ellos le vendieron el derecho de litigar a Burford, que quedó algo golpeado luego de que fuera acusado de “fraude contable” por la agencia Muddy Waters. Con todo, argumenta que el cambio de gobierno hizo inviable que el juicio se realice en el país.

En su última presentación hicieron especial foco en que la justicia local no es independiente y que puede ser perjudicado por el regreso del kirchnerismo al poder. Concretamente, tienen miedo que puedan quedar presos si vienen a litigar al país y se basan en una denuncia previa contra sus abogados por una causa de Aerolíneas Argentinas, cuando Cristina Kirchner era presidente. Durante el macrismo la defensa se esforzó en demostrar que “la Argentina era otra” y, con el cambio de gobierno, ese argumento fue retomado por Burford.

Con Alberto Fernández como presidente, Carlos Zannini llegó a la Procuración del Tesoro, los abogados del Estado, quienes continuaron la estrategia de Bernardo Zarabia Frías, procurador de Macri. No había tiempo para cambiar. Sebastián Soler, el segundo de Zannini, está a cargo de la causa. Los estudios en Nueva York sigue siendo los mismos, solo que el Estado contrató también a Sullivan & Cromwell, que se suma a Skadden. YPF continúa con Cravath.

A comienzos de febrero, el Estado y la empresa presentaron escrito conjunto de 20 páginas con sus últimos argumentos para defender la conveniencia del foro local y rebatir los argumento de Burford. Primero se recuerda que para todo el caso siempre se aplicó la ley argentina, que todos lo hechos ocurrieron acá, que YPF es una empresa local y que está involucrado el Estado argentino. Allí insistieron con la independencia de la Justicia argentina.

La decisión de Preska de hoy no es apelable, por eso les pidió que se pongan de acuerdo y se presenten en 14 días a su estrado con una propuesta para ver cómo sigue el caso. En rigor, van a hablar de dinero.