Tras mandar a detener a una secretaria, sostienen que Gemignani ejerció violencia de género

En diálogo con radio Del Plata, el presidente de Casación habló del episodio que se produjo la semana pasada en Comodoro Py, donde una empleada fue mandada a detener por el juez Gemignani, cuando se negó a inventariar máquinas vinculadas a Julio De Vido. “La víctima desde luego que en su condición femenina alega eso. La evaluación queda en manos de otros funcionarios, pero tal como aparecen sindicados los hechos, lo cierto es que el Poder Judicial, en tanto garante de los derechos de todos, también tiene que velar por los trabajadores en el orden interno”, sostuvo Slokar.

Casación Penal quedó envuelta en un escándalo provocado por las denuncias cruzadas entre Gemignani y una secretaria de ese tribunal, la intervención del Consejo de la Magistratura y las sospechas sobre otra jueza de ese mismo tribunal.

El disparador fue el camarista Juan Carlos Gemignani, quien el jueves 28 de julio dispuso la detención de la secretaria de la Casación, María Amelia Expucci, tras considerar que desobedecía una orden de inventariar un televisor, computadoras, sillas y otros insumos enviados por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Otra secretaria de la Casación, Florencia Cionci, inventarió entonces el material y labró un acta, con la que Gemignani denunció ante el Consejo de la Magistratura a su colega del máximo tribunal penal del país, Ana María Figueroa. Consideró que podría estar ante un caso de dádivas o cohecho, según explicó luego el propio Gemignani en declaraciones radiales.

El camarista, sin embargo, pasó de denunciante a denunciado, cuando la secretaria Expucci fue liberada por orden de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que había recibido la denuncia del camarista.

Expucci lo denunció a Gemignani por presunta privación ilegal de la libertad agravada y declaró ante otro juez federal de los tribunales de Comodoro Py, Daniel Rafecas, quien ahora deberá evaluar los pasos a seguir.

Gemignani cosechó además fuertes críticas, incluso desde la Asociación de Magistrados.

La actuación de Gemignani eclipsó así la denuncia que presentó contra su colega Figueroa, a la que acusó de aceptar el material que había ofrecido el entonces ministro Julio De Vido, a pesar de la oposición que los presidentes de las distintas salas de la Casación le había planteado durante una Junta de Superintendencia del máximo tribunal penal del país.

Gemignani reafirmó su posición en declaraciones radiales. “Las cajas eran una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara”, sostuvo, y defendió su reacción ante la “desobediencia” de la secretaria, a la que consideró que debía detenerse por tratarse de un delito flagrante. “Ella trabaja para Figueroa”, dijo. “No hay duda de que sabía lo que era y por eso se negó a hacerlo.” Añadió que ingresó en la Casación “a pedido del entonces jefe de Gabinete”, Jorge Capitanich, a pesar de “su nula formación en materia penal”.

Por el contrario, la versión de Expucci -que ha coordinado congresos sobre trata de personas y violencia de género- es que ella sólo requirió una orden por escrito, por no tratarse de un asunto excepcional como los que deben tratarse durante la feria judicial.

Para entonces, la acusación de Gemignani contra Expucci ya había entrado en zona muerta. El fiscal que recibió su denuncia, Juan Pedro Zoni, la desestimó por “inexistencia del delito”, por lo que la investigación sobre la secretaria quedó trunca. Más aún, el fiscal pidió que el Consejo de la Magistratura evalúe al camarista por mal desempeño y la eventual comisión de delitos que, de verificarse, conllevarían su destitución.

Aunque quizá termine siendo investigado por el juez Rafecas y el Consejo de la Magistratura (que también evaluará la actuación de Figueroa), Gemignani también cargó contra el presidente de la Casación, Alejandro Slokar.

Tras recordar que Slokar adelantó su regreso de la feria judicial y comunicó que retomaba sus funciones como presidente de la Cámara, Gemignani llevó su relación con varios de sus colegas al punto de quiebre. Afirmó que la decisión de Slokar era “ilegal” y que “no puede leerse sino como una intención de encubrimiento de la situación descubierta”.

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