Antonio Tardelli
El millonario desfalco que durante una década tuvo como escenario la Legislatura de Entre Ríos, motorizado o consentido por políticos y burócratas de diferente rango, permanece absolutamente al margen de la discusión pública provincial. Los precandidatos a gobernador no mencionan el asunto. El Poder Judicial se entretiene en diligencias administrativas que poco contribuyen al esclarecimiento del caso y a la determinación de sus responsables. Ocupada en la coyuntura, la prensa relega las novedades de una investigación que se diluye en el olvido. La desmemoria hace su labor. En pocas semanas se cumplirán dos años desde el momento en que la Justicia Federal de Paraná desató un conflicto de competencia que suspendió el trámite de elevación a juicio. Si fuera cierto que lo que no aparece en los medios (porque no está en los tribunales ni en la política) no existe, habría que llegar a la conclusión de que el asalto a los recursos de la Legislatura de Entre Ríos nunca existió. Nunca jamás.
El tiempo torna improbable la posibilidad de que los tresvicegobernadores que presidieron el Senado durante el período investigado (José Cáceres, José Lauritto y Adán Bahl) expliquen en sede judicial si conocían algo de una maniobra que comprometía a mucha gente. De hecho, los imputados son 32. En su momento, el Ministerio Público Fiscal afirmó que la autoridad política había suscripto los vínculos laborales “sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”. La operación, que evidentemente contó con la complicidad de legisladores de la oposición, supuso la detracción de una impresionante cantidad de recursos: a valores actualizados, según una pericia, 37 millones de dólares. Según otro cálculo que consta en el expediente, se trata de una suma mayor: 53 millones de dólares.
Es inaudito que el caso no ocupe ni siquiera un mínimo porcentaje de las intervenciones públicas de candidatos que dan por supuesto que las futuras gestiones deben estar signadas por la decencia. La operación consistía en la contratación apócrifa de prestanombres que apenas si percibían una mínima porción de la remuneración que figuraba en los documentos. Un grupo de recaudadores de vínculo estrecho con los directores de los servicios contables de las cámaras de Diputados y de Senadores se encargaba de reunir el dinero que luego ascendía en la jerarquía administrativa y en el escalafón político. Pero en el debate público entrerriano el escándalo de los Contratos Truchos no es mencionado ni al pasar.
(Más información en la edición gráfica número 1140 del jueves 18 de mayo de 2023)
