Silvio Méndez
Rige en la provincia desde el 21 de noviembre de 2007 la Ley Nº 9.823 de Instituciones y Servicios Geriátricos. La normativa regula la habilitación y control de establecimientos gerontológicos. En líneas generales, la ley tiende a regular las condiciones de la prestación del servicio. En este sentido, apunta a que quienes se aboquen a esta actividad puedan garantizar una prestación acorde, fundamentalmente en lo que hace a personal capacitado para la atención, con una infraestructura edilicia adecuada para albergar a personas mayores y que pueda atender distintas situaciones tanto para su salud como para su desenvolvimiento. Uno de los puntos que establece la norma es, justamente, generar un registro (artículo 11º) ya que se desconoce cuántos prestadores de diverso tipo funcionan y la población que contienen en Entre Ríos.
Es así que luego de un largo peregrinar, en septiembre del año pasado la legislación fue reglamentada para su aplicación. Esta decisión era esperada para poder regular una actividad que en algunos casos es precaria o se desconoce como tal, y también para poder establecer un mapa para asistir en los casos necesarios. Eso resulta porque buena parte de los mayores que no pueden ser cuidados por sus familias, no tienen cobertura o cuyos ingresos son escasos, son albergados en organizaciones sin fines de lucro. Y son este tipo de instituciones las que reciben ayuda estatal para su funcionamiento, con una tarjeta de compra para alimentos, subsidios para empleo de personal, mejoras edilicias o equipos. De todos modos, quienes administran diariamente esos hogares –que no son comerciales–, apuntan que a veces se hace muy difícil sostener el funcionamiento con asistencias limitadas o que sufren retrasos para una acción que, en definitiva, cubre un rol que le cabe al Estado. Por esta situación, a algunos hogares para ancianos que a duras penas se mantienen, se les hace casi imposible dar el salto para encuadrarse y cumplir algunos aspectos de la legislación vigente (sistema de alarmas, salidas de emergencia, baños especiales, entre otros puntos). Es por eso que la organización que agrupa a los geriátricos apunta a que se priorice y agilice la asistencia de sus problemáticas dentro de las políticas de Estado.
Claroscuros
Consultada sobre la problemática, la directora de Integración Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Myriam Bianqueri, admitió que los adultos mayores ha sido una materia pendiente en la administración gubernamental, pero la intención es ponerse al día. En este sentido, anunció que el subsidio anual para los hogares sin fines de lucro ha tenido una demora porque la idea es aumentar los montos. La funcionaria explicó que se le adelantó un refuerzo de partidas que pasaría de un total de 640.000 pesos a 960.000 pesos para 2011.
Bianqueri también enumeró que son 36 instituciones, en donde se alojan un poco más de 1.000 personas, que son ayudadas por el Estado.
Respecto a las otras residencias, pensiones y casas privadas que albergan a los ancianos sobre las cuales se desconoce su funcionamiento y que si bien la normativa manda realizar un censo, la responsable de Integración Comunitaria apuntó que la ley “tiene un problema”, y explicó: “Crearon una ley para tipificar instituciones de servicios geriátricos y gerontológicos en la provincia. Cuando se crea esta ley establece una responsabilidad a dos áreas: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo Social e Integración Comunitaria específicamente trata los hogares gerontológicos (que atiende personas que no requieren una atención de salud de tipo de internación hospitalaria). Y en uno de esos artículos establece que debemos contar con un equipo interdisciplinario de profesionales para hacer un relevamiento, hacer un ceso, habilitar o suspender los hogares que estén en existencia. Pero el pequeño problema es que la Dirección nunca tuvo este grupo de profesionales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
