Tras el comunicado difundido por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos reaccionó repudiando lo que considera un “ataque institucional, digital y moral” contra la presidenta de la entidad, María Marta Simón.

“Expresamos nuevamente que nuestra labor, en representación de todos los abogados y abogadas de la provincia, se enmarca estrictamente en la defensa del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley”, manifestaron.

Las observaciones realizadas por el Colegio respecto de la aplicación de la Ley Nº 11.141 “responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente y jamás pueden interpretarse como apriete o coacción”, expresaron.

En este contexto, y ante la reciente intervención pública de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial entendieron que corresponde dejar constancia de dos hechos de “suma gravedad institucional y personal”.

En primer lugar, “la recepción de una nota institucional de tono intimidante, dirigida tanto a la presidencia como al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y de extrema seriedad, tales como haber ‘apretado’ a jueces, incurrido en coacción agravada y ejercer la supuesta violencia simbólica, además de anticipar una eventual remisión al Tribunal de Disciplina”. En segundo término, “la inmediata y coordinada difusión de dicha nota en diversos medios digitales con línea editorial afín, donde se replicó el contenido acompañado de la imagen personal de la presidenta del Colegio, junto a titulares agraviantes como ‘¡Escándalo institucional!’, ‘Habría incurrido en faltas éticas graves’ o ‘Apriete a jueces’”.

Para el Colegio de la Abogacía, se trata de “una operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, que no solo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo”.

“Lejos de ser una simple diferencia de criterios, lo ocurrido representa un intento de censura y disciplinamiento que vulnera el libre ejercicio de funciones gremiales, atenta contra la libertad de expresión institucional y afecta de manera directa el derecho al honor y al trabajo de una profesional que vive de su ejercicio cotidiano”, declararon.

Asimismo, advirtieron que “de persistir este tipo de ataques personales e institucionales, se adoptarán de inmediato todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para resguardar la integridad, el rol y el respeto debido a las autoridades electas por la abogacía entrerriana”.

“Es necesario recordar -indicaron- que el Colegio de la Abogacía es una institución creada por ley, con legitimación plena para plantear, observar o advertir sobre prácticas que afectan el ejercicio de la profesión”. En este caso, la nota dirigida a los jueces fue entendida como “una acción legítima y de defensa institucional ante el incumplimiento reiterado de la Ley Nº 11.141, que regula los honorarios profesionales en la provincia”. “Esta normativa no solo establece parámetros mínimos que deben respetarse, sino que también tiene una clara función social en cuanto al aseguramiento de una retribución justa para los profesionales que intervienen en la administración de justicia”, apuntaron.

La respuesta oficial reitera que las notas presentadas por el Colegio “no desconocen los derechos de defensa de los jueces, pero sí tienen como objetivo poner en conocimiento las irregularidades detectadas en la regulación de honorarios, para evitar el dispendio jurisdiccional innecesario que se genera al recurrir resoluciones mal fundamentadas”. “La correcta aplicación de las leyes no es una cuestión de interpretación discrecional, sino un mandato que debe ser acatado por todos los operadores del derecho, sin excepciones”, afirmaron.

“Como defensor de los derechos y la dignidad de la profesión, el Colegio seguirá actuando con firmeza y responsabilidad en la defensa de los intereses de los abogados y abogadas de Entre Ríos”, concluye diciendo la declaración, a la que suscribieron tanto el consejo directivo en pleno como todas las secciones de la provincia.

Fuente: El Entre Ríos, Prensa CAER.