(De ANÁLISIS)

El vocal de Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Labriola dio a conocer este jueves su rechazo al sobreseimiento del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, en la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa se originó por una denuncia presentada a mediados de 2016 por el entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná). El pedido de Canosa de ser sobreseído había sido rechazado a fines de 2023 por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

El ex funcionario volvió a insistir y pudo exponer sus argumentos en una audiencia que tuvo lugar la semana pasada. Allí pidió su desvinculación y la de su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori, de la causa en que se investiga el crecimiento patrimonial de la pareja.

Representado por los abogados Miguel Cullen y Andrés Bacigalupo, Canosa expresó: “Es imposible mensurar la condena que vengo sufriendo. Ni hablar del castigo de los medios, que permanentemente me tienen en la parrilla a mí y mi familia, varias veces al año”.

Cullen, por su parte, señaló: “Se agotaron todos los plazos para la Investigación Penal Preparatoria. El Ministerio Público Fiscal carece de facultades para continuar en este proceso alongado y terriblemente largo, una causa que ya tiene ocho años”.

El planteo defensivo fue contestado por el fiscal Gonzalo Badano, que quedó a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los Juan Malvasio y Santiago Brugo, que luego fueron designados jueces. 

Badano rechazó los argumentos de Canosa e insistió con la remisión a juicio del legajo, atento a que, según indicó, los informes contables plantean dos hipótesis y ambas concluyen en la posibilidad de enriquecimiento ilícito.

Canosa ya tiene una condena por negociaciones incompatibles con la función pública. En 2018 se le impuso una pena de tres años de prisión condicional más una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.

En ese caso, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el alto cuerpo declaró inadmisible el recurso y la pena quedó firme.

Canosa ingresó a la función pública como asesor del ex diputado provincial Raúl Taleb. En el tercer gobierno de Jorge Busti fue designado secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno que conducía por entonces Sergio Urribarri y luego, entre 2004 y 2007, fue nombrado interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos (Laer). 

Posteriormente, en 2007, durante la gestión de Busti, fue designado presidente de la tarjeta de crédito estatal, cargo en el cual fue ratificado por Urribarri y desempeñó hasta diciembre de 2015.

Con Urribarri en la Presidencia de la Cámara de Diputados, fue asesor legal del cuerpo y continuó durante la gestión de Ángel Giano, pero debió apartarse del cargo cuando quedó firme su condena, que incluye la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos.