Las 5.000 hectáreas que fueron propiedad de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) en Mazaruca formaron parte del saqueo y la entrega que realizó el menemismo a principios de los 90. El empresario Victorio Gualtieri adquirió ese terreno estratégico a un precio vil, inferior a un millón de pesos.

Como en todo el proceso privatizador, el privado contó con la mano de obra de la burocracia sindical que obró como fuerza de choque. En este caso, Félix Abelardo Pacayut que llegó a mandar a incendiar las propiedades de quienes se oponían a la privatización.

Dentro de esas 5.000 hectáreas, hay unas 172 que quedaron en manos del Estado Nacional y que fue cedida en 1999 al Estado provincial. Allí supieron vivir casi 100 familias de extrabajadores de YCF, de las cuales hoy quedan alrededor de 35.

La regularización de ese terreno debió hacerse por las autoridades del IAPV, pero hasta el momento no ha ocurrido. Los habitantes, viven en sus casas pero no son propietarios de las mismas ya que sólo tienen contratos de comodato.

Dentro de esas 172 hectáreas, hay una serie de edificios donde YCF tenía su pleno funcionamiento: aserradero, talleres, carpinterías, depósitos, oficinas de administración, residencias para funcionarios de la empresa, proveduría, etc. Allí, el Estado provincial debía montar una escuela agrotécnica, un destacamento policial y un centro de salud.

Sin embargo, ante la inacción de tantos años del IAPV, esos inmuebles son ocupados de manera irregular por la propia empresa de Gualtieri, a pesar de que le pertenecen a la provincia.

En 2002, gracias a la intervención del entonces fiscal Anticorrupción Oscar Rovira que denunció a Pacayut, se logró demostrar las maniobras delictivas que posteriormente terminaron en su condena.

Como parte de esa investigación, se descubrió que Pacayut había fraguado documentación para quedarse con una de las propiedades que eran de YCF. La misma fue decomisada por el Estado que tomó posesión en 2018.

Sin embargo, Gualtieri tuvo más suerte ya que hasta el momento nadie le fue a poner límites al uso que está haciendo de los inmuebles que le pertenecen a la provincia. Lo que compró Gualtieri fueron las 5.000 hectáreas pero no las 172 de las que también está haciendo uso.

Hubo intentos para que el Estado recupere esos inmuebles, que sean cedidos al Municipio y que se destinen a la comunidad. Sin embargo, el entonces gobernador Sergio Urribarri desoyó las propuestas.

También hubo quien en casa gris pensó en que el Estado Nacional declare nula la venta por ser a precio vil y contraproducente a los intereses del Estado, pero ninguna de las gestiones quiso tomar la decisión.

En junio de este año, gracias al accionar de algunos vecinos de Mazaruca que quieren recuperar para el pueblo lo que es del pueblo, se volvió por las sendas del reclamo.

Tal es así que el mismo llegó a la diputada provincial Sara Foletto, quien realizó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en junio del 2021, pero hasta el momento el Poder Ejecutivo no respondió ante el pedido de la legisladora opositora.

Gualtieri hace un uso ganadero de los campos de Mazaruca. Para eso, inició una construcción de terraplenes que afectan el ambiente de la zona ya que es territorio de humedales. Todo sin ningún estudio de impacto ambiental.

Mientras tanto, el empresario que fue apuntado como “El Yabrán de Duhalde”, que compró a precio vil un territorio estratégico para la provincia, sigue haciendo lo que quiere en el sur entrerriano.

“El IAPV tiene que plantarse y terminar con la discusión”

El fiscal de Estado, Rodríguez Signes, habló con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) al respecto de este conflicto y recordó: “Mazaruca es un inmueble de aproximadamente 5.000 hectáreas, que originalmente era una propiedad privada donde funcionó una arrocera, por lo que ya tenemos un antecedente de producción de arroz en el sur entrerriano y no en el norte, como se hace actualmente. Posteriormente ese predio fue expropiado en el gobierno del general Perón, con destino a Yacimientos Carboníferos Fiscales, para hacer todo el material para apuntalar las minas de Río Turbio. En el año 1992, 1993, esos inmuebles se declaran prescindibles por el Estado Nacional, se lo transfieren a la ONABE, y el Estado Nacional los vende. Vende las poco menos de 5.000 hectáreas y la compra la empresa Del Tagro, que es propiedad de los hermanos Gualtieri. Pero no vende todo el predio, sino que hay una parte de un poco más de 200 hectáreas que se preservan, es decir, quedan en poder de la ONABE que hace un contrato de tenencia precaria a favor de la provincia para que desarrolle ahí un plan de regularización para la gente que vivía en el Paraje Mazaruca, y vive. Y para destinarlo también a una escuela agrotécnica, a un destacamento de Vialidad, y algunas otras oficinas y organismos del Estado provincial. Estaba en cabeza del IAPV concretar ese convenio hasta finalmente celebrar la tenencia definitiva, una parte a favor de la provincia y otra a favor de os habitantes.

