De ANÁLISIS

Era junio de 2010 y el clima estaba muy tenso en Gualeguaychú. Después que los asambleístas denunciaran su intención de denunciar al Gobierno nacional como partícipe necesario de los delitos de los que los acusó Aníbal Fernández, la Casa Rosada dio luz verde a la presentación judicial contra quienes bloqueaban la ruta hacia Fray Bentos, a la altura del histórico Arroyo Verde, símbolo de la protesta contra la empresa UPM Botnia, instalada en la localidad uruguaya.

La propia jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner fue quien rubricó el decreto que habilitaba la denuncia contra los ambientalistas, para llevarlos al levantamiento del corte que estaba instalado hacía más de 3 años. Un tiempo antes, el propio Néstor Kirchner había apoyado fervorosamente la lucha ambiental iniciada en 2003, en un acto nacional desarrollado en el corsódromo de Gualeguaychú, con la presencia de todos los gobernadores del país. “Esto es causa nacional”, dijo enérgicamente Néstor Kirchner.

El 9 de junio de 2010, el Gobierno nacional decidió enviar a personal de Gendarmería nacional para que levantara el corte de Gualeguaychú, luego que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, dictaminara que había que garantizar la libre circulación en la ruta hacia Uruguay, bloqueada por los asambleístas. El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que el Gobierno nacional iba a ser cumplir la ley a través de las fuerzas federales, dentro del marco  del estado de derecho. “La orden del magistrado es clara y contundente, no hay más espacio para mantener la ruta cortada”, dijo Alak.

“El levantamiento del corte fue un tema tremendo para las discusiones dentro de la asamblea. Si bien el primer planteo del Gobierno fue que demos la posibilidad de negociar, la asamblea se puso de acuerdo pero se aceptó el levantamiento transitorio del corte para ver si había una respuesta de salida. En poco tiempo nos dimos cuenta que esto no era trigo limpio y se volvió al corte. Ahí empezó el debate adentro de la asamblea, corte sí, corte no”, recordó Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualegauychú. “Las mujeres las más aguerridas y en un momento fueron agredidas. Eso hizo que se reviera la situación y se empezara a definir. Había que aguantar el corte las 24 horas, los 365 días del año, más las presiones. Estábamos con espías dentro del movimiento, había carpetas de cada uno de nosotros, teníamos intervenidos los teléfonos. Todo fue desgastando el movimiento y era a lo que ellos apuntaban. Hasta que la gran asamblea votó y ganó el levantamiento del corte por muy pocos votos para la cantidad de gente que participaba. Fue una votación viciada, fue gente a votar que no sabía dónde quedaba Arroyo Verde”.

Ana Angelini, abogada e integrante de la asamblea, contó que uno de los detonantes fue la denuncia que se interpuso en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. “Hicieron abrir el Juzgado a las 22 para presentar la denuncia. Tanto fue el apuro que tuvieron que ratificarla días después porque el abogado no tenía ni poder. Fue una presión muy grande. Nos sentimos denunciados penalmente como delincuentes, fue muy fuerte”, describió.

Raúl Almeida, asambleísta apuntó que el corte fue “un gran llamado de atención”. “Creo que en el tema ambiental, a los políticos no les interesa. Veían posibilidades de movimiento y se sumaban, pero si no les convenía sacaban el apoyo”, dijo en referencia a los políticos. “Terminamos discutiendo del corte y no de la contaminación”.

En su resolución, Pimentel recordó que existían tres órdenes anteriores para liberar el Puente General San Martín que no se cumplieron porque el Gobierno consideraba que no era la oportunidad política para hacerlo. Afirmó también que dada las características de Botnia y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Gobierno estaba impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta era considerado desproporcionado e irrazonable.

Osvaldo Fernández,  abogado e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú recordó que la “vía judicial fue una estrategia direccionada a generar temor”. “Hubo una causa que la denuncia comprendía 18 delitos que terminaron subsumidos en uno solo. Llegamos a la máxima instancia penal federal del país. Hubo otro tipo de actuaciones judiciales, con lo cual hubo un total de 60 asambleístas sometidos a persecución penal. Todos resultaron libres de culpa y cargo. Generó zozobra, temor y angustia, una vía de apriete pero contribuyó a tomar una decisión que podría haberse generado de otra manera”.  

“Había gente que te criticaba con mucha dureza. Hubo que digerir todo. Y las presiones políticas, los canales de televisión. Cuando participé en TN, las presiones del poder político, las causas judiciales. De hecho me tocó una solo por declaraciones en TN sobre el acuerdo de Anchorena”, dijo Roberto Marchessini, integrante de la Asamblea.

