Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Las declaraciones de Boudou, han sido hechas con el deliberado propósito de bucear en el estado de ánimo de la clase política y auscultar el humor de toda la sociedad argentina. El kirchnerismo tiene frente a sí dos grandes opciones para 2015, que en realidad suponen duras disyuntivas: tratar de convencer a CFK para que se eternice en el poder –cosa muy poco probable porque ya costó hacerlo el año pasado y el desgaste va in crescendo- o diseñar una estrategia tal que pueda sortear la falta de una figura de gran peso, capaz de galvanizar el espectro K y seducir a los ajenos. Tendría que ser un sucesor potable para los componentes del abanico gobernante con reales posibilidades de continuidad (desde luego que el actual vicepresidente no tendría en este escenario la menor posibilidad) y capaz de soportar en su lomo las circunstancias no deseadas de vaivenes económicos que sacudirán a distintos sectores. El viejo método distractivo-experimental empleado por Boudou raramente sobrevive y termina como una bomba de humo.

Sabido es que el gobierno siente un particular placer en fabricarse enemigos, pero cuando esto ya no puede continuar, los problemas surgen de puertas hacia adentro. El sindicalismo es hoy un verdadero escollo porque siente que el poder está empeñado en un juego peligroso, donde antes observaba a sus dirigentes como soldados prestos a cumplir órdenes sin discutirlas y ahora se encuentra con enojosos gremialistas listos a priorizar los intereses de las bases que los empujan, porque la estabilidad de los “gordos” queda en riesgo cuando algún enjuague extraño se vislumbra. La dura puja por el salario siempre ha sido el mejor elemento galvanizador de la clase trabajadora.

La postura de Hugo Moyano –que es la de la CGT en su conjunto pero que ahora sumaría a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) llevados por el espanto más que por el amor- es preocupante cuando se amenaza que las paritarias no tendrán en cuenta los índices del Indec sino los del supermercado. Esto arroja al suelo las aspiraciones de la Casa Rosada, porque descubre que las mentirosas cifras dibujadas por los equipos de Guillermo Moreno, fueron un intento estéril (“la única verdad es la realidad”, dijo Juan Perón. También las góndolas). Y tiene un sabor amargo para el oficialismo el hecho de convertirse en artífice de una alianza sindical hasta no hace mucho impensable.

Los sindicatos docentes en conjunto y tras una reunión, acordaron demandar un piso salarial de 3.000 pesos con cláusula de revisión para el segundo semestre de este año. Esta noticia seguramente provocará insomnio en muchos funcionarios mientras el comienzo del ciclo lectivo 2012 está a la vuelta de la esquina. Una vieja historia.

¿Qué induce a CFK a confiar ciegamente en Moreno, una suerte de super ministro? Los vaivenes de esta semana en torno de la balanza comercial, colocan al país al borde de conflictos con varios países que no se quedarán de manos cruzadas cuando vean que Argentina les cierra puertas a sus productos y pretende que les sigan adquiriendo sus bienes de producción propia. Jugar con Brasil es exponerse a que nuestro principal comprador detenga sus operaciones, por ejemplo, con nuestra industria automotriz (muchos exportadores entrerrianos vinculados con el principal país sudamericano en diversidad de productos, sentirán el cimbronazo).

Cerrar el ingreso de bienes de industria china, por ejemplo, significará que el gigante asiático deje de comprarnos soja y es sabido que los productores brasileños siempre están al acecho para reemplazarnos porque disponibilidades les sobran. ¿Cómo se las ingeniará el gobierno argentino para recuperar los mercados perdidos por la irresponsabilidad de un súper funcionario avalado desde la cima del poder? Valga un pequeño ejemplo: una fábrica de bicicletas deberá paralizar sus tareas porque importantes insumos no fabricados en el país no podrán entrar, pero mientras se ensaya la instalación en el país de una planta para sustituir importaciones con similares estándares de calidad, resta lograr su financiamiento, adquirir maquinarias, establecer tasas de retorno y seleccionar mano de obra. Esto lleva no menos de dos años y mientras tanto ¿qué hacen nuestros empresarios y qué suerte correrán sus trabajadores? Esto puede ocurrir con otros rubros productivos hoy ausentes en la industria nacional.

En las emblemáticas calles Florida, Santa Fe y Cabildo, de Buenos Aires, están cerrando locales del rubro bijouterie, bazar y textil, por no poder importar mercadería.

Desde luego que no es éste el principal problema que aqueja al gobierno. Esta semana se conocieron los nombres de las empresas concesionarias de peaje en rutas nacionales a las que se le retiraron subsidios, determinando subas muy altas en las tarifas con su consiguiente gravitación en los usuarios y en especial en el rubro fletes del sector de cargas, costo trasladable a los precios. Aparecen 19 rutas en la resolución oficial, incluyendo la 12 que pasa por nuestra provincia, aunque no figuran por ahora la 14 ni la 18. Las empresas dicen tener un retraso tarifario del 166 % (incluso percibiendo subsidios) y el incremento autorizado no bajará del 200 por ciento.

Agréguesele a ello la estampida tarifaria en servicios esenciales con repercusión masiva y se tendrá una apreciación de lo que podría suceder, mientras la fuga de capitales no se detiene, la inflación tampoco y los acuerdos salariales estarán ceñidos a una dura pelea. Amén de ello se habla de que los índices acordados quedarán en congelamiento sin posibilidades de revisión en lo que resta del año. El sector docente, como un clásico de todos los años para esta época, ya advirtió que podrían no empezar las clases.

Las paritarias para los maestros están ya decididas para estos días pero es el piso salarial lo que preocupa al gobierno, ya que nadie se quiere bajar de un 25 por ciento. La presidente confirmó que los aumentos para los jubilados nacionales alcanzarán el 17,62 %, ante el complaciente aplauso de los gobernadores, a pesar de saber que los fondos salen de la retención del 15 % de coparticipación federal que se le hace a las provincias mensualmente. Un reajuste tacaño porque en medicamentos nomás se han registrado altos incrementos. Téngase en cuenta que en esta franja etárea el haber dejó de ser sólo de propiedad alimentaria para convertirse en propiedad farmacéutica.

CFK se ufana de cumplir con la ley que fijó la movilidad jubilatoria, pero no habla de su incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema sobre el 82 por ciento. Cuando cita irónicamente cuánto percibía un pasivo en 2003 y confronta con la actualidad, olvida las variantes del costo de vida ocurrida en 9 años, pero además soslaya que ella fue parte convencida como legisladora, del menemismo que maltrató a los jubilados.

Volviendo al tema, recordemos que en esta provincia la idea de una re-reelección –en este caso de Sergio Urribarri- también tuvo su aparición en escena por boca del vicegobernador y presidente del PJ entrerriano, José Cáceres. En nuestra columna del 31 de octubre anticipamos que algunas picardías podrían darse con el viento de cola de una mayoría inédita en ambas cámaras. El 19 de noviembre comentamos los dichos de Cáceres apoyando una nueva reforma constitucional para posibilitar la continuidad del actual mandatario, cuando aún no había iniciado su segundo mandato. El problema es que aquí y mientras se mantengan las definiciones de cada partido integrante de la cámara baja (en el Senado existe oposición cero), donde al oficialismo le faltarían 4 votos para impulsar la ley de convocatoria, tal reforma se torna inviable). Pero además ¿es posible imaginar que desde la oposición se otorguen esas adhesiones sabiendo que se tratará de una nueva prórroga para Urribarri? Sería un suicidio político.

Esta situación se enlaza con la flamante propuesta de Boudou, fuera de tiempo y falta de sensatez. Los globos de ensayo son sólo eso: globos, que despiertan la atención pero se terminan desinflando. Y lleva a reflexionar que el Congreso y la Legislatura provincial no son sastrerías que confeccionen trajes a la medida de quien los ordena. Hoy los entrerrianos tienen otras cuestiones más acuciantes vinculadas con la segunda administración urribarrista y no con la eventual tercera gestión, sabiendo que no se debe cortar la torta antes de apagar las velitas. Los duros incrementos impositivos, el aumento del 15 % anunciado para la energía eléctrica y el reiterado retraso en el cronograma de pago de haberes –pese a las quejas gremiales- que obliga a los agentes a abonar intereses por mora en sus obligaciones, confirman la existencia de agudas dificultades financieras y echan por tierra cierta megalómanía.

* Ley entrerriana violatoria

En nuestra columna del pasado 21 de enero analizamos de qué modo el gobierno entrerriano a través de una ley express carente de debate y sobre tablas, soslayando los debidos estudios y con ignorancia de aspectos sustanciales sobre el tema, derogaba otra norma que prohibía la utilización del paquete tecnológico y químico de la cultura de los agroquímicos y plaguicidas de las islas privadas y públicas de la provincia. Nos basamos en un trabajo del abogado ambientalista Jorge Daneri sobre la privatización de tierras públicas en islas, que serían adjudicadas por 99 años a una sociedad anónima. Con esta medida, el gobierno de desdecía de su proclamada política ambientalista con la que antes se había consagrado la protección de áreas cultural y ambientalmente relevantes.

