L. D.

El martes de la semana pasada se conoció una noticia que se veía venir: el gobierno nacional decidió la puesta en marcha de un nuevo sistema de administración de los fondos federales destinados a la construcción de viviendas sociales. Antes, eran los gobiernos provinciales los que recibían esos recursos, que eran administrados por los institutos de vivienda y unidades ejecutoras de cada distrito y, en el caso de algunos programas, por consorcios constituidos en distintas zonas del territorio. Ahora, será el gobierno nacional directamente el que le pague a los contratistas, sin que los fondos pasen por las provincias.

“Los recursos son de Nación y ahora se van a controlar más”, explicó escueto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando fue consultado al respecto por la prensa durante la visita del presidente Mauricio Macri a la ciudad de Paraná. “Ahora hacemos menos anuncios y más obras”, acotó.

Las pocas palabras del funcionario dejaron entrever dos cuestiones: una, la existencia de irregularidades que hicieron necesaria la instrumentación de controles; la otra, la intención no de hacer borrón y cuenta nueva, pero sí de concentrarse en que las obras en marcha continúen avanzando, más que en salir a hablar sobre presuntas anomalías.

Aunque desde Cambiemos no se quieran cargar las tintas, las desprolijidades existen. ANÁLISIS pudo reconstruir una trama que, si bien se repite en otras provincias, en Entre Ríos tuvo sus particularidades, especialmente en relación a la constitución de consorcios que administraron los recursos correspondientes al denominado Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

Amigos y familiares de funcionarios y dirigentes políticos entre los beneficiarios, adjudicatarios que no cumplen los requisitos mínimos para la asignación de una vivienda social, construcción de barrios en terrenos no aptos, casas con menos metros cuadrados de los que corresponden, problemas constructivos de todo tipo, sobreprecios, fondos que faltan y viviendas que deberían estar pero no se hicieron, son algunos de los problemas detectados en las distintas ciudades y pueblos.

Hay una auditoría en pleno desarrollo que lleva adelante un equipo de abogados de la Secretaría de Vivienda de la Nación, pero está demorada porque en la pesquisa fueron apareciendo cuestiones cada vez más gruesas. Es que, al parecer, en busca de encubrir todo lo anterior, se alteraron expedientes y hasta se arrancaron fojas, lo que complejiza aún más la revisión que pretende saber sobre el manejo de los más de 1.800 millones de pesos destinados a Entre Ríos.

Atrincherados en los consorcios

Ante las irregularidades detectadas apenas producido el cambio de gobierno en las distintas localidades, la nueva administración nacional tomó dos decisiones. Primero, se definió encarar la auditoría de todo el programa, para lo cual se designó en la provincia a un arquitecto de Villaguay, Luis Uriona, cercano a Frigerio, que es quien coordina la tarea junto a abogados y profesionales de distintas áreas de la Secretaría de Vivienda de la Nación.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del 27 de abril de 2017)