Aunque se trata de tiempos sin certezas. La estrategia de la defensa ha sido plantear un pedido de prescripción por cada una de las víctimas que se han presentado en la Justicia. Hasta ahora, han sido cinco en total; la tramitación de los oficios de prescripción recién alcanza a los primeros tres.
La decisión se enmarca en la línea que fijó la Procuración General de la Provincia al formular el pedido de instrucción: la acción judicial apunta primordialmente en esta etapa a probar la culpabilidad de Ilarraz, y para eso todos los esfuerzos están puestos en conseguir la declaración de la mayor cantidad de víctimas. “La sospecha es que las víctimas son muchos más de las que declararon”, dijo el procurador General, Jorge Amílcar García.
Al respecto, dice que de lo que se trata es de probar “la sistematicidad” de los abusos y su sostenimiento a lo largo del tiempo en el que Ilarraz estuvo a cargos de los dos primeros años de la secundaria con internado en el Seminario Menor, entre 1985 y 1993. “No queremos desviar por ahora el objetivo de la investigación. Tenemos una larga lista de víctimas, y esperamos que el mayor número se pueda presentar”, aseguró.
El procurador General ya había afirmado planteado ese concepto en una entrevista publicada el 24 de septiembre, cuando dijo que “la investigación nuestra va hacia el abusador. El único dato que tiene que ver con la institución Iglesia es nada más que el hecho de que él estaba como prefecto de ese Seminario. Todo lo demás, a nosotros nos interesa como objetivo de la investigación. No nos interesa el eventual encubrimiento de la Iglesia, vamos por el abusador”, sostuvo.
La estrategia hecha pública en su momento por los querellantes Rodríguez Allende y Rolandelli apuntó a requerir al juez de la causa la imputación penal de Karlic y de Maulión.
La responsabilidad del cardenal nació desde el momento que en 1995, y a partir de las denuncias hechas por las víctimas, ordenó la realización de una investigación diocesana para establecer la culpabilidad de Ilarraz en los abusos denunciados.
El cura había vivido en la residencia episcopal de la Costanera Alta no bien se ordenó, en 1984, y después fue nombrado secretario privado del arzobispo Karlic. El ahora cardenal lo promovió además a director espiritual y formador en el Seminario, lo puso a cargos de las finanzas de esa casa de formación sacerdotal y además accedió al pedido para embarcar a la Iglesia en el negocio de la venta de libros. Así, nació la librería San Francisco Javier, de la que Ilarraz fue responsable, hasta 1994.
La tarea de investigar a Ilarraz recayó en el abogado sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza, quien concluyó su tarea en 1996 y escuchó testimonios de víctimas y de testigos; pero no del principal involucrado. Con esos elementos en la mano, y bajo el cargo del delito canónico de “crimine pessimo”, el modo como se catalogan los abusos en el Código de Derecho Canónico, Ilarraz fue expulsado de la diócesis, y se lo echó al destierro.
Claro que aquella investigación se llevó adelante mientras el cura permanecía en Roma, adonde había sido autorizado a viajar, en 1993, por el propio Karlic. Regresó en 1997, y escogió como nuevo destino Tucumán. Allí, el obispo de la diócesis de Concepción, Barnardo Enrique Witte, lo recibió y le otorgó la atención de una parroquia en la localidad de Monteros, adonde estuvo hasta el 7 de septiembre último, cuando fue suspendido.
Al emérito Mario Maulión se lo pretendió imputar en la causa penal por haber tomado conocimiento de esos hechos a través de una carta que un grupo de sacerdotes le presentó en septiembre de 2010. La nota fue presentada por los sacerdotes del denominado decanato III –administrativamente, la diócesis de Paraná se divide en nueve decanatos– y allí le plantearon la preocupación por “la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias, que es el caso de Justo Ilarraz, quien fuera formador del Seminario Menor a principios de la década del 90”.
La preocupación de los sacerdotes transmitida a Maulión era doble: “por el hecho de que el padre Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio sacerdotal, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica, ni haya sido convenientemente investigado y juzgado por la autoridad civil”.
Ni Karlic en su momento, ni su sucesor Maulión creyeron conveniente denunciar el caso en la Justicia, y ése era el fundamento de la querella para pedir la imputación de ambos. Ahora, claro, la estrategia tomó otro rumbo.
El juez cita a declarar al obispo José María Rossi
El juez de Instrucción Alejandro Grippo acogió favorablemente el pedido planteado por el abogado querellante Milton Urrutia, y resolvió citar para que declare como testigo el obispo de la diócesis de Concepción (Tucumán), el dominico José María Rossi.
Rossi sucedió en el gobierno de la diócesis de Concepción a Bernardo Enrique Witte, obispo entre 1992 y 2001, el primero que recibió con los brazos abiertos a Ilarraz sin importarle su pasado como abusador, según probó la propia Iglesia de Paraná. El dominico asumió como nuevo diocesano en julio de 2001 y mantuvo a Ilarraz bajo su mando.
De acuerdo a lo que contó Urrutia, durante una reunión del clero que tuvo lugar el 14 de septiembre último en el Centro Mariápolis El Salvador, se produjo un cruce de palabras entre un sacerdote asistente y el cardenal Estanislao Karlic respecto de la responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en el caso Ilarraz.
“¿Por qué nadie alertó a los obispos de Tucumán respecto de los antecedentes de Ilarraz?”, dicen que preguntó un sacerdote.
La respuesta de Karlic no se hizo esperar: “¿Me estás tratando de mentiroso? Siempre se alertó. Se le dijo a la Iglesia de Tucumán que Ilarraz había tenido un problemita, eso siempre se aclaró”, habría sido la contestación de Karlic en aquel cónclave.
Hay otra versión, que cuenta que el actual arzobispo, Juan Alberto Puiggari, habría tenido una conversación con el propio Rossi tendiente a lograr la suspensión de Ilarraz como cura. Rossi habría argumentado que no era conveniente suspenderlo por cuanto su diócesis no contaba con demasiados sacerdotes, y la pérdida de uno de ellos le supondría “un agujero” difícil de cubrir.
La idea Urrutia al citar a declarar a Rossi es tratar de constatar qué tan ciertas son esas advertencias hechas desde Paraná, y por qué hizo caso omiso, y lo mantuvo como sacerdote, a sabiendas de una investigación hecha en su contra por casos de abusos en el Seminario Menor, publicó El Diario.
