Por Antonio Tardelli (*)
A veces sí; a veces no. Todo depende del color del cristal con que se mire. O del color de la divisa partidaria. Hoy las identidades políticas, y las identificaciones de facción, resuelven a priori lo que debiera ser examinado según criterios permanentes de justicia.
A veces, cuando el que manda es de otro partido, nos disfrazamos de Pancho Ramírez, López Jordán, el Chacho Peñaloza o Felipe Varela.
Si los que mandan son mis jefes, mis superiores, reacciono dócilmente y hago revisionismo al revés: me vuelvo Rivadavia o Lavalle.
Que el problema principal no son los porteños sino los provincianos que se aporteñan.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó el costo que para las arcas públicas supondrá la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias.
Se trata, desde ya, de una medida simpática para un segmento de la población, particularmente la clase media.
Pero no es una medida inocua.
Alguien, se sabe, siempre paga: en materia impositiva flexibilizar en algún lado supone recargar en otro.
Ganancias es un impuesto coparticipable, es decir un tributo que reporta ingresos no sólo para el poder central sino también para las provincias.
Por lo tanto, una medida que potenciará el consumo (se supone que se volcará al mercado lo que dejará de ingresar a la AFIP) afectará a las provincias con todo lo que ello significa.
Los defensores de la reforma plantean que el incremento del consumo compensará, al menos parcialmente, el impacto que la medida tendrá sobre el total de los ingresos públicos.
Lo que se pierda por Ganancias, se alega, se recuperará mediante el IVA, los Ingresos Brutos y hasta por las tasas que perciben los municipios.
Serían los efectos indirectos, y positivos, que sobre la recaudación traería aparejada la modificación de Ganancias.
Pero ello es relativo.
Según el Iaraf, por cada 10 mil pesos que se dejen de recaudar por Impuesto a las Ganancias apenas si se recuperarán unos 2 mil pesos.
Mas rigurosamente: lo que ingrese por mayor consumo será sólo el 22 por ciento de lo que el gobierno deje de percibir por Ganancias.
Ahora bien, ¿qué nivel de gobierno será el más perjudicado?
Naturalmente, las provincias.
El Estado Nacional financiará el 40 por ciento del beneficio que adquirirán quienes dejen de tributar Ganancias.
Las provincias, el otro 60 por ciento.
Los gobernadores, esos malos administradores que según un lugar común muy extendido se gastan en tonteras los recursos de quienes producen, deberían ser agasajados por la clase media ahora a punto de ser beneficiada.
El análisis de la torta no deja márgenes para la duda.
Luego del 40 por ciento que aportará el puerto, la provincia de Buenos Aires colaborará con el 12 por ciento.
Santa Fe lo hará con el 5,1 por ciento; Córdoba aportará idéntico porcentaje.
Después viene Chaco: 2,9 por ciento.
Y luego Entre Ríos.
Entre Ríos aportará el 2,8 por ciento del costo fiscal que supone la medida.
Otra vez el país centralizado.
Otra vez el dineroducto que tiene estación terminal en la Casa Rosada.
En septiembre de 2019, cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri redujo el IVA a los alimentos, en una medida que reportaba un beneficio para los sectores populares pero que a la vez perjudicaba al interior, Entre Ríos concurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Le fue bien.
La Corte le dio la razón.
Hizo lugar a un reclamo vinculado con el IVA y con Ganancias.
Determinó la Corte Suprema: los beneficios sociales que imagina Macri deben ser financiados con recursos nacionales y no con fondos de Entre Ríos o de las otras provincias.
Las medidas nacionales, alegó entonces el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, comportaban una detracción de la masa de tributos coparticipables y ello generaba un perjuicio al Estado provincial.
La distribución de los recursos no debe alterarse en desmedro de las provincias, opinaron los jueces del máximo tribunal de la Nación.
Entre Ríos supo alegar en su momento que dejar de percibir recursos ya presupuestados, y por lo tanto comprometidos en la ejecución de determinadas políticas, suponía un daño irreparable.
No hay noticias, por el momento, de que Entre Ríos esté pensando hoy en ir a la Corte.
Se desconoce si los legisladores nacionales votados por el pueblo de Entre Ríos, siempre listos para fotografiarse envueltos en ponchos federales, ensayarán una protesta de tierra adentro, un gritito interior o una montonerita de morondanga al menos para disimular.
Las cosas cambian.
Antes gobernaba Macri y ahora Alberto Fernández.
Antes el centralismo era malo y ahora es delicioso.
Que hay que ser duro con los otros pero disciplinado con los propios.
Que el problema no son los porteños sino los provincianos que se aporteñan.
Que lo injusto no es tan injusto si soy yo el que capitaliza la injusticia.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS
