Por M.A.M.
Desde la primera Constitución de Entre Ríos en 1933 hasta 1973, los empleados públicos y jubilados de la Provincia tenían sus coberturas sociales a través de mutuales. En 1957, por decreto ley 3.187, del gobierno de facto a cargo de la “Revolución Libertadora”, con el interventor Manuel Calderón, se creó la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos.
Las mutuales funcionan exclusivamente con el aporte de sus asociados. Para ser claro hasta el año 1957, ningún trabajador entrerriano aportaba para el beneficio de los empleados públicos.
El 18 mayo de1973 y bajo la gobernación militar a cargo del brigadier Ricardo Favre se sanciona la ley 5.326 de creación del IOSPER. Para que se entienda: desde 1957, y por decisión de gobiernos antidemocráticos, el 70 % de la población entrerriana aporta para la cobertura social de los empleados públicos sin recibir ningún beneficio.
Los recursos del IOSPER se componen de los Aportes del Tesoro Provincial, o sea de los impuestos de “todos los entrerrianos” y las contribuciones de los propios empleados y jubilados públicos provinciales. Hoy la Provincia, a través de la restitución del 2% que le había quitado Mario Moine y que Gustavo Bordet le devolvió, aporta el 6% y los empleados el 3% de la masa bruta salarial. Pasado a números de abril 2025, esto significa que el IOSPER recibe 23.000 millones mensuales de los cuales 15.500 o sea el 67 % aportan todos los entrerrianos y solo el 33 % aportan los empleados y jubilados beneficiarios.
En cualquier actividad comercio, industria, agro, construcción, servicios el empleador aporta a la obra social que elija el empleado, pero no le pide al vecino que aporte. O sea, cuando un comerciante o industrial le va mal igual debe seguir aportando y generalmente se endeuda en función de mantener a sus empleados.
A la inversa en el caso del IOSPER, todos estamos obligados a aportar sin ningún beneficio y si la Provincia es deficitaria o la obra social es mal manejada, todos nos endeudamos.
Como primera conclusión es que el IOSPER es un instrumento creado por gobiernos de facto, que no es solidario, es coercitivo sobre los ciudadanos comunes para beneficios de unos pocos y que los empleados y jubilados no son los dueños porque solo aportan el 33%, o sea son minoría.
En escala los entrerrianos le damos al IOSPER, 20 escuelas o 260 viviendas. Pero el fondo de la cuestión es por qué hay tanto conflicto con esto. ¿Una fábrica o un comercio se pararía si hay cambios en la obra social de sus empleados? La respuesta es No, porque es un problema privado del empleado que elige su obra social. Imagine que usted llegara a un sanatorio y le dijeran que no atenderán a su hijo enfermo porque la obra social de los enfermeros está en crisis. Sería un escándalo. Sin embargo, los chicos entrerrianos de escuelas públicas no tienen clases, porque los maestros tienen problemas con su obra social. ¿Hablamos de solidaridad o de casta? ¿Porque el hijo de un trabajador no tiene clase cuando aporta a través de sus impuestos el 67% de la obra social del maestro que hace paro?
La dirigencia de Agmer a nivel provincial debería preguntarse cómo se repartían los 16 millones pesos que su representante cobraba mensualmente en el directorio de IOSPER, pero no había plata para la prótesis del hijo de la maestra de Cerrito.
¿Por qué los 7 directores sindicales, nunca se percataron que en Paraná están los 2 laboratorios más grande de la región, como son Eriochem y Lafedar, que producen medicamentos a bajo costo, e inclusive venden directo a gobiernos provinciales?
Un medicamento oncológico, que sale de laboratorio en Paraná a 20.000 pesos, IOSPER lo paga entre 150 y 200.000 pesos. La pregunta seria quien de los 7 directores sindicales se quedaba con la diferencia en desmedro de la obra social, los afiliados, y el 67% de los ciudadanos que aportan para beneficio o corrupción de unos pocos.
Hoy se habla de privatización de la obra social, cuando claramente siempre fue un negocio privado sindical, de los colegios médicos, farmacéuticos y prestadores de servicios. La obra social más grande la provincia fue, es y será un negocio comercial, y esto está bien. Lo que está mal es el “negociado publico privado”.
En los pasillos se habla que detrás de este cambio hay intereses de un gran laboratorio y la mayor droguería nacional. Si esto sirviera para bajar costos y mejorar las prestaciones será bienvenido, pero si solo es un cambio de interlocutores el problema será creciente.
En definitiva, los que no forman parte de la casta publica, o sea el trabajador común, ven esto como un circo de intereses con mucha cobertura periodística.
IOSPER es una figura nace de golpes militares y muere de golpes sindicales. La sociedad, el hombre común, ya aprendió por sufrimiento el peso de las botas y quiere creer que la democracia puede poner un equilibrio social. Ojalá no lo defrauden.