Este año, la matrícula escolar en Entre Ríos, y en todo el país, se vio notoriamente incrementada por la instrumentación de la Asignación Universal, un beneficio económico destinado a familias sin ingreso comprobable que, como contrapartida, tiene entre otros requisitos cumplir con la obligatoriedad escolar, que alcanza hasta el final del nivel secundario. Todavía las estadísticas oficiales, de difícil acceso, no han podido establecer cuál ha sido la envergadura de ese crecimiento, aunque a priori se juzga relevante.
Bar relativiza la importancia de los chicos que dejan la escuela –en Entre Ríos además de repitencia, hay abandono– por cuanto cree que muchos se trasladan de los niveles diurnos a los nocturnos. Desde 2009, en la provincia rige una baja en la edad para poder ingresar a las escuelas de adultos: de los 18 años descendió a los 17, aunque hay establecimientos que inscriben adolescentes de 16 años.
Justamente, ese hecho, la mudanza de alumnos de un sistema a otro fue uno de los argumentos que utilizó el ministro de Educación, Alberto Sileoni, para minimizar el alcance de los resultados de los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe, PISA según sus siglas del inglés: Programme for International Student Assessment, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese sondeo mostró un retroceso en la calidad educativa en el país.
Según el estudio PISA –que evalúa a los estudiantes de 15 años en comprensión de lectura, matemática y ciencias– entre 2000 y 2009 Argentina cayó 20 puntos: de 418 a 398. De un puntaje de medición que va de 0 a 1.000, el promedio obtenido en 2009 por todos los países participantes es de 570 puntos; Argentina, consiguió 398 puntos en lectura, 388 en matemática y 401 en ciencia.
Pero el ministro de Educación dijo que esas pruebas “son concebidas para una realidad que no es la nuestra”. Pero agregó otro dato: dijo que el 36 por ciento de los estudiantes relevados no están en el nivel educativo requerido por el test internacional, que prevé que a los 15 años hayan cursado por lo menos diez años de escolaridad en total. Y no están porque a su entender pueden estar cursando grados de la primaria en escuelas para adultos o asistir a centros de formación profesional.
La polémica no sólo alcanzó al tono de los resultados, sino al mecanismo mismo de la evaluación. La titular de Educación sostiene que “la evaluación debe existir, pero no para elaborar un ránking. Es una información que debe existir y que debe ser utilizada hacia el interior del sistema para mejorar las prácticas. Si la escuela no evalúa, no puede saber cómo andan los alumnos, por qué repiten, cuáles son las materias que mayores problemas generan”.
Amalia Homar, ex vocal gremial del Consejo de Educación, actual secretaria académica de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sostiene que la aplicación de los sistemas de evaluación de la calidad han demostrado, entre otras cosas, que “desvirtúan el proceso de evaluación, reduciéndola a medición de resultados, equiparando los conocimientos a contenidos básicos, mínimos, prioritarios, etcétera, y los aprendizajes a rendimientos individuales y meritocráticos”.
Pero además, dice que mediante esas escalas creadas así se busca “clasificar escuelas y personas, con el fin de otorgarles un número de orden en el mercado” y que además se crea un ranking de instituciones educativas, “minimizando la concepción de derecho a la educación a una mera capacidad de libre elección de escuelas por los particulares, generando condiciones para instalar mecanismos de subsidio a la demanda (expresados en su punto más alto en las escuelas charters)”.
“En consecuencia este tipo de prácticas falsean el concepto de evaluación como un proceso sistemático de producción de conocimiento cuyo sentido es aportar a la comprensión de la complejidad de las situaciones que se dan en los procesos de aprendizaje produciendo modificaciones que permitan mejorar las situaciones que se analizan (aula, institución, sistema local, provincial y nacional)”, puntualizó.
En una ponencia que desarrolló en septiembre último en el Congreso Iberoamericano de Educación, rescató el espíritu de la Ley Nacional de Educación que establece la necesidad de que el Estado desarrollo mecanismos de evaluación concebidos “como instrumento de mejora de la calidad de la educación”.
Pero a la vez pone de manifiesto que en el debate actual, la calidad de la educación “continúa siendo definida en varios aspectos desde la perspectiva del discurso neoliberal: como calidad del producto, tergiversando el sentido de la calidad educativa”. Así, mediante una concepción que califica como estrecha, se deriva en “concepciones simplistas”.
Homar cree que en procura de mejorar esos sistemas de evaluación, las provincias no sólo deberían recibir a los evaluadores, sino participación en la elaboración de las pruebas. “Las jurisdicciones no sólo deberían participar en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación, sino deberían tener voz en la propia construcción del mismo”.
Y dice que la evaluación no puede estar en manos de un organismo, nacional o internacional solamente. “Otro aspecto que preocupa es la ausencia de miradas críticas y reflexivas de los organismos internacionales sobre los operativos de evaluación de la calidad. Por el contrario lo que se instala es un discurso que legitima las acciones realizadas”, añadió finalmente en declaraciones a El Diario.
