El artículo que dictó la historia

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Columna de opinión

Rosario Romero (*)

Se ha discutido mucho -y finalmente sancionado- una norma operativa de defensa a la democracia. La misma establece obligaciones, tanto del Estado como de los particulares. También fija sanciones, estableciéndose de este modo la férrea vocación del pueblo entrerriano en el sentido de no permitir quebrantamientos del orden constitucional. Cada derecho o libertad genera una obligación o deber, los que en este artículo se reflejan.

Desde la recuperación de la democracia, se produjeron en Argentina diversas expresiones en el mismo sentido. En 1984, el Congreso de la Nación sancionó la denominada Ley de Defensa a la Democracia Número 23.077, que modificó varios preceptos del Código Penal, en especial los referidos al título X, bajo el capítulo “Atentados al orden constitucional y a la vida democrática”. Por Ley 23.054, el país ratificó el Pacto de San José de Costa Rica y con él, la legislación interna debió adecuarse a los paradigmas de la defensa de los derechos humanos, evolucionando notablemente en el campo del derecho civil y del derecho público en general. El mismo Congreso derogó el decreto ley de “autoamnistía” dictada por el régimen de facto antes de irse, con el objeto de impedir el juzgamiento de los crímenes. En la frágil democracia de los ‘80, fueron dictadas las leyes de Punto Final, 23.492 y luego la Ley 23.521 denominada “de obediencia debida”, fruto de la gravitación de los sucesos de la Semana Santa de 1987. Cuando recientemente se derogaron por parte del Congreso de la Nación, se ha posibilitado el juzgamiento de los autores de delitos de lesa humanidad, existiendo causas en toda la República y algunos juicios realizados ya.

Es necesario reivindicar la labor de la Conadep y su informe de altísimo valor histórico, político y documental, bajo el título de Nunca Más. El juicio a las cúpulas de las juntas militares que asaltaron el poder a partir de 1976 e impusieron el terrorismo de Estado, figurará en los anales del mundo cuando se reivindiquen los avances en esta parte de América, por la vigencia de los derechos y la sanción ante quienes los quebrantan. La represión tuvo implicancias económicas, culturales, educativas, sociales y políticas. En el ámbito de la cultura, vale recordar que la dictadura, bajo el nombre de operativo “claridad”, desarrolló la persecución de artistas y escritores, produciéndose los episodios de censura más repudiables, que motivaron el éxodo de los representantes más notables de las distintas artes.

En 1994 se produjo la reforma de la Constitución Nacional, que fue precedida por la de constituciones provinciales que previamente habían incorporado nuevos derechos, especialmente los derechos humanos y los denominados nuevos derechos. El artículo 36 de la Constitución Nacional, llamado el artículo de defensa de la democracia, traza una línea divisoria entre el antes y el después de la dictadura pasada, procurando trasladar aquel “nunca más” a las próximas generaciones.

La Iglesia, en documento emitido en abril de 1996, con la firma de 75 obispos hizo su autocrítica respecto de su acción para frenar la violencia política de los ‘70 y los ‘80. De hecho, si bien no reconoció expresamente el triste papel que tuvieron algunos de sus miembros frente a la tortura, la desaparición y las muertes, es dable rescatar la autocrítica, en razón de que el quebrantamiento del orden constitucional no habría sido posible nunca si no existían sectores amplios de la comunidad, y fundamentalmente aquellos que son factor de poder, apoyando tales conductas sediciosas. La misma autocrítica hicieron las Fuerzas Armadas, en declaraciones de sus jerarquías, en los últimos años, asumiendo así otro perfil ideológico y otro rol en la comunidad que habitan.

A propósito del tema y en la Convención que venimos transitando los entrerrianos, el primer proyecto que presentamos un grupo de convencionales del Frente Justicialista para la Victoria fue el de Defensa de la Democracia. Tuve y tengo la convicción de que como pueblo, sobre todo a partir de la noche de la dictadura que comenzó en 1976, hemos hecho un aprendizaje doloroso, pero muy profundo, en el sentido de valorar las bondades de un sistema que reconocemos perfectible, con miles de fisuras, pero el único que garantiza la posibilidad de nuestro crecimiento como pueblo.

