El proyecto prevé que las declaraciones juradas se presenten “firmadas en original ante la autoridad que la ley indica” y tengan carácter público. “Ninguna reglamentación puede convertir las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios en secretas”, ratifica en ese sentido.

Asimismo, indica que las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito "serán iniciadas por iniciativa de cualquier particular con interés simple y exclusivamente por ante los estrados judiciales”. También refiere a que toda persona legalmente capaz "podrá interponer denuncias sobre enriquecimiento ilícito de los integrantes de los poderes, funcionarios o empleados comprendidos en la ley”.

Otro de los puntos salientes prevé que luego de aprobarse la norma, iniciará un plazo de 60 días para entregar la tramitación. “En caso de incumplimiento, quedará habilitada la acción de amparo para reclamar por vía judicial la publicación”, señala el texto, según se precisó a ANALISIS DIGITAL.