La causa Área Paraná se desarrolla por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita.

La causa estaba paralizada desde el 29 de abril, cuando el juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, se apartó haciendo caso a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2005 el máximo tribunal dictó una resolución en la que considera violatorio de las garantías constitucionales de imparcialidad del juez que el mismo magistrado que realizó la instrucción sea quien juzgue y dicte sentencia.

En ese marco, la Cámara designó a Ceroleni, un magistrado de la misma jurisdicción ya que el 12 de marzo de 2008 fue nombrado como juez federal de Victoria aunque todavía no asumió en tal cargo porque no está operativa la nueva estructura en la provincia.

Ceroleni tendrá a su cargo la sustanciación del juicio escrito por los homicidios y desapariciones forzadas de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Juan Alberto Osuna y Carlos José María Fernández; además de alrededor de un centenar de casos de privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones y severidades cometidas en la zona oeste de la provincia durante la última dictadura.

En la causa están procesados los exmilitares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano, el único civil detenido.

Si bien el antiguo procedimiento prevé que todas las actuaciones sean escritas, un artículo de la legislación abre la posibilidad de realizar audiencias públicas, ya que establece que “las actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea incompatible con las buenas costumbres, en cuyo caso el juez deberá declararlo así por medio de un auto y ordenar la reserva conveniente”.

Perfil. Fermín Amado Ceroleni tiene 57 años y desarrolló toda su carrera judicial en la provincia de Corrientes, donde fue instructor de las causas de derechos humanos, y también es docente en la Universidad Nacional del Nordeste. Desde noviembre de 2008 se viene desempeñando interinamente como vocal del Tribunal Oral Federal en esa provincia.

El magistrado intervino en los dos juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron en Corrientes. En 2008 fueron condenados cuatro represores que actuaron en el Regimiento de Infantería 9, en el proceso en el que Cecilia Pando amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde; mientras que en 2009 fue condenado un expolicía correntino por cuatro desapariciones forzadas. Y actualmente integra el tribunal que está juzgando a otros seis represores.

La historia de la investigación

La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares.
Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final, la Cámara Federal de Apelaciones citó a prestar declaración a un grupo de militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal. Sin embargo, las indagatorias quedaron sin efecto por la sanción de la ley de obediencia debida.

En 2003, el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la ley que consideró “insanablemente nulas” a la obediencia debida y el punto final, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem en 1989, abriendo el camino para la reapertura de las causas.

El año pasado la Cámara Federal de Apelaciones declaró la inimputabilidad de Juan Carlos Ricardo Trimarco, el máximo responsable de la represión en Entre Ríos, por considerar que presenta “un deterioro importante en su capacidad cognitiva” que lo imposibilita para afrontar un proceso judicial, publicó El Diario.