Por su geografía insular y sus cursos de agua atravesando todo e territorio, Entre Ríos es una provincia favorecida por la naturaleza. Lo que tiempo atrás era un obstáculo, un aislamiento que generaba retraso y postergación, hoy implica un potencial de desarrollo enorme para el turismo, y fundamentalmente para proveer de espacios públicos únicos a sus habitantes y visitantes.
La ribera de los ríos o cursos de agua se transformaron en los últimos años en ámbitos de encuentros, de recreación, y en todo el país las ciudades fueron avanzando en procesos de recuperación y ampliación del uso de la costa.
En Entre Ríos se ejecutaron obras costeras en distintas localidades, generando nuevos y cómodos balcones al río. Pero al mismo tiempo, amplias franjas ribereñas se mantienen alejadas de la posibilidad del uso público, sea por aducirse ser parte de una propiedad privada, por haber sido cedidas en concesión a entidades, o por cobrarse un acceso a la playa. No hay ciudad entrerriana costera exenta de tal situación.
La capital provincial tal vez sea la más postergada en la materia. Abrazada por el río Paraná en el norte y en el oeste, su población solo puede usufructuar escasos metros de la Costanera. Pero a su vez, hay un proceso de recuperación del borde costero en marcha, con la anunciada unión vial entre el Puerto y el Thompson. Así, Paraná da el paso y marca un rumbo a seguir.
En el resto de la provincia las propiedades privadas –tanto edificaciones residenciales como campos– sobre el río se diseminan, del mismo modo que las playas con aranceles, como en Villa Urquiza, Concepción del Uruguay, Concordia.
Su legalidad es eje de polémica. Ante la consulta de Uno, el abogado Homero Rondita aportó interesantes conceptos para reflexionar sobre la materia. Dijo que el “camino de la Sirga” es un concepto “antiguo y perimido”, al consolidar la propiedad privada de esos terrenos, y que el derecho público sobre la costa es “sagrado, inalienable e imprescriptible”.
Además, habló del cambio sociológico de las ciudades “que se desprendían de los ríos” y hoy los convierten en “necesarios espacios de uso público”, y condenó el cobro en las playas para acceder al río.
El Camino de la Sirga
Rondina es docente de Arquitectura Legal y Derecho Urbano en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y responsable de la carrera de posgrado de Gestión Urbana.
Según reflexionó, “el Camino de la Sirga es una definición legal de hace más de 2.000 años, que hoy no tiene significación. Sirga, en latín, significa soga, y el concepto definía el camino a la vera de los ríos y lagos navegables para trasladar o arrastrar las balsas o las mercancías, con caballos bueyes o ciervos: servía para el transporte fluvial, económico y accesible en esa época. Los propietarios ribereños eran obligados a dejar esos metros para tirar de la sirga. Vélez Sársfield la tomó como a tantas otras leyes romanas, y a mediados del siglo XIX algo de este transporte de soga se hacía. Pero en el Código Civil, en el siglo XXI cuando mandamos un robot a Marte, es una antigüedad”.
Por ese motivo cuestionó que en el proyecto del nuevo Código Civil no se incluya su modificación. “Hablar del Camino de la Sirga es también reconocer la propiedad privada y que esos dueños solo permitan el paso, como abriendo y cerrando tranqueras; en ese caso el propietario sigue siendo propietario”, explicó.
Cambio sociocultural
Para el abogado, el hecho más relevante de la sociedad es que transformó la relación de los pueblos con sus ríos. El uso de los ríos y cursos de agua se adaptó para la recreación, turismo, pesca y diversión. Los habitantes urbanos nos volvimos al río: antes las ciudades tenían idea de que debían desprenderse de los ríos con murallones; hoy los derribamos para que sea lugar de encuentro, trabajo, turismo. Paraná y Santa Fe vienen trabajando, y nos encontramos con esta rémora de los propietarios que extienden sus lotes y campos hasta la vera del río o lago, lo cual sin o con sirga nunca pudo ser. Los cursos de agua ahora y antes siempre fueron espacios públicos, son una extensión del territorio donde no había población, siempre fue de dominio público estatal.
A raíz de ello, opinó que “extender campos y terrenos, parques o patios es una aberración. No se debe al Camino de la Sirga, sino a un principio inviolable que el río es de todos, y la costa se mide hasta la creciente de las aguas del río".
De esta forma, sentenció que el río "es un derecho inalienable e imprescriptible, no se puede transferir y por más que haya una potestad de 50 o 100 años, el Estado debe recuperar las playas para el pueblo o la sociedad. Es imprescindible que los Estados, desde el nacional y hasta cada municipio, recupere la costa para mejorarla, para instalar servicios, para que sea un lugar amable, de encuentros”.
Derecho humano
En esa línea, Rondina no dudó en afirmar que la zona costera “es el espacio público más fundamental, relevante y de más interés porque toca el bienestar de la población, que es un derecho humano. Por eso ningún propietario o barrio puede apropiarse de un espacio público. Es Alienable e imprescriptible. Nadie puede hacerse dueño, ni por el paso del tiempo, es ilegítimo”.
El “peaje” para llegar al río es un cobro indebido
El cobro para acceder a una playa es una práctica común en Entre Ríos. Se trata de una concesión dada por los municipios, a privados o para su propia explotación.
“Se puede cobrar para uso de servicios puntuales, pero el acceso no, que debe ser esencialmente libre y público. La tarifa es para utilizar los sanitarios, para disfrutar de sombrillas, pero nunca el acceso”, planteó Rondina.
En cuanto a la posibilidad de cuestionamientos particulares contra situaciones de ocupaciones en la costa, el profesional explicó que se pueden formalizar “recursos de amparo de intereses colectivos. La figura de intereses colectivos y populares fue incluida en la Reforma Constitucional de 1994”, aunque destacó: “La función de velar por estos espacios debería estar ocupada por los defensores del Pueblo. Es su función de intermediación y deben ejercerla, no solo porque me cobran más caro el asado, sino en estos grandes temas.
Situaciones
En Paraná, amplias franjas del norte y oeste están ocupadas y el acceso público a la costa está impedido.
Balnearios de Villa Urquiza, Concordia, Concepción del Uruguay, entre otras localidades, cobran para acceder al río, y no por la prestación de servicios.