Por Coni Cherep (*)

Estas fechas suelen ser aprovechadas por casi todos los protagonistas de la vida pública, para enviar emotivas tarjetas indiscriminadamente a todos los comunicadores, con fotografías de Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano o Gabriel García Márquez y frases de ellos mismos o citas de la Gaceta de Mariano Moreno, asociando la labor del periodismo con nuestro origen revolucionario. Lo curioso es que el periodismo, si no se ejerce con una mínima cuota de honestidad, se convierte en el socio imprescindible de todas y cada una de las acciones públicas que degradan la vida institucional. El periodismo es lo que debe ser, o es el mejor de los refugios para los abusos de poder y sus consecuentes impunidades. A 20 años del caso Storni, el periodismo santafesino vive su peor rémora.

Invierno de 2002. Segundo gobierno de Reutemann, fin del Stornismo.

LT10 me había dado mi primera oportunidad como conductor de radio. En el espacio que conducía, De Radio Somos, la entonces novata Luciana Trinchieri consigue un testimonio determinante del Cura Párroco José Guntern. Allí se acababa una etapa en Santa Fe. Ella decide hacer públicas las declaraciones. Guntern confirma que Storni había abusado sexualmente de un seminarista. Monseñor Edgardo Storni reacciona secuestrando a Guntern y le ordena por la fuerza que firme un acta de retractación. A las pocas horas, el arzobispo viaja a Roma con la carta que hizo firmar por la fuerza al párroco y no vuelve nunca más: la acción de una periodista y de un grupo de personas que la rodeamos para que pudiera ejercer su labor sin presiones, provocó un sismo. Se caía un régimen de silencios e imposiciones sobre el periodismo santafesino, que, hasta entonces, pedía permiso para hablar o no de ciertos temas. Todos sabíamos que Storni decidía sobre funcionarios de educación, justicia y salud en los gobiernos peronistas de turno. Pero, sobre todo, sobre los asuntos a los que estábamos autorizados a hablar los santafesinos. O, mejor dicho: sobre lo que los periodistas podíamos o no decir, si queríamos mantener nuestros trabajos.

Se caía un régimen que impedía hablar de los negocios de los senadores nacionales, como Jorge Massat. De los abusos sexuales, de los negocios de las privatizaciones, de los crímenes de empresarios en pleno centro de la ciudad, del intento de privatización de la EPE, de los monumentales negociados que hacía la policía de Santa Fe y «las cajas» que se reservaban para los ministros a cargo de la Seguridad. De los inexplicables enriquecimientos de los funcionarios, de la organización casi familiar del Poder Judicial, y especialmente, de los enormes negocios privados que se generaban desde la órbita pública. En especial, la que produjo el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe.

Con Storni se cayó aquello y los periodistas de Santa Fe, en especial los que recién empezábamos, vivimos aquella experiencia como fundante de una etapa; La de la libertad casi sin límites. Así trabajamos desde entonces, e hicimos historia con temas que no resultan sencillos de explicar hoy. Después vino la inundación y nuestra tarea fue fundamental para marcar para siempre las responsabilidades de aquella tragedia que mató de manera indirecta a más de 100 personas, y que quebró para siempre la vida de dos centenares de miles de santafesinos.

Ni Storni ni Reutemann pudieron volver a gobernar en Santa Fe. Ni sus poderes en las sombras alcanzaron para detener un proceso que, visto a la distancia, se pareció mucho a la primavera democrática de los santafesinos.

Vinieron la última gestión de Obeid, la de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Con todos, hubo motivos para hablar y cuestionar las acciones de gobierno. En todas las gestiones hubo asuntos públicos que quemaron, y a nadie se le ocurría que no se podía hablar de eso.

Podíamos y así debe ser, tener posiciones diferentes sobre los hechos. Miradas más o menos cercanas a las gestiones de turno, pero se hablaba. Y se debatía. Y se pedían explicaciones. Y los gobernadores se sometían a los cuestionarios de los periodistas sin temor a recibir represalias posteriores. Los funcionarios, seguramente, se enojaban con los jefes de redacción y con los dueños de los medios. Pero nadie dijo nunca que pidieran su cabeza por haber hablado de nada.

Y no fueron asuntos livianos: En la gestión de Obeid vino la Masacre de Coronda que enfrentó a Santafesinos con Rosarinos. 14 muertos. A nadie se le ocurrió que de eso no se podía hablar.

En las gestiones de Binner y Bonfatti, se profundizaron los hechos de violencia que nacieron del Narcotráfico, y a nadie se le ocurría no hablar de aquello. Cuando se produjo la detención del jefe de la Policía de la Provincia, Hugo Tognoli, surgieron afirmaciones de todo tipo. Se hablaba en todos los medios, sin que a nadie se le ocurriera decir que » de eso no se puede hablar». Con la asunción de Lifschitz llegaron los prófugos Lanata y Squilachi a la Costa. Y el periodismo cumplió con sus tareas sin que mediaran permisos para que se hablara de eso. Durante la última gestión socialista se ventilaron ilegalmente escuchas privadas del ministro Pullaro, o se lo acusó falsamente y desde medios nacionales al hermano de Hermes Binner de haber participado de una compra de bebés.

