Las causas por corrupción que involucran a funcionarios nacionales se acumulan a lo largo de los años en los tribunales de Comodoro Py. En los últimos 30 años se iniciaron 2.011 expedientes, de los cuales el 85% se abrieron a partir de 2013. Sin embargo, solo el 12% fue elevada a juicio oral, la instancia clave donde se analiza toda la prueba, se cita a testigos, se realizan los alegatos de los acusadores y las defensas, se escucha a los procesados, y tres jueces resuelven por mayoría una condena o una absolución.

Hay un 22% de expedientes en la Justicia Federal cuya instrucción permanece abierta. O sea, no pasan de esa primera etapa de la investigación penal, que está en manos de un juez y un fiscal, quienes deciden luego si corresponde acusar formalmente a los imputados de uno o más delitos y elevar el expediente a juicio.

* De ese 22% que siguen en instrucción, un 70% lleva más de seis años en esa etapa, si se tiene en cuenta el momento en el que el fiscal le dio impulso a la investigación. Así surge de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que procesó y analizó Infobae, en base a datos publicados por la Corte Suprema en el Centro de Información Judicial (CIJ).

* Un 23% de las causas se archivó, ya sea porque hubo sobreseimiento o porque la Justicia llegó a la conclusión que lo denunciado no constituía un delito.

* Otro 21% de las causas cuya instrucción sigue abierta se resolvió entre 3 y 6 años, un plazo que puede considerarse “rápido” para los Tribunales, aunque no para el común de los ciudadanos, destaca un informe firmado por las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli y publicado en el portal de Infobae.

De los expedientes ya cerrados, el 33% también tuvo una definición en ese plazo. Es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, que fue denunciado en 2012 por la compra irregular de la imprenta Ciccone y que fue condenado en primera instancia en 2018. En el otro extremo se ubica el de la ex ministra de Ambiente Romina Picolotti, quien fue denunciada en 2005 pero recién terminó condenada en 2021 por pagar gastos personales con fondos públicos.

Entre los casos más emblemáticos están algunos más antiguos, como los de la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Carlos Menem por contrabando de armas, la venta del predio de La Rural y los sobresueldos cobrados por altos funcionarios en su gobierno; o su ex ministro Domingo Cavallo, también condenado en estas últimas dos causas.

Más recientes, ex funcionarios kirchneristas también fueron encontrados culpables, como Felisa Miceli por la bolsa con dinero encontrada en su despacho; Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra, entre otros expedientes; Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once; José López por los bolsos con USD 9 millones en el convento de General Rodríguez; y Ricardo Echagaray por defraudación al Estado en la causa de Oil Combustibles.

La causa de Vialidad, que derivó en la condena a Cristina Kirchner por defraudación, tuvo un trámite si se quiere más rápido que muchos otros expedientes que quedan “cajoneados” por la lentitud de la Justicia, o por tiempismo político de los jueces. Mantener causas abiertas contra funcionarios o ex funcionarios sin resolver es una herramienta de “poder” para los magistrados, resalta el informe publicado en el portal de Infobae.

En Vialidad, la primera denuncia data de 2008 y la hizo Elisa Carrió y otros diputados de la Coalición Cívica en el marco de una mega causa abierta a partir de una presentación que detallaba distintas maniobras de corrupción en el kirchnerismo, amparadas - según la denuncia - por Néstor Kirchner, su entorno y el otrora todopoderoso ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros funcionarios.

Ese expediente fue desmembrado por el juez Julián Ercolini y no registró demasiados avances. La parte de obra pública vinculada al empresario patagónico amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, se reactivó a principios de 2016 a partir de una presentación que hizo Vialidad Nacional, ya en el gobierno de Mauricio Macri.

Los procesamientos quedaron confirmados por la Cámara de Casación a finales de 2017. En mayo de 2019 comenzó el juicio oral, y pandemia mediante, la condena llegó en diciembre de 2022. La condena fue ratificada por Casación casi dos años después, y la Corte rechazó el recurso de queja de la ex presidenta hace 10 días. En total, desde los procesamientos a finales de 2016 hasta que hubo una condena firme, pasaron casi 9 años.

