Tras la extensión de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, dispuesta por el Estado nacional, comenzaron a aparecer los planteos sectoriales acerca de las dificultades que atraviesan y el panorama económico que se avecina.

En ese marco, durante la jornada de ayer, las distintas cámaras empresarias que agrupan al sector del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia expusieron sus demandas. Y coincidieron en el pedido de diversas medidas de alivio fiscal e impositivo, facilidad en acceso a línea de financiamiento bancario, y advirtieron sobre la imposibilidad de afrontar salarios el próximo lunes, fecha límite para su cancelación.

Empresarios de los servicios urbanos locales por un lado, y de los provinciales, están alineados a diversas cámaras nacionales, publicó Uno Entre Ríos.

Por un lado, la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) –con la que está alineada la concesionaria Buses Paraná, prestadora del servicio urbano de Paraná– solicitó por nota al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, la urgente declaración de emergencia sectorial y asistencia económica.

La entidad describe en la nota que la imposición de la cuarentena “ha implicado forzosamente una abrupta reducción de todos los servicios, con una mínima presencia de unidades en circulación, y cumpliendo de forma taxativa un rol dedicado exclusivamente a la asistencia social en nuestra condición de agentes esenciales para las respectivas comunidades. Asimismo, en muchas jurisdicciones las Autoridades han dispuesto desde la misma fecha suspender totalmente la prestación de transporte público por tiempo indefinido”.

Y en otra nota extensiva enviada a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtieron que “esta dura e intempestiva realidad nos obliga, con respeto y suma responsabilidad, a tener que plantearle que muchas empresas se ven imposibilitadas de poder abonar los salarios del personal de una sola vez, y en tiempo y forma, pudiendo recurrir a procedimientos consensuados que permitan siempre salvaguardar la continuidad de las fuentes de trabajo y la sostenibilidad de la actividad.”

En relación a los subsidios que otorga el gobierno nacional al sector, Fatap planteó que la participación de los subsidios representaba un 44% en el mejor de los casos, para el interior del país, y que hoy las empresas están dejando de recibir más del 55% de sus ingresos genuinos, que es el aportado por el pasajero que efectivamente abona su viaje.

En una serie de casi 20 puntos, demandan, por ejemplo, la asignación de montos con destino específico al pago de los sueldos y cargas sociales de todo el personal; facilitar el otorgamiento de subsidios adicionales; exigir que las jurisdicciones provinciales y/o municipales transfieran las acreencias comprometidas; exención del pago de impuestos de cualquier tipo y categoría; suspender el canon que se abona en concepto de toque de dársena en las terminales; eximir del pago de peajes rutas nacionales y provinciales; inmediata asignación del Repro, sin limitación de cantidad de empleados beneficiarios para el sector; entre otros.

Por su parte, los empresarios de los servicios provinciales alineados con las cámaras empresarias del transporte de larga distancia describieron las dificultades en un escenario sin prestación de servicios. Unas 40 empresas, que ocupan a más de 1.000 trabajadores, están absolutamente paralizadas, sin prestar ni siquiera servicios de emergencia.

Por ello demandan medidas concretas al Estado y, fundamentalmente, el aporte y colaboración de las entidades bancarias para acceder a líneas de financiamiento adecuadas frente a la coyuntura que se atraviesa.

Y plantearon también las dificultades para cumplir con las obligaciones salariales el próximo lunes, fecha tope prevista por ley.