El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), ratificó la voluntad del oficialismo de tratar una moratoria de impuestos que beneficie a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs), y volvió a presentar una iniciativa que prorroga la regularización de las obligaciones tributarias hasta el 30 de junio de 2020, inclusive.

“En el Congreso avanzaremos con el tratamiento de un proyecto de ley disponiendo una moratoria por las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2020”, afirmó el también secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El legislador entrerriano recordó que semanas atrás presentó una iniciativa “incluyendo las obligaciones hasta el 29 de febrero; luego otro proyecto hasta el 31 de mayo” y este viernes volvió a presentar “otro proyecto incluyendo las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2020”.

“Se incluyen obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social. El plazo de adhesión sería hasta fines de septiembre, y el primer pago en noviembre”, explicó el oficialista.

Además, el diputado resaltó que “el propio presidente Alberto Fernández planteó el tema públicamente, y se trabaja desde el Ministerio de Economía y la AFIP”, publicó Parlamentario.

“En la Cámara de Diputados se incluyó este tema dentro de los que se tratarían en este mes de julio, permitiendo la regularización de las obligaciones de los distintos sectores de la economía afectados por la pandemia”, completó.

Según el proyecto, las empresas que quieran acogerse al beneficio deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME vigente al momento de la aprobación del régimen. También podrán ingresar las entidades civiles sin fines de lucro.

En cuanto a los intereses resarcitorios, se establece que para el período fiscal 2018, 2019 y obligaciones mensuales vencidas al 30 de junio de este año, será del 10% del capital adeudado; para los períodos fiscales 2016 y 2017, será del 25% del capital adeudado; para los períodos fiscales 2014 y 2015, será del 50%; en tanto que para los períodos fiscales 2013 y anteriores, alcanzará el 75% del capital adeudado.

Entre otros puntos, la iniciativa señala también que “el beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 30 de junio de 2020, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal”.