Desde la Asamblea, afirmaron por esos días que el bloqueo de la ruta 136 estaba más firme que nunca y estaban dispuestos a afrontar un nuevo planteo de desalojo por parte de la Jusdticia, pero la embestida del Gobierno nacional era muy fuerte y no eran pocos los asambleístas apuntados en la querella presentada por el Estado argentino, con nombre y apellido, según fueron notificados personalmente cada uno de ellos por personal de Gendarmería nacional.

“Había acciones para dividir la asamblea que nunca prosperaron, dividir a los vecinos de Gualegauychú. Lamentablemente se tomaron este tipo de acciones de índole judicial. Vino de Buenos Aires en un viaje relámpago el Procurador del Tesoro que fue quien presentó la denuncia. Nos imputaron 18 delitos, eso indica actitud deliberada de generar miedo. Realizamos una defensa que sentó precedentes porque luego sirvió para la defensa de otros asambleístas que protestaban por el fracking en  Uruguay, en la zona de Salto”, apuntó el abogado Fernández. “La Justicia receptó adecuadamente el planteo de los vecinos. En el caso concreto del corte en la Ruta Internacional 136 existió también el aliento de funcionarios”.

“En el acuerdo de Anchorena pactaron no medir nada, dejar todo como estaba, inventando resultados. Aceptaron que el monitoreo se hacía cuando Botnia invitaba en el día, la hora y el lugar que Botnia indicaba. Hoy se mide así, lo que a Botnia le conviene. La historia nos está dando la razón. Dije que pactaron incumplir el fallo de La Haya y violar la soberanía argentina porque lo que hacía Botnia era contaminar el río transfronterizo. Y si no lo iban a medir, era violar la soberanía argentina. Dije que ‘la historia juzgaría a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como traidora nacional. Y ahí se me vino una avalancha de causas judiciales a las que tuve que llevar con abogados de la Asamblea. Me patrocinó Osvaldo Fernández con un equipo de abogados. Armaron un prototipo de defensa. Después de dos años y medio de juicios, la Justicia falló a favor. Fue un momento muy desagradable”, manifestó Marchessini.     

Angelini apuntó que Mujica quería asumir la Presidencia de Uruguay sin el corte. “No sé si en ese momento fue una decisión levantarlo, pero estaba agotado como herramienta. Por más que estaba con la ruta cortada, el tema no se solucionaba. Creo que fue una lucha que rindió sus frutos, porque en vez de instalarse tres pasteras, se instaló una sola. Lamentablemente siguen contaminando, ya sabemos cómo está el río”.

Alazard valoró el daño que hace la pastera. “Mucho daño al medio ambiente, a las personas, al futuro económico de la región y a la salud fundamentalmente. Sabemos que a la larga van a podrir el río, y en la medida que agreguen más pasteras, más deterioro. Sin hablar de todo lo que viene de Brasil, de las poblaciones ribereñas por desechos cloacales, industriales. Si no actuamos, va a ser terrible. Los jóvenes y los hijos de los jóvenes van a sufrir en forma tremenda. Hoy en día, están percibiendo la contaminación atmosférica que hasta hoy no logramos que la midan. El punto de más contaminación es la costa Uruguay Sur. Se pusieron de acuerdo para poner sensores y hasta hoy seguimos esperando. Nos mintieron tantas veces que uno realmente se deprime porque cuánto tiempo vamos a tener que seguir en esto. Hay que usar otros métodos, y la fuerza mengua con los años”.

Denunciados

Los asambleístas fueron denunciados penal y civilmente ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. La denuncia de la Casa Rosada incluía 18 delitos, entre ellos homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad. O sea, delitos con penas que iban hasta los 15 años de prisión efectiva. Significativamente, el mismo gobierno que poco tiempo atrás los calificaba como ejemplo de lucha por los derechos colectivos, pasó a considerarlos sediciosos y delincuentes a quienes cortaban la ruta en Arroyo Verde.

