Por Nahuel Maciel

El juez Federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó que nadie es responsable de los incendios que se vienen sucediendo en el delta del río Paraná, principalmente en zona de influencia de Victoria.

Para el juez nadie es responsable ni siquiera de manera dolosa ni culposa e incluso tampoco hubo negligencia por parte de los supuestos “propietarios” de esos predios.

Así, de un plumazo y con escasas medidas previas -salvo el ver pasar el inexorable paso del tiempo- el juez Alonso sobreseyó a 43 imputados en el 2020 por los incendios en las islas del Delta del Paraná. Es oportuno recodar que inicialmente fueron 58 imputados, pero 14 fallecieron durante el proceso judicial.

Al juez Alonso se le quemaron las leyes, porque ni siquiera consideró que lo que se incendió no fueron tierras privadas, sino bienes ambientales de interés general. Salvo (y así debe ser, seguramente) que para este juez Federal el ambiente no es un bien común sino un privilegio privado.

Imaginemos que no tuvo frente de sí pruebas claras para imputar estos hechos de manera dolosa (que hubo intencionalidad). Imaginemos que tampoco pudo el juez configurar una conducta culposa (sus supuestos autores no tuvieron la intención de producir un daño concreto). Pero, ni siquiera consideró que pudo haber una actitud negligente -o cómplice- sobre el daño a un bien común como es el ambiente.

Imaginemos esta misma cuestión con el siguiente razonamiento: alguien es propietario de un campo. En ese campo hay una pista clandestina de aterrizaje de aviones que se utiliza para el narcotráfico. Ese propietario no denuncia ni hace nada; total a él no le importa. Para el juez Alonso, quedaría absuelto de toda responsabilidad.

Seguramente, el Ministerio Público Fiscal apelará esa decisión: justamente para que la impunidad no sea la constante en estos temas.

Y otro aspecto vinculante: quienes deben operar en la zona -Policía y demás funcionarios- suelen aclarar que no cuentan con los elementos suficientes. Sería interesante que alguna vez el Poder Ejecutivo aporte los elementos necesarios para que la defensa del interés general (como es el ambiente) sea una realidad concreta y no una mera declamación sin destino.