El Poder Ejecutivo envió esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que “pretende establecer un régimen general para las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos en la provincia de Entre Ríos”. El texto, de 20 artículos, deberá ser debatido ahora por la Legislatura.
Explica en los fundamentos que “la ausencia de una normativa específica y unificada en esta materia ha generado hasta nuestros días, cierta incertidumbre jurídica y limitaciones en la capacidad del Estado Provincial para impulsar proyectos de infraestructura y servicios esenciales que demandan la participación del sector privado”.
Menciona antecedentes legislativos e indica cuales son los tipos y modalidades para la ejecución de obra pública, lo que se puede dar bajo distintas modalidades y trae al presente los alcances de la ley provincial 8.915 por la que se declaró sujeta a privatización, a través de la figura de concesión, las actividades a cargo de la Empresa Provincial de la Energía de Entre Ríos, que en los años noventa pasó a mano de privados.
Apunta con la propuesta a terminar con “las falencias, dispersión e incertidumbre jurídica hoy existente, deben ser subsanadas y, para ese cometido, el proyecto de ley que se eleva a vuestra consideración, se erige como una herramienta fundamental, brindando un marco legal claro, transparente y moderno, destinado a regular de manera integral los procesos de concesión, garantizando la seguridad jurídica para todos los actores involucrados y promoviendo la inversión y el desarrollo en nuestra provincia”.
Contó entre los antecedentes un proyecto que en el año 2001 presentara el doctor Jorge Campos, que era el Senador del Departamento Paraná y falleció recientemente.
Añade que el proyecto aborda exhaustivamente todos los aspectos relevantes del régimen de concesiones, precisando que alcanza las concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos de la Provincia, designando al Poder Ejecutivo como autoridad concedente, o como autorizante en el caso de obras y servicios de los entes descentralizados y autárquicos.
Se trata de la concreción en un proyecto de una posibilidad que en numerosas oportunidades esbozó el gobernador Rogelio Frigerio, quien había expresado que oportunamente pidió al Estado Nacional que le traspasara algunas de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.
En cuanto a quienes se podrían hacer cargo señala como potenciales concesionarios a sociedades privadas, mixtas, empresas públicas, privadas y privadas con participación estatal, uniones transitorias y entes públicos. También comparte la inclusión de municipios y comunas para fomentar la cooperación intermunicipal.
Todo junto a la posibilidad que la provincia sea concesionaria, en relación a rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, o que sub concesione las mismas a favor de terceros, previendo para tal cometido, la celebración de convenios.
De aprobarse la iniciativa las concesiones podrían ser a plazo fijo o variable; totales o parciales, sobre obras nuevas o existentes, con fines de ejecución, conservación, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento, contemplando la remuneración mediante tarifas, peajes u otras formas. Asimismo, se discriminan las concesiones a título oneroso, gratuitas o subvencionadas por el Estado, siempre con criterios de rentabilidad y justificación económica, buscando equilibrar el costo para el usuario con la viabilidad del proyecto.
Resalta el Ejecutivo que se enmarca dentro de la manda constitucional y garantiza transparencia, como así también libre competencia.
“Se incorpora la figura de la iniciativa privada, recientemente reglamentada por este Poder Ejecutivo, la cual constituye un mecanismo esencial para promover la creatividad y la innovación del sector privado en la presentación de proyectos de interés público, sujetas a un riguroso proceso de evaluación y licitación posterior”, sostiene en los fundamentos.
Se ocupa el articulado de las formas de financiamiento, las que deberían ser autorizadas y suma para sostener el proyecto que su aprobación “despliega un abanico de posibilidades para fortalecer proyectos que necesitan recursos, en aras a garantizar las obras y servicios públicos que necesitan los entrerrianos”.
También se prevén beneficios impositivos temporales para los inversores, todo para fomentar la inversión y mejorar la competitividad de los proyectos.
Con la iniciativa que intenta “llenar el vacío normativo existente”, propiciando un marco legal sólido y predecible, con reglas claras para la celebración, ejecución y extinción de los contratos, buscando la confianza del sector privado, habilitando una forma de invertir en Entre Ríos.
Permitiría la aprobación “impulso significativo a la modernización y expansión de la infraestructura y los servicios públicos, la ejecución de proyectos viales, de saneamiento, energéticos, y otros que son vitales para el progreso de la provincia y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”.