Como dice Beatriz Sarlo analizando las luchas de los ‘70, que por aquel entonces el valor del sistema democrático no era lo que ha sido luego, cuando pasamos la experiencia de la última dictadura. Para ser sinceros en el análisis, es necesario reconocer que los jóvenes de entonces luchaban en los grupos revolucionarios por la justicia social, la igualdad, los derechos que hacen a la dignidad humana, pero estaban lejos de sostener a pie juntillas la democracia como el único sistema posible y muchos aspiraban a un socialismo nacional al que se llegaría a partir de la lucha armada. Desde 1983, la conciencia democrática atraviesa la sociedad, por fuera de las pertenencias partidarias e ideológicas.

Dice Caparrós, otro protagonista de la época, en un reciente artículo en el diario Crítica: “Creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder, … incluso lo cantábamos: ‘Con las urnas al gobierno / con las armas al poder’ (…) quise escribir La voluntad para contar quiénes habían sido y qué querían realmente los militantes revolucionarios de los años sesentas y setentas.” “Los mismos medios que ahora cuentan con horror torturas y asesinatos las callaron entonces; los mismos partidos políticos que se hacían los tontos ahora las condenan; los mismos ciudadanos que se alegraban privada y hasta públicamente del retorno del orden ahora se espantan”.

Con el sufrimiento, las muertes, las desapariciones, la tortura, el terrorismo de Estado, se configuró en Argentina el movimiento de derechos humanos que durante la dictadura, nutrido por hombres y mujeres del país de las más diversas ideologías y credos. Ese movimiento, dándose distintas organizaciones, desarrolló acciones concretas tendientes a la búsqueda de verdad y justicia. Las Madres y Las Abuelas son conocidas en el mundo, y su lucha un ejemplo para distintas generaciones.

En Paraná, constituimos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que integraron hombres y mujeres del radicalismo (Eduardo Solari, Juan Garayalde, Enrique Savat, Luis Brasesco), del justicialismo (Pocho Vírgala, Mónica Torres, José Venturino, Efraín Fink, Raúl Barrandeguy, Nenucha Saint de Gracia, Elba B. de Pesutto, Carmen, Gustavo y Guillermo Germano), del Partido Intransigente (Coco Haimovich, Diego Vergara, y entre otros, quien aquí escribe), del Partido Comunista (Oscar González), jóvenes de la Democracia Cristiana, además de representantes de distintos credos y personalidades locales como la querida Marta Saldias de Uranga, que fuera decana de la Facultad de Comunicación Social desde principios de 1984. Hubo actores de la política de aquel entonces -algunos prominentes- que rotundamente se negaron a integrar el ecuménico organismo. El Ateneo de El Diario cobijó nuestras reuniones y eventos de difusión, tolerando amenazas de bomba que en reiteradas oportunidades recibimos.

Así, en aquellos años aún de dictadura (comenzaban los ‘80) y en los albores de la democracia, nos opusimos a las normas que el propio régimen dictaba, como aquella famosa “autoamnistía” que procuró la impunidad disfrazándola de un supuesto beneficio para los presos políticos que aún estaban en la cárcel, muchos de los cuales expresamente rechazaron la aplicación de la norma a su situación particular. Por aquel entonces, las causas penales contra los presos políticos eran un cúmulo de irregularidades disfrazadas de proceso, que siempre denunciamos sin éxito por aquel entonces.

