Directores y funcionarios del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se reunieron este miércoles con integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, para dialogar sobre las prestaciones y proyecciones de la institución.

“En el marco del diálogo permanente con sindicatos y organizaciones de trabajadores que representan a empleados públicos afiliados a la Obra Social”, el presidente del Directorio Obrero de Iosper, Fernando Cañete, realizó un repaso de la gestión y escuchó las preocupaciones de funcionarios y magistrados trasmitidos por la presidenta de la Asociación, Gabriela López Arango.

En ese sentido, Cañete contó cómo fue la negociación con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer): “Buscamos constantemente canales de diálogos con los médicos nucleados en Femer y realizamos un fuerte esfuerzo para aumentar las órdenes y prestaciones, dentro de la responsabilidad y el equilibrio presupuestario”, subrayó. En ese sentido, detalló la discusión y las propuestas que se elevaron y resaltó el acuerdo de aumento (en tres etapas que se pactó) más la comisión que se constituyó para revisar los nomencladores.

Además, indicó “la cobertura de medicamentos, la incorporación de nuevas prestaciones y convenios, el plan de medicamentos, las prestaciones que se brindaron en 2020, cómo se concentran los recursos y cómo funciona el fondo voluntario”, según se informó en un comunicado.

Al respecto, Cañete desmitificó que Iosper "está quebrado", ya que destacó que “los números son más que esclarecedores”, pero aclaró que desde 2015 “el Directorio de la Obra Social viene alertando y advirtiendo sobre el riesgo que corre el sistema de salud”, y dijo: “Las altas tecnologías que se incorporan, la medicación monoclonal, importada y de altísimo costo, las leyes especiales con coberturas del 100 por ciento a cargo de las obras sociales provinciales dictadas sin el correspondiente financiamiento adicional y adecuado, ni derecho a recurrir al Sistema Único de Reintegros como si lo hacen las obras sociales nacionales y sindicales para recuperar lo invertido por estos conceptos, ponen en jaque las finanzas y estructuras de los financiadores de salud”.