Todos los temas que ocurrieron fueron abordados por el periodismo. Bien o mal, con mayor o menor rigurosidad, con más o menos solvencia. Pero se abordaban. Y ante la primera duda sobre asuntos públicos, los funcionarios daban explicaciones. Y si no las daban, caían en desgracia.

El periodismo ocupó en esos años, un lugar pleno. En los que se consolidaron, entre otras cosas, las organizaciones gremiales y se exigieron mejores condiciones laborales para quienes ejercemos esta función.

Invierno de 2022, segunda parte del gobierno de Omar Perotti

En 2019, volvió a gobernar el peronismo en Santa Fe. Con el gobernador, protagonista indispensable de uno de los desfalcos más grandes de la historia del Estado provincial, el vaciamiento y la privatización del Banco Provincial de Santa Fe en 1995, retornaron al gobierno algunos personajes que estaban directamente ligados a los años que antecedieron a la caída de Storni. Los casos más notables son los de Adriana Cantero, ministra de Educación, privatista confesional y el de Walter Agosto, partícipe en segunda línea de la privatización del Banco, y austero administrador de fondos públicos, a costa de achicar los salarios públicos.

Con ellos, aterrizó un «progresista» administrador de la Seguridad Pública: Marcelo Saín. Saín ya estaba en Santa Fe, cumpliendo tareas – por concurso público- en la Jefatura de Investigación del MPA. Saín, que hoy está imputado con pruebas contundentes por haber intentado estafar a la provincia por un monto cercano a los 17 millones de dólares, también instaló desde el Estado, una maquinaria de espionaje y persecución para todos aquellos periodistas o medios que «lo molestaban». Fuimos testigos de operaciones montadas por el ministro para tumbar al jefe de la Policía, pero casi todos se callaron.

La misma orden que le permitió al ministro acusar de «adictos» o «financiados por los narcos» a algunos periodistas. Y los gremios de prensa, que ya no reclaman por ninguna condición laboral, de ningún trabajador ni exigen libertades de prensa en las redacciones, se limitaron a pedirle «prudencia» al ministro, mientras otros colegas prefirieron celebrar con carcajadas, las ocurrencias dialécticas del verborrágico ministro.

El propio Saín montó junto a dos fiscales una «mega causa» contra el senador Armando Traferri, acusándolo de administrar el juego ilegal en la provincia. No sólo nunca probaron tales acusaciones con algún elemento irrefutable, sino que se dedicaron a «comprar» voluntades de presos para que declararan en contra del Legislador. De eso hablaron todos, claro. Era una orden del gobierno.

Y mientras eso ocurría, el gobernador privatizaba por decreto el «juego on line» a dos empresas privadas y con la excepción de algún diputado, nadie dijo nada. Curiosamente, Traferri era lobista del empresario Luis Peiti, que precisamente quería explotar ese negocio. De eso, nadie dijo nada.

La provincia desató un ajuste sobre los empleados públicos, especialmente sobre los docentes. Y los gremios funcionaron como socios. Los docentes que se opusieron al proceso no tuvieron cobertura periodística. De eso no se habló, ni se habla. Hoy, por ejemplo, ningún medio con pauta oficial o apoyo publicitario de AMSAFE PROVINCIAL, le hace notas al candidato opositor, Gustavo Terés.

El plan Conectar Santa Fe, es un negocio de extensión de fibra óptica por toda la provincia. Un endeudamiento innecesario, que rehace muchos kilómetros que ya están hechos de tendido de red y que viene a competir de manera desleal, en muchos casos, con las empresas privadas de cable e internet de todas las localidades de la Provincia. El principal «jugador» de este plan, es casualmente rafaelino. Y aunque nadie lo diga, es el candidato para quedarse con la mayor parte del negocio en la licitación. La empresa, todo el mundo lo dice en voz baja, es sospechada de ser propiedad del gobernador. De hecho, uno de sus ministros, Marcos Corach, fue su gerente durante años. Pero de eso, nadie habla.

Otro grupo rafaelino, en este caso de Salud- el Grupo Tita- fue favorecido groseramente respecto a los grupos de Santa Fe y Rosario, con las prestaciones de la Obra Social provincial, IAPOS. Millones y millones de pesos fueron dirigidos desde el Estado en beneficio de ese grupo, en algunos casos en sociedad con algunos gremios estatales como ATE, aprovechándose de circunstancias excepcionales como la Pandemia, para beneficiar al grupo. De eso, no se habló, a pesar de que algunos documentamos las denuncias y los empresarios perjudicados expresaron sus quejas. Pero no se habló.

