El juez federal Sergio Torres ordenó la detención de un docena de ex militares, entre ellos, quien fuera comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, su ex colega Antonio Vañek, un hijo homónimo del fallecido represor Carlos Guillermo Suárez Mason, que están involucrados en la “megacausa ESMA”, en la que se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El magistrado prevé interrogarlos por unos 250 nuevos casos de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, entre los que se cuentan los entrerrianos Juan Carlos Gómez Sosa y Pedro Haroldo Tabacchi, secuestrados en Buenos Aires en 1977.

Además de Anaya, Vañek y Suárez Mason, el juez libró órdenes de captura para Miguel Ángel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Demario, Rogelio Martínez Pizarro, Eugenio Bautista Villordo, Carlos José Pazo, Roberto Pérez Froio, Julio Antonio Torti, Aníbal Mazzola y Carlos Fragio, en el marco de la “megacausa ESMA” en la que se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Por esa causa ya están detenidos -y también serán indagados por los nuevos hechos- los ex capitanes Afredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic y Jorge Perren, entre otros. El listado de represores que serán indagados por el juez también incluye a Héctor Febres, Ernesto Frimon Weber, Oscar Montes, Manuel García Tallada, Ricardo Corbeta, Alberto González, Jorge González, Néstor Savio y Carlos Orlando Generoso.

A esos fines el magistrado fijó un abultado organigrama de audiencias que se extenderán hasta el 14 de este mes (alrededor de media docena por jornada). Una vez finalizada la ronda de indagatorias el magistrado tendrá diez días para resolver sus situaciones procesales, oportunidad en la que deberá optar entre sus procesamientos (que podrán incluir la prisión preventiva), los sobreseimientos o la intermedia falta de mérito.

Entre los 250 casos por los que deberán responder los represores se encuentran los del periodista Juan Gasparini, Fernando Vaca Narvaja, Ignacio Pedro Ojea Quintana, Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza de Jozami, Susana Pegoraro, Néstor Morandini y Graciela Daleo, entre otros, según informó la agencia de noticias Télam.

Entre los casos por los que los represores deberán responder también figuran dos entrerrianos: Juan Carlos Gómez Sosa y Pedro Haroldo Tabacchi, quienes fueron secuestrados y detenidos ilegalmente en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1977.

Gómez Sosa era el primero de ocho hijos de una familia oriunda de Paraná. Cursó los estudios primarios en la Escuela República de Chile y la secundaria en la Escuela Teniente Luis Candelaria, de la Base Aérea, aunque tuvo que abandonar para empezar a trabajar. Con sus primeros ingresos le arregló la casa a su madre, y a los 23 años se casó con Alicia Paez, con quien tuvo una hija, Daniela. Fue colectivero en la Línea Martín Fierro y participó del Sindicato de Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Pasajeros (SOETAP), del que fue secretario gremial. Desde la federación integró la CGT de los Argentinos y, junto a Alicia, comenzó a integrar la Juventud Peronista, para luego sumarse a Montoneros. Fue secuestrado de la estación de trenes de Haedo el 16 de marzo de 1977, tenía 33 años, cuando con su familia vivía en El Palomar.

Tabacchi era compañero de militancia de Gómez Sosa. Oriundo de Victoria, militaba en la Juventud Peronista, hasta que a principio de la década de 1970 se radicó en Buenos Aires para iniciar sus estudios en la Escuela de Periodismo en La Plata. En el año 1976 tuvo que cumplir con el Servicio Militar Obligatorio con destino en el Regimiento de La Tablada. El 17 de marzo de 1977, fue secuestrado por los marinos en momentos en que concurría a una cita.

El 18 de octubre último, al ratificar otros procesamientos dictados por el juez Torres en la misma “megacausa”, la Cámara Federal afirmó que quienes estaban ilegalmente privados de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA sufrieron “un serio atentado a la dignidad, insoportable a los ojos de la comunidad”. Tras recordar el “ensañamiento” que hubo en su contra, los camaristas recordaron que “los secuestros obedecieron a órdenes emanadas de autoridades que, además de la ilegitimidad de su constitución, excedieron el límite de sus facultades funcionales autoimpuestas”.

En la resolución donde confirmaron aquellos procesamientos los camaristas dijeron que “se probó que la actividad de los integrantes del grupo de Tareas 3.3.2 con base operativa en la ESMA, tenía como particular objetivo, en este caso en concreto, detener a familiares de desaparecidos que en forma incipiente se organizaban para reclamar por el conocimiento del destino final de sus seres queridos”, se afirmó en el fallo.

Por el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA pasaron más de 5.000 personas. La mayoría de ellos fueron asesinados. Fueron parte de los denominados “vuelos de la muerte”, reconocidos por Adolfo Scilingo, condenado por tales hechos en España.