Dimos batallas judiciales, en la prensa, en documentos, en la calle. Nos opusimos rotundamente a la aplicación del código de justicia militar y repudiamos cualquier subterfugio legal que significase el olvido o el perdón sin justicia. Nos opusimos en las causas a la aplicación de las leyes de punto final primero y obediencia debida después, con argumentos del mundo del derecho, rotundos, que luego, muchos años después, sirvieron para sostener la nulidad de tales normas en el Congreso de la Nación. Aquí debo hacer un alto: siempre comprendí la fragilidad de nuestra democracia cuando se dictaron tales normas. Siempre comprendí el enorme poder militar que aún estaba instalado en la Argentina cuando Alfonsín manda esos proyectos al Congreso, y en ese contexto que tan bien han descripto escritores como Alain Rouquie, estudiando el fenómeno del poder militar en la Argentina, hay que interpretar y analizar su producción. Esto no es una defensa de esas normas, sino un reconocimiento de que su enorme ilegitimidad estuvo inserta en un contexto de una amplísima debilidad del sistema democrático que hoy felizmente hemos superado.

Hemos peleado en su momento contra el indulto, con solicitadas como aquella que atesoro entre lo documentos de los ‘90, y con la mayor movilización -y la más emocionante- que en las calles de Paraná hubo en los últimos 30 años. Desmontar el aparato represivo en Argentina, deslegitimarlo, hacer de la defensa de los derechos y garantías una bandera, costó muchos años, porque la herencia de la represión fue enorme en lo político, cultural, económico, simbólico, estaba arraigado el miedo y consolidado un concepto de Estado terrorista que se erguía amenazante hasta fines de los ‘80 y comienzos de los ‘90.

Quienes tenemos la tranquilidad de haber acompañado no sólo por la consolidación del sistema, con miles de hombres y mujeres en este país, sino también por la defensa irrestricta de las garantías, aunque esto no resulte simpático para aquellos que reclaman ley y orden, cárcel y palos, nos sentimos hoy con la libertad de aportar en la construcción de normas defensivas, sin complejos ni sobreactuación alguna. Podría decir, luego de una historia de vida y 30 años de profesión, transcurriendo más de la mitad de mi existencia, que en Paraná y en Entre Ríos cada uno sabe quién es quien y qué hizo y qué conducta tiene para sostener sus principios.

Es necesario bregar siempre por aclarar lo que es el terrorismo de Estado y el porqué de la existencia de los llamados delitos de “lesa humanidad”, frente a los cuales en el mundo se viene construyendo desde hace muchos años (post guerra) la teoría de su imprescriptibilidad, es decir, su posibilidad de juzgamiento aunque pasen los tiempos comunes que son garantía en la aplicación del derecho. Es que la humanidad, precisamente, se defiende de los exterminios, de los terrorismos implementados desde los Estados, asegurando el juzgamiento sin que el transcurso del tiempo vaya en desmedro de la posibilidad de justicia. El remedio necesario es tan grande que frente a la lesión más enorme aun de los bienes jurídicos que se protegen (la vida esencialmente) no hay tiempo para su juzgamiento y así debe ser.

En el artículo que nos ocupa, lo dejamos establecido en modo rotundo, diciendo hacia atrás y hacia adelante: “Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública. Queda prohibida la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político”…

Para las situaciones que no traten de delitos de lesa humanidad, sino de participación en lugares de responsabilidad en época de la dictadura, se estableció que: “Es condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber desempeñado a partir del 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto”. Al colocar esa disposición refiriéndonos a la idoneidad para el acceso a la función pública, se saldó un debate que el anterior texto había suscitado y se mejoró el artículo en general.

En fin, sostengo que la democracia no hizo poco por los derechos humanos. Con avances y retrocesos, los escalones subidos son de gran valía, y han sido posibles porque las organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron la batalla de ideas en la calle y en los fueros, logrando que la población y los partidos las tomasen dentro de sus postulados fundamentales. Difícil resulta creer hacia el futuro que algún político pueda prestarse a colaborar con un gobierno sedicioso. Ese aprendizaje tiene en su base mucho sufrimiento, mucha sangre derramada.

(*) Convencional constituyente Frente Justicialista.

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