El represor fue detenido el 30 de agosto de 2012 y está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de vejaciones, severidades y/o apremios ilegales e imposición de tormentos en perjuicio de Ramón Rogelio Ayala, Jorge Martín Ramírez y Jorge Emilio Papetti, secuestrados en marzo de 1977 en Concordia, torturados en el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 Blandengues y luego trasladados a Paraná, donde el soldado conscripto habría fallecido durante una sesión de tormentos en la unidad familiar de la cárcel.

Sus defensores Luis Fernando Velasco y Daniel Carubia (hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia) aseguran que el auto de procesamiento es “arbitrario” y que no hay méritos que sostengan su detención, a la que tildaron de “ilegal”. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones advirtió que López Belsué está procesado por delitos calificados como de lesa humanidad y que el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que se utiliza en este proceso, “no establece un término en el cual el juez habrá de resolver”, lo que le da al magistrado “mayor discrecionalidad en lo que a términos procesales se refiere”.

El tribunal valoró también “la gravedad de los delitos imputados y de la amenaza de la pena, la permanencia en la comisión de los mismos (Papetti continúa desaparecido), la existencia de otros presuntos responsables aún sin identificar y la metodología que continúa en la actualidad”, según consta en el fallo al que accedió El Diario.

En esa línea se habían manifestado también los querellantes, en representación de los familiares de Papetti, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación Hijos Regional Paraná, que advirtieron sobre la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y de presión sobre testigos en caso de que López Belsué recuperara la libertad.

En definitiva, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que “dada la gravedad de los hechos atribuidos al imputado y sus condiciones personales, no es dable conceder a su respecto otras medidas restrictivas de la libertad menos gravosas que el encarcelamiento preventivo” y remarcó que “el encausado, en caso de recuperar su libertad, podría intentar eludir el accionar de la justicia y/o entorpecer la marcha del proceso obstando al descubrimiento de la verdad, lo que conlleva a la existencia de riesgo procesal”.

Desaparecido

Jorge Emilio Papetti estaba a punto de recibir la baja del servicio militar obligatorio cuando fue desaparecido, el 16 de marzo de 1977, en el Regimiento de Concordia. Fue retirado de una formación e interrogado por López Belsué, luego trasladado a la cárcel de Paraná y torturado hasta la muerte.

El represor era su jefe de escuadrón, quien lo había propuesto como dragoneante y el que lo interrogó en la unidad militar. Así lo manifestó en sede judicial su propio jefe, el condenado Naldo Miguel Dasso, quien dijo haberlo designado como oficial preventor para investigar a Papetti por su vinculación con la organización Montoneros.

La historia oficial, la que Dasso le dio a la familia de Papetti y años más tarde repitió durante la instrucción militar por los hechos de la dictadura, dice que el soldado fue detenido por órdenes del comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, “por considerarlo comprometido con actividades subversivas”. Según Dasso, fue López Belsué quien realizó la detención y en las actuaciones militares consta también el interrogatorio, con las preguntas que le hizo y respuestas que le falsearon al soldado. El jefe del regimiento dijo que unos días después Papetti fue trasladado a Paraná y que se fugó a la altura de Villaguay, aprovechando una detención del vehículo por fallas mecánicas.

Sin embargo, dos personas que compartieron cautiverio con el soldado conscripto dieron otra versión. Ramón Rogelio Ayala y Jorge Martín Ramírez reconocieron a Papetti en una sesión de tortura a la que fueron sometidos en una casa que tenía el Ejército cerca de Salto Grande; luego los tres fueron trasladados a Paraná y el soldado murió en una sesión de torturas en la unidad penal.

Fuente: El Diario