Consultado acerca de si la empresa que adquirió la mayor parte de esas tierras, tiene derecho de hacer uso de las que fueron destinadas al Estado provincial, como vecinos vienen denunciando, Rodríguez Signes aclaró: “No, está muy claro de que la empresa compró la superficie, menos estos tres lotes que competan las 200 hectáreas. Es posible que haya alguna disputa en función de las mensuras, porque esos lotes había que mensurarlos y escriturarlos a favor de la provincia, y de los ocupantes. Entonces es posible que en la práctica y en el terreno haya disputa y haya ocupaciones irregulares. Es más, yo fui personalmente a tomar posesión una vez, hace más de tres años, del inmueble que ocupó Abelardo Pacayut en aquella causa, y yo ya vi ahí que había una disputa entre habitantes del inmueble, y la gente del Tagro. Pero está en cabeza del IAPV plantarse y terminar con esa discusión, asignando cada lote para el fin que está puesto en el convenio que la provincia hizo con el ONAVE”.

¿Quién es Victorio Gualtieri?

- En 1970 intervino en los emprendimientos familiares dedicados a lo agropecuario en provincia de Buenos Aires.

- En 1989 funda la empresa constructora Sabavisa S.A.

- La empresa logró de manera sorpresiva un gran crecimiento con obras y créditos del gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando estuvo al frente Eduardo Duhalde. Además, fue una de las principales contratistas en La Pampa, San Luis y Entre Ríos.

- A mediados de los 90, la empresa llegó a tener contratos de 1.600 millones de dólares/pesos, facturando 28 millones mensuales. El capital inicial de la empresa había sido de 12.000.

- En 1996, Gualtieri como parte del grupo ASTRA (petrolera) se quedó con la empresa pública de energía de la provincia (EPEER).

- El patrimonio de Gualtieri pasó de 3.000.000 en 1992 a 196.000.000 en 1998 por los negocios con el duhaldismo. Dentro de ese patrimonio, Gualtieri se quedó con extensas tierras del sur entrerriano en zona de Gualeguay e Islas.

- En el 2000 le revocan un contrato por no cumplir con la construcción de un acueducto en La Pampa y se inició una causa por el hallazgo de explosivos y detonadores abandonados en el río Colorado.

- En San Luis lo acusaron de haber construido un dique a un costo 120% superior al valor presupuestado.

- En febrero del 2001 su empresa debía 400 millones de pesos y entró en quiebra.

- En septiembre del 2002 recibió cinco cheques del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de 336 mil pesos y 82 mil patacones destinados al saneamiento del río Reconquista.

- En junio del 2003 fue detenido por el contrabando de explosivos cuando quería subirse a un avión hacia Uruguay. Estuvo 5 días preso y fue liberado tras pagar una fianza de $50.000

- En 2004 la fiscalía de Mar del Plata pidió 4 años de prisión para Gualtieri por un fraude millonario al Estado que alcanzó 4 millones y medio de pesos por inversiones que nunca realizó. En 2014 se lo condenó a 2 años.

- En diciembre del 2006 fue procesado por estafa especial por retención indebida y fraude a la administración pública.

- En 2006 también fue apuntado por quedarse con tierras que le pertenecían a comunidades originarias en Chaco. Se trató de 9.000 hectáreas y pagó $45 por cada una.

- Se lo vinculó a unas 17 empresas que se dedicaron a temas agrícolas, forestales, construcción, cableoperadores y telecomunicaciones. Muchas de esas con negocios en nuestra provincia.

- En 2016 se conoció la intención de instalar una fábrica de energía a través de biomasa en Puerto Ruíz, Gualeguay. Por parte de una empresa ligada a Gualtieri. Para hacerlo, el empresario contó con el aval del intendente Bodgan, el gobernador Bordet y el entonces ministro Frigerio.

- En enero del 2021, la empresa Sabavisa se hizo cargo del 50% de obras hídricas en el río Salado, asignada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

- También durante este 2021, la empresa se hizo cargo del reacondicionamiento del Canal San Antonio – Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe.