Por Néstor Banega

Especial para ANÁLISIS

El periodismo está en la mira. No es novedoso, ha pasado y pasará (con mayor velocidad ahora). A lo largo del tiempo la profesión siempre se caracterizó por incomodar al poder. Es su esencia.

Las tensiones, entonces, han de continuar, sobre todo en este tiempo en que abundan los discursos de odio. Un cambio de época que también promueve tirantez hacia el interior de la profesión.

Aparecen posturas e imposturas, por lo que cada día del periodista es una oportunidad para renovar el compromiso con una actividad central en el sostenimiento de la democracia, atada a la libertad de expresión que es (nunca lo olvidemos), un derecho humano fundamental.

Por esa cuestión no es casual que la Constitución Nacional, la Provincial o los tratados internacionales, se ocupen de sostener su importancia para la convivencia social.

En Entre Ríos la libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a sus habitantes. “En ningún caso pueden dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla de manera alguna”, indica en su articulado y es muy bueno traerlo a las conversaciones.

Son tiempos para acostumbrarse al principio de máxima divulgación. Las acciones de un gobierno, en todos sus niveles, deben ser ampliamente conocidas, para poder analizarlas críticamente y el periodismo trabaja para que la ciudadanía pueda contar, cada día, con elementos para alcanzar sus conclusiones.

Diferentes miradas, posibilidad de profundizar, acercar detalles que pocos suelen mirar, investigaciones que revelan las bondades o defecciones en el ejercicio de un mandato, ofrece el periodismo.

Por eso los tiranos o quienes aspiran a serlo, naturalmente chocan con la actividad y la atacan. Es para tener en cuenta, porque los hechos ameritan siempre una interpretación.

Algunos querrían que no fuera así, sueñan con la uniformidad pasiva. Quieren vivir en una especie de acuerdo de esclavos. Pero hay que rechazarlo, porque significaría la aparición de un imperio de silencios.

Los dolores más grandes se hacen aún más insoportables cuando nadie los puede contar. ¿Qué es un grito que nadie puede oír? Ahogo y desesperación.

Decir por los que no pueden, es una tarea insoslayable del periodista. Esto cobra fuerza en tiempos de aporofobia. Se potencia cuando el intento es retroceder sobre conquistas sociales.

Pronunciarse contra el latrocinio y sus solapadas variantes. Enfrentar al poder se torna inevitable cada tanto.  “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada” ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con claridad.

En Entre Ríos hay que preguntarse qué hubiera pasado si el periodismo no asumía su responsabilidad de investigar al poder. Hay condenas ejemplificadoras, dolorosas en términos históricos, que interpelan a la política y a los políticos. Fue el ejercicio pleno del periodismo lo que habilitó numerosas investigaciones.

Un presente inquietante

La coyuntura no es alentadora. En nuestro país mataron un fotógrafo: José Luis Cabezas. Hubo un empresario que se molestó porque registró y mostró su rostro.

Un poderoso que consideraba al poder como impunidad. No hay que olvidarlo. Un registro contundente en el momento adecuado reconfigura el presente, echa luz e impacta en lo mediato.

Se está recuperando Pablo Grillo después de sufrir el impacto de una granada de gas lacrimógeno, lo que no debería haber ocurrido jamás. Los protocolos que debían seguir quienes lo impactaron no fueron respetados. ¿Qué hacía el fotoperiodista Grillo? Mostraba cómo se desempeñaban las fuerzas del Estado frente a un reclamo de Jubilados.

El periodismo opinó sobre un plan de inteligencia que incluía en sus objetivos persecución al periodismo. ¿Qué pasó después?  Atacaron a quien firmó la nota, que también había profundizado sobre el caso Libra, una estafa con criptomonedas que roza el accionar del Poder Ejecutivo Nacional.

En este marco se presentó hace dos días, en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, un proyecto de ley sobre protección integral de periodistas, foto reporteros / as y trabajadores de prensa. Lleva las firmas de Miguel Pichetto, Pablo Juliano, Juan Manuel López y Sergio Palazzo.

Es evidente: la coyuntura lo demanda porque no es alentadora. Además, se promueve una norma de orden público. “Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”, propone su artículo primero. 

Los legisladores quieren un “marco de protección”. Prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad de los trabajadores de prensa.

Manifiestan que en “un contexto en el que la labor periodística se ve cada vez más amenazada, se vuelve indispensable que el Estado asuma un rol activo en la protección de quienes ejercen esta función esencial”.

Observan que la actividad periodista constituye “una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática”.

Rechaza la violencia verbal contra trabajadores/as de prensa, porque generan un clima negativo que afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

Añaden al argumentar que “el fortalecimiento de la libertad de prensa es condición indispensable para la democracia y el desarrollo de una ciudadanía independiente”.

A propósito del día del periodista, ante una coyuntura cargada de intenciones, valen un par de reflexiones, buscando no olvidar la esencia de un oficio que no se debe perder.