De la misma manera se hicieron denuncias por sobreprecios en compras de autos, motos, drones y equipamientos que fueron escalando en sede judicial, pero que para la inmensa mayoría del periodismo pasaron desapercibidas. Es insólito que los asuntos públicos tengan mayor avance en sede judicial, que en el motor que implica el periodismo para la difusión de las mismas. En la Santa Fe actual, sucede.

Festival de vacunaciones VIPS, abusos de poder en los hospitales públicos, intervenciones groseras por malversación de fondos públicos en los hospitales- como el de Reconquista- que apenas valieron cuadritos pequeños en algunos medios regionales y silencios absolutos en los principales medios de la provincia.

Despidos injustificados, destitularizaciones de docentes, suspensiones de titularizaciones y traslados, prolongación de las precariedades laborales desde el Estado para enfermeros en la post pandemia. Utilización de empresas privadas con gremios detrás- ¿Sur Salud?- como mecanismos para el ingreso a planta de empleados públicos. Elecciones tramposas en los Concejos de los Hospitales, con protagonismos de punteros y amigas del propio gobernador que se pasan las normas por el forro. Y el silencio de todos, como si no ocurriera.

El gobernador se «fuga» 15 días de la provincia a Europa, sin dar explicaciones de sus destinos antes de ir a firmar un acuerdo en Kuwait. Antes de irse, se duplica los fondos para viáticos. Se va sin periodistas, sin nadie que examine sus labores, y a quienes lo objetamos, le responden que lo hacen por austeros. Pero nadie dice nada, nadie le reprocha la ausencia durante trece días, en los que la sangre corre como nunca en las calles de Rosario y Santa Fe.

Nadie le pregunta a Lagna por la permanencia de la Jefa de la Policía.

Se suicidan 13 policías en dos meses, y en 11 de esos casos lo hacen con las armas reglamentarias, y en 7 de esos 11 casos, lo hacen habiendo vuelto obligados a cumplir tareas efectivas, interrumpiendo sus licencias por salud mental. Y nadie, nadie, se ocupa de preguntarle al ministro por eso. Y nadie, absolutamente nadie, lo toma al tema como un asunto urgente.

Un estropicio tras otro, un negocio tras otro, una arbitrariedad tras otra. Un desastre tras otro. Y el periodismo, a diferencia de hace 20 años, cuando decidimos que el silencio no podía ser nunca más una orden en el ejercicio de nuestras tareas, vuelve a convertirse en una tarea que sólo habla de lo que le autorizan hablar.

20 años después del Caso Storni, un 7 de junio, toca reflexionar sobre nuestra función social y sobre nuestras obligaciones frente a la sociedad.

Las comodidades económicas, los miedos a perder el trabajo o a no poder pagar los sueldos a fin de mes, son de nuevo, mucho más importantes que la verdad. Igual que en los tiempos de Storni.

El periodismo santafesino, los grandes medios que los nuclean, los gremios de prensa, y el miedo, nos devolvieron a aquella sociedad medieval en la que los obispos ordenaban nuestra agenda.

Ahora la redactan dos o tres comunicadores con dificultades para manejar el idioma español adecuadamente, que lanzan publinotas en los grandes diarios. Los medios ni siquiera se toman el trabajo de cambiar los títulos de esas notas, al punto de que todos repiten la misma noticia, con la misma foto y el mismo texto, el mismo día, en todos los medios de la provincia. Una evidencia de la obligación.

Este 7 de junio es uno de los más tristes días del periodista que recuerdo celebrar. De nada valen las frases heroicas de Moreno, Galeano o Pullitzer, si no somos capaces de denunciar lo que ocurre a la vuelta de casa, en las cajas de nuestro propio estado, en nuestras propias narices y con miles y miles de victimas que no tienen por donde expresar sus impotencias y sus reclamos de justicia.

Como en 2002, el año que viene este gobierno se irá. Y es probable que las condiciones de trabajo cambien para los periodistas.

Entonces, algunos volverán a ocuparse de lo que se tienen que ocupar. Pero será difícil olvidar este «interregno» de silencios y complicidades.

Porque, claro, no quiero dejar de decirlo: Cuando los periodistas nos desentendemos de lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro trabajo no sirve para nada. Tengamos el discurso que tengamos, levantemos las banderas que levantemos, nos identifiquemos con los héroes que nos identifiquemos.

Nuestra única obligación es contar lo que pasa en nuestra aldea. Hay cosas tan graves que no se pueden dejar de decir. Y cuando elegimos callarnos, aunque el silencio sea impuesto, estamos siendo cómplices.

Y este 7 de junio, creo que, al menos en Santa Fe, los periodistas deberíamos celebrar el «día de la complicidad» y darles descanso a Walsh y compañía. Mejor una foto del mandatario, o del propio Storni. Finalmente, elegimos volver a esos tiempos.

(*) Publicado en conicherep.com