Las cosas deben hacerse como corresponde y no según el personalísimo criterio de los legisladores, a veces muy frágil frente a las órdenes del Poder Ejecutivo. Las reacciones no tardaron en llegar, porque en Santa Fe, legisladores y organizaciones ecologistas rechazaron la nueva norma, una actitud que se pretende imite la Cámara Alta tras un proyecto del senador Miguel Lifschitz, pidiendo además la intervención directa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medioambiente provincial. La misma medida se solicitaría a los diputados santafesinos.

La legislación resistida lleva el número 10.092 y promueve la instrumentación de un nuevo sistema para la explotación de unas 200.000 hectáreas de lotes públicos en el humedal, que desde 2007 a 2009 estuvieron arrendadas bajo estrictos parámetros de protección. Las condiciones establecían que debían destinarse sólo a la ganadería, apicultura y turismo, prohibiéndose las actividades agrícolas y el uso de agroquímicos y plaguicidas. Al derogarse la ley vigente (9.603) y no fijarse pautas de protección de uno de los pocos humedales vírgenes que quedan en el planeta y se sostiene como objetivo la necesidad de “transformar” esas tierras “improductivas” (al denominar a la futura sociedad “Arroz del Delta Entrerriano”, está todo dicho, revelándose que la anterior norma era un obstáculo y un estorbo para estos fines marcadamente irracionales a la luz de los elementos que aportan los especialistas). Se habla de la “administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales”.

El senador Lifschitz manifestó que la implementación de esta sociedad anónima “significará una virtual privatización de enorme superficies de humedales y abrirá la posibilidad de una explotación intensa de carácter comercial que generará daños muy importantes al ecosistema natural y en la biodiversidad de esta región”. De hecho que en la cámara de Diputados de Entre Ríos, la oposición se manifestó contraria a la ley 10.092 y por voz del presidente del Comité Provincial de la UCR se calificó su texto de “confuso y peligroso”.

El grave problema se genera por dos leyes contradictorias promulgadas por un mismo gobierno, estableciendo la última derribar toda otra norma que se oponga a los fines de la nueva legislación (de paso, aniquila normas sobre el ordenamiento del municipio de Victoria y vulnera la Constitución de 2008 en tanto ésta garantiza en su artículo 22º: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”. Insólito: la propia ley sancionada con inusual rapidez, ya advierte que el gobernador vetará cualquier norma que se le oponga.

Pero este problema que genera conflictos no calculados en las bancas, tiene otro costado crítico. Es que en 2008 las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, en una reunión conjunta celebrada en Victoria (E.R.) acordaron el Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Lo acaba de recordar el Secretario de Medio Ambiente d Santa Fe, César Mackler. Este funcionario ya envió una nota a la nación planteando su preocupación. ¿Qué explicaciones se darán? No se debe perder de vista que nuestra provincia integra con Santa Fe y Córdoba la denominada Región Centro, donde la cuestión ambiental integra la agenda permanente de trabajo. ¿Dónde se originó la idea de vulnerar convenios y colocar valiosos territorios en grave riesgo ambiental?

El 2 de febrero y bajo el lema precisamente de Turismo de Humedales, se celebró el Día Mundial de los Humedales, zonas declaradas sitios Ramsar para protección y conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el desarrollo sustentable. No desde luego para que pasen a engordar los bolsillos de particulares durante 99 años. El responsable de medio ambiente del gobierno de Entre Ríos ¿no tiene nada que decir?

* Radicales contra Pañeda

Quienes pensaron que la decisión de tramitar el juicio político contra la presidente del Superior de Justicia, Leonor Pañeda por parte de la Unión Cívica Radical estaba dormida, se equivocaron. Es que el Comité Provincial partidario tras una reunión resolvió reimpulsar esta acción para lo cual se aguardan definiciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados donde el expediente se halla desde fines del año pasado. Esto hace que se esperen prontas novedades, lo cual presupone que habrá un recalentamiento de la caldera política. Y será una prueba para que el oficialismo exhiba qué cerca o lejos está del Poder Judicial. Un funcionario salió a defender a la magistrada cuando comenzaron los embates y no hay porqué no suponer que ese pensamiento se traslade a las bancas. Y que el peronismo no termine haciendo lo mismo que debió soportar en abril de 2002 cuando hombres de la UCR boicotearon sistemáticamente el enjuiciamiento de Sergio Alberto Montiel, siendo finalmente salvado por la generosa ayuda del justicialista Félix del Real en un acto de felonía ya histórico. Hasta la semana que viene.