“El tiempo nos ha dado la razón, a pesar que algunos opinan que el gobierno uruguayo es una maravilla, se han dado cuenta que no es tan maravilla y que tienen lineamientos que los siguen a pesar de ser de diferente color partidario. Ahora lo están demostrado con esto de UPM2, que van a partir el Uruguay al medio y las consecuencias que van a traer van a ser realmente catastróficas. Pero no obstante se continúa adelante, ellos continúan adelante. Y lo mismo nos ocurrió a nivel nacional. No nos olvidemos la ley de la madera que el gobernador Gustavo Bordet la defendía a muerte y con el codo la borró, y hoy las exportaciones subieron un 5% respecto al otro período en puertos entrerrianos porque sobre todo se está exportando madera sin procesar, a la cual China le da valor agregado y nos vende después a nosotros ciertos elementos como casas y demás que después algunos compran. Para que ganen ellos, den trabajo ellos y acá no ocurra lo mismo”, valoró el asambleísta José Pepe Pouler.

“Tuve hechos cinco hechos concretos en los cuales la prefectura uruguaya me persiguió. Estábamos solos. Incluso llegaos a enfrentarnos con nuestra Prefectura porque en vez de tirarnos una piola, nos seguían a nosotros. Todo el sistema de vigilancia que está en el río Uruguay se instaló por nosotros, no para controlar los movimientos ilegales de Botnia”, acotó Raúl Almeida, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualegauychú.

Roberto Marchessini, también asambleísta, recordó cuando estuvo en TN y le avisaron directamente desde la Casa Rosada que iba a “tener problemas” por sus declaraciones al periodismo. Él había referido que la entonces Presidenta Cristina Kirchner había traicionado a la Patria por el acuerdo en la estancia presidencial uruguaya Anchorena, con el gobierno de José Pepe Mujica.  

Días después, y luego de varias horas de debate, la asamblea decidió levantar durante 60 días el corte de la Ruta Internacional 136. Más de 700 ciudadanos debatieron durante varias horas, casi hasta las 24. Hubo 87 votos de diferencia a favor de la flexibilización del corte. La asamblea decidió abrir canales de diálogo con los gobiernos para establecer un monitoreo sobre la base de la planta pastera. No abandonaron la ruta sino que se ubicaron a los costados, a la espera de respuestas que nunca llegaron.

“De a poquito encontraron la forma de ir socavando la lucha ambiental e ir ganando posturas. Cuántas cosas hizo Botnia para ganar la conciencia de los fraybentinos y los convencieron que era más fácil morir de contaminación que cagarse de hambre. Todo eso fue enrareciendo el ambiente”, recordó el asambleísta Martín Alazard.

Los asambleístas sintieron las presiones del Gobierno nacional, como nunca les había pasado en más de tres años de lucha permanente en ese lugar. También sintieron el cansancio y la impotencia ante las promesas incumplidas del Gobierno nacional y la apatía del Gobierno uruguayo que poco le importó el grito de Gualeguaychú.

“La política es la que maneja todo y los corruptos hicieron que nuestro movimiento fracasara. Pero mientras duró fue visto por todo el mundo”, asentó Pouler.

El abogado Osvaldo Fernández recordó que “la continuidad de la lecha terminó desgastando”. Pero marcó que las herramientas en contra de los asambleístas atentaron con sus reales derechos, dado que se trataba de “vecinos que ponían pasión, voluntad y ejercicio de los derechos ciudadanos básicos en defensa del medio ambiente”.

La instalación de la pastera Botnia UPM hizo demasiado daño al medio ambiente de la costa del río Uruguay pero también a la relación entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Ambas ciudades no recuperaron nunca el vínculo que tenían antes de la llegada de la empresa finlandesa a la ciudad uruguaya.

“Fueron cinco o seis años de corte de ruta. La historia dijo que teníamos razón, pero dentro de la ciudad no teníamos el mismo apoyo de los primeros años”, apuntó Marchessini. “Llegó el momento que una mitad estaba a favor del corte y la otra mitad en contra”.

La abogada Ana Angelini contó que “en un momento se denunció a 10 personas pero después se llegó a imputar a 56 personas”. “No tenían fundamento. Hubo una cuestión política por atrás de apaciguar el tema, morigerarlo. Se impuso el monitoreo ordenado por el Tribunal de La Haya. Lo que se logró en ese tribunal, se desarmó en un acuerdo político”.

Lo que sucedió fue el fracaso de los referentes políticos de uno y otro país. Nunca se pusieron de acuerda y jamás les importó demasiado, salvo honrosas excepciones, el costo que iba a existir en la región por el desembarco de la pastera Botnia UPM, la historia recordará a un pueblo valiente que luchó por su medio ambiente y seguramente no olvidará a sus gobernantes que posaron para la escena, prometieron lo que nunca cumplieron y terminaron coaccionando a los pobladores para que levanten la protesta. Sí, a los mismos que años antes alentaron para que no cedieran en su lucha.