Así lo informó este viernes Entre Ríos Ahora. En la nota se cuenta que de las siete víctimas, cuatro eran representadas por Urrutia; una por Rosario Romero, otra por Marcos Rodríguez Allende y una séptima que no designó representación y se maneja directamente con el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Pero ahora tres víctimas resolvieron que Urrutia deje de representarlos y firmaron un poder para que esa tarea la asuma la abogada Rosario Romero.

La decisión está directamente ligada con la determinación de Urrutia de asumir la defensa de otro cura acusado de abuso: Juan Diego Escobar Gaviria, expárroco de San Lucas Evangelista, de Lucas González. El propio Escobar Gaviria fue quien contrató a Urrutia que, de ese modo, quedó en una llamativa posición: querellante en una causa por abuso con Ilarraz como denunciado; y defensor en otra causa por abuso, en este caso su cliente es el colombiano Escobar Gaviria.

Tres víctimas denunciaron en la Justicia a Escobar Gaviria, y eso motivó que el arzobispo Juan Alberto Puiggari decidiera suspenderlo en el ejercicio del sacerdocio a partir del 27 de octubre último, y además lo apartó de la atención pastoral de Lucas González. Los hechos ocurrieron mientras las víctimas oficiaban como monaguillos en la Parroquia San Lucas Evangelista. Urrutia cree en la inocencia del cura y asumió su defensa.

Esa decisión motivó que tres de las cuatro víctimas que representaba en la causa Ilarraz optasen por acudir ante la abogada Rosario Romero y pedir que los represente. “Queremos tomar distancia del caso Escobar Gaviria, que no se mezcle todo”, explicó una de las víctimas. Este jueves por la tarde protocolizaron el cambio de representación legal.

El caso Ilarraz ha recorrido un largo camino en la Justicia. La investigación se abrió de oficio en septiembre de 2012 y en todo este tiempo pasó por tres diferentes jueces: Alejandro Grippo, Susana María Paola Firpo y Pablo Zoff. Además, transitó los distintos fueros, hasta alcanzar la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dictaminó que el delito que se le imputó a Ilarraz, Promoción a la corrupción agravada, no está prescripto, y ordenó seguir con la investigación.

Aunque el caso llegó con un recurso federal a la Corte Suprema de la Nación, el expediente principal siguió tramitándose y ahora está a las puertas de llegar a juicio oral, y con Ilarraz sentado en el banquillo de los acusados.