Las denuncias por año

El año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia apenas se habían abierto 8 causas por hechos de corrupción. Ese número fue aumentando paulatinamente. En el último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, 2015, se llegó a 135. Ese número prácticamente se duplicó durante el 2016, durante el primer año de la presidencia de Macri, con 302 casos, el récord en los últimos 30 años.

El aumento de causas judiciales a la salida del kirchnerismo no fue casualidad: después de 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner, la llegada de Macri disparó cientos de denuncias, muchas de las cuáles continúan todavía abiertas.

Los funcionarios y delitos más denunciados

En los expedientes por corrupción abiertos en los tribunales de Retiro, se reitera el nombre de Cristina Kirchner con 26 expedientes, seguido por el de Macri con 23.

La ex presidenta enfrenta cuatro causas que pueden comprometer aún más su situación judicial. Una es Hotesur-Los Sauces, que involucra a las empresas familiares, y ya elevada a juicio oral, pero aún no tiene fecha. Está acusada de lavado de dinero y jefa de una asociación ilícita, junto a su hijo Máximo Kirchner. Está en instancia de resolver medidas de prueba pedidas por el fiscal Diego Velazco.

En la causa de los “cuadernos de las coimas”, está acusada también de haber sido jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas a empresarios que hacían negocios con el Estado entre 2003 y 2015. El juicio oral comenzará el 6 de noviembre próximo.

En la causa del Pacto con Irán, había sido sobreseída sin que se realice el juicio, pero la Corte ordenó que se haga, aunque aún no tiene fecha. Está acusada de encubrimiento agravado de los responsables del atentado a la AMIA. El expediente comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En la causa por el dólar futuro, en cambio, quedó sobreseída.

A su vez, a finales de mayo la Corte determinó que deberá seguir siendo investigada en la ruta del dinero K.

En el top ten también figuran el secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

En cuanto a Macri, cuando aún era jefe de Gobierno porteño, fue imputado en una causa por escuchas ilegales llevadas a cabo por la entonces Policía Metropolitana, cuyo primer jefe fue Jorge “Fino” Palacios. Fue procesado, pero en diciembre de 2015, aunque dos semanas después de que asumiera al frente de la Casa Rosada, fue sobreseído.

Tras dejar el poder, fue procesado en noviembre de 2021 por el delito de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Pero esa decisión fue revertida por la Cámara de Apelaciones y quedó anulada la acusación.

Macri también fue sobreseído en 2024 en una causa tramitada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti en la que se investigaba la presunta existencia durante su presidencia de una “mesa judicial” que presionaba a jueces y fiscales. La Cámara Federal confirmó esa decisión. Y también fue sobreseído en la causa por presunta evasión fiscal a partir de la filtración de los Panama Papers. En la causa por la concesión de los peajes durante su gobierno, estuvo imputado, pero no estuvo en el grupo de funcionarios procesados.

Por otro lado, Macri tiene abierto varios expedientes: por la negociación de la deuda que Correo Argentino SA (empresa de la familia Macri) tiene con el Estado; el de los parques eólicos, iniciado en 2018; y el que se centra en el acuerdo firmado con el FMI por el que Argentina tomó una deuda con el organismo de USD 45.000 millones.

En tercer lugar, entre los que tienen más causas abiertas aparece Julio De Vido. El ex ministro de Planificación Federal fue denunciado mayoritariamente por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública, entre los delitos más reiterados en la carátula de las causas. Sin embargo, fue absuelto en el juicio de Vialidad.

A continuación, aparece Alberto Fernández con 17. El ex mandatario tiene su frente judicial más complicado en la causa donde la Justicia federal investiga el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios favorecidos en contratos con organismos del Estado, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario. Fernández y otros involucrados fueron citados a prestar declaración indagatoria.

En cuanto a los delitos, los más denunciados está por abuso de autoridad y violaciones a los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública; administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.