El especialista en Derecho Constitucional dijo que si se aplicara el ahora inconstitucional decreto, los ciudadanos “quedarían librados a la incertidumbre y falta de transparencia, por la mezcla de candidatos y partidos, en internas obligatorias y optativas, todas en un solo cuarto oscuro”.
Asimismo, remarcó que la declaración de la Justicia entrerriana que impugna el método impuesto para votar el 14 de agosto “es un beneficio para todos los partidos políticos”.
Así, el compañero de fórmula de Atilio Benedetti, señaló en declaraciones a Página Política que si se cumple lo que dice el decreto 1479, firmado por el gobernador Sergio Urribarri, “se daría una situación sumamente confusa”, ya que cuando el votante entre al cuarto oscuro se encontraría con “las boletas únicas nacionales, con voto obligatorio, y con boletas de precandidatos de internas provinciales de otros partidos políticos con voto optativo”. Esa situación generaría “una gran confusión y atentaría contra la transparencia del acto comicial”. Además, advirtió que “podría afectar la pureza del voto”.
Inaceptable parcialidad
Con respecto a las declaraciones de Rodríguez Signes, quien calificó la sentencia como “ridícula”, D’Agostino enfatizó: “No cumple con su función de fiscal de todos los entrerrianos, sino como abogado del gobernador, lo que lo pone en una situación de parcialidad”.
También tuvo respuesta para el funcionario, quien se sorprendió de que al planteo judicial no lo haya hecho la Unión Cívica Radical (UCR) como partido político sino una candidata. “El fiscal, que es un gran abogado, sabe que cualquier entrerriano está habilitado para reclamar la inconstitucionalidad de las normas y cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad”, subrayó, tras lo cual afirmó que la actitud asumida por Rodríguez Signes de criticar a un juez “está más cerca de un militante que de un fiscal de Estado”.
D’Agostino dijo que por eso Rodríguez Signes “no está cumpliendo con su función constitucional, ya que no se dedica a proteger las instituciones fundamentales del sistema democrático, que son los partidos políticos”. Y agregó: “Se pretende quitarle atribuciones a los partidos que les son propias por su misma naturaleza, como es el derecho a administrar sus propias elecciones internas”.
Por el contrario, si se aplicara el ahora inconstitucional decreto, los ciudadanos “quedarían librados a la incertidumbre y falta de transparencia, por la mezcla de candidatos y partidos, en internas obligatorias y optativas, todas en un solo cuarto oscuro”, remarcó.
Tribunal Electoral
Más adelante, el dirigente de Viale aclaró que el pedido presentado no pretende “hacer caer todo el decreto ni tampoco anular la elección del 14 de agosto” e hizo notar que “todavía hay tiempo de convocarla para el 21 de agosto”.
Finalmente, reclamó que “el Tribunal Electoral de la provincia, integrado por legisladores, un juez del Superior Tribunal de Justicia, de primera instancia y la presidente del Superior Tribunal, sea el que rápidamente dé tranquilidad a la ciudadanía y establezca que los comicios sean administrados por cada partido político, según sus internas, eligiendo escuelas diferentes o en caso de que no se pueda, aulas diferentes que funcionen como cuarto de sufragio diferentes para cada partido”.
