De ANÁLISIS

La destituida procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, brindó un extenso reportaje al programa En el dos mil también (Radio De la Plaza) este jueves por la tarde. Habló de los proyectos de creación de una Fiscalía Anticorrupción, las intenciones de reforma al Consejo de la Magistratura y el Código Procesal Penal de Entre Ríos, del actual Gobierno del Superior Tribunal de Justicia y respondió a declaraciones públicas del exgobernador Sergio Urribarri.

“No me reuní con (Rogelio) Frigerio en relación con ninguna actividad que tenga que ver con mis funciones”, subrayó, al responder las manifestaciones del exgobernador Sergio Urribarri quien, tras la condena, dijo que a Goyeneche la denunciaron dos abogados que no tienen que ver con él y que ella se reunió con el exministro del Interior del macrismo.

La procuradora destituida se mostró convencida que la restituirán en su cargo. Aseguró que lo sabe ella y los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Fue tajante al oponerse al proyecto que buscar reformar el Consejo de la Magistratura y señaló un hilo conductor entre esa iniciativa, la creación de la Fiscalía Anticorrupción y las intenciones de modificar el CPP entrerriano.

“Lo ideal es dispersar la responsabilidad”

Cuando fue consultada sobre la reciente sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de creación de la Fiscalía Anticorrupción, afirmó: “Es un fiscal Anticorrupción acompañado por dos fiscales auxiliares que son de primera instancia, es un rango muy bajo. La idea es que el responsable de todas las investigaciones de corrupción en la provincia es una sola persona, se convierte en blanco de mucho hostigamiento. El modelo que entiendo ideal debería evitar esto que termina generando procesos de destitución, o que las personas se quieran ir del lugar, o procesos de corrupción”.

La procuradora adjunta destituida puso a Guatemala como ejemplo. “Pienso en otras experiencias. En Guatemala cuando la ONU estableció una comisión para investigar y juzgar la corrupción, crearon hasta jueces especiales para juzgar estos casos y hoy están exiliados o presos. Si pensamos en la criminalidad compleja, de mafias o crimen organizado en general, se sufre lo mismo. Lo ideal es dispersar la responsabilidad, que haya muchos investigadores de corrupción, no pocos. Entonces es más difícil atacar”, alertó.

Puntualmente sobre el proyecto que el miércoles sancionó la Cámara Baja, Goyeneche aseguró: “En este proyecto salió favorable que el fiscal Anticorrupción pueda delegar las investigaciones. Porque hay mucha administración pública dispersa y lo idea es que investiguen fiscales que están cerca”. De inmediato opinó sobre la idea original de que el nuevo fiscal anticorrupción se quede con todas las causas en curso (algo que finalmente quedó descartado en el proyecto de Diputados). “Eso hubiera implicado un colapso. Empezaría con todas las causas en trámite a conocerlas, es una situación de crisis”.

Pese a las modificaciones que recibió la iniciativa en el tratamiento legislativo, Goyeneche advirtió: “El proyecto sigue teniendo cuestiones que hay que ver. Dice que no se pueden nombrar funcionarios provisorios hasta que no esté el titular, que no se puede nombrar un fiscal anticorrupción. Hay que ver qué va a pasa con esto, porque la Constitución dice lo contrario, que el procurador tiene la atribución de nombrar los fiscales provisorios. Habrá que ver qué interpreta el procurador, pero en principio parece un artículo inconstitucional. Si se aplicara este artículo, parece que no tendremos fiscal anticorrupción por varios años, porque aunque se llame a concurso pasa mucho tiempo. Algunos duran dos años, otros cuatro, se judicializan porque los candidatos se disgustan con las formas, se sienten perjudicados”.

“Algo insólito”

Así respondió Goyeneche a la respuesta que dio la ministra de Gobierno, Rosario Romero, a la interpelación de la ONU, cuando consultó sobre la situación de Entre Ríos. La ministra de Gobierno habló de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia como “una construcción periodística”.

“Eso es algo insólito pero pertenece a lo que contestó la ministra al relator de ONU que consultaba mi situación. Mencionó a la Fiscalía Anticorrupción como si se tratara de un invento, desconociendo la atribución del procurador de asignar la funciones de fiscal anticorrupción, que es lo que hizo conmigo en 2018, atento al incumplimiento del legislador de crear esta figura. Es sorprendente y no sé qué puede tener de periodístico la asignación de esas funciones, de hecho son las funciones que ejercí y generaron esta situación”, contestó y acotó: “Lo que no existe hasta hoy es el cargo, no podíamos nombrar a un fiscal anticorrupción  y pagarle como tal”.

El funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura es “un sistema sano”

“Esto preocupada principalmente por la iniciativa que está más avanzada, que es la reforma al Consejo de la Magistratura, que viene enlazado a lo que veníamos conversando. La creación de la Fiscalía Anticorrupción no genera mucha alegría si pensamos que, a la vez, se está por dictar una ley que implica una intervención fuerte en el Consejo de la Magistratura que es el organismo esencial para pensar que tendremos a futuro jueces y fiscales independientes. Esto es fundamental, el control e independencia estará dado por un buen Consejo de Magistratura y un buen sistema de destitución.

Goyeneche está convencida del funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura como un buen sistema. Marcó que no así en otras provincias o incluso en el orden nacional, donde puede funcionar como una especie de “maquillaje a la hora de designar magistrados a dedo”.

“Lo importante es que el sistema de selección sea suficientemente correcto y sin intervención de la política y seleccione candidatos que demuestren conocimiento acabado del sistema jurídico. Obvio hay corporaciones con intereses. Pero creo que la forma que se distribuyó el poder en el Consejo de la Magistratura actualmente ha sido inteligente, creo que las organizaciones sociales han sido un soplo de aire fresco. Con otras miradas y aportes. Estuve cuatro años y he visto cómo fluye la comunicación y la toma de decisiones. Siempre tuve la percepción de un sistema sano”, aseveró.

Agregó en esa línea que el proyecto actual del oficialismo es “terminar con eso, de asemejarse a otros consejos”. “Tratan de introducir elementos que modifiquen lo que hasta hoy en día fue un modelo de juez formado e independiente, lo que reforman es que la formación científica sobre el sistema jurídico pase a segundo plano. Y ahí tiene importancia otra cosa, cambian el sistema de evaluación. Buscan otro perfil de juez”, advirtió.

“Buscan reformar el Consejo para que no haya otra vez tres jueces que se animen a condenar a un exgobernador”

“El problema no es qué universidad forme parte del Consejo de la Magistratura, sino que si ingresa Uader y Uner se excluye a las facultades de Derecho. Creo que porque el perfil de juez que buscan no es un perfil de juez profesional. Si yo busco un médico, busco el médico más especializado. Es el modelo de juez que defienden los representantes de las universidades de derecho. Otras universidades pueden tener representación, pero no mejora el sistema. ¿Por qué modificar un sistema cuando no hay necesidad ni genera problemas?”, preguntó.

De inmediato observó “una relación clarísima entre la reforma del Consejo de Magistratura, el CPP y la creación de la Fiscalía Anticorrupción. De las tres cosas, el hilo conductor es la conformación de un futuro fiscal Anticorrupción, menos independiente. A eso está orientada la reforma de Consejo, para que no haya otra vez tres jueces que se animen a condenar a un exgobernador”, advirtió.

En la misma línea agregó: “Los artículos que se reforman pretenden recortar atribuciones de fiscales. Prohíben a fiscales entrevistar a testigos de manera informal, recabar información para que pueda seguir. Proponen que las entrevistas que hacen fiscales sean con todos los abogados de parte. Eso hace que las investigaciones sean más lentas, que la información que tiene el fiscal esté intervenida, que no se pueda conocer tanto. Si eso hubiese sido en la causa contratos, donde tomamos 200 o 300 entrevistas en dos meses, hubiese sido imposible”.

Fallo Cozzi

Para Goyeneche, el fallo Cozzi “fue una de las tantas maniobras que se fueron dando para favorecer la impunidad, fue un mes después que me suspenden dictan eso”. “Nunca se hizo el pedido de prórroga que reclamó el abogado en el fallo Cozzi, en 14 años. Funcionaba como un acuerdo entre fiscales y jueces. Nadie lo vio como incorrecto, en especial porque se tomaron atribuciones que no tienen los magistrados de Entre Ríos. Es materia de Nación. Me gustaría saberlo por qué se descubre esto solo en una causa de corrupción y por qué en esta causa y no en otras”, razonó.

“El abogado que lo planteó, nunca lo había hecho en las causas anteriores. Además, fue juez de garantías y tampoco lo dispuso. Había un acuerdo, un consenso del sistema. Esto cambia en el contexto histórico y sólo se busca ganar tiempo, que es lo que pasará. El planteo en la causa Cardona Herreros terminó porque el juez Elvio Garzón revocó el sobreseimiento que dictó Mauricio Mayer. Pero seguirán con recursos hasta que la Corte diga lo contrario. Eso es tiempo y litigiosidad”, dijo.

Supuesta reunión con Frigerio

“Ellos hace mucho tiempo pretenden vincularme con un sector de la política como si tuviera militancia o interés en favorecer un sector. Es el argumento más fácil. Durante mucho tiempo dijeron que soy amiga de la exviceintendenta Josefina Etienot, que mi marido trabajaba con ella. Decían que yo tenía interés, me generaba gracia porque hay un pensamiento mágico por cercanía con las personas a quienes tengo cariño. No me reuní con Frigerio en relación con ninguna actividad que tenga que ver con mis funciones”, declaró.

“Una falacia”

Goyeneche contestó a la comparación que Urribarri hizo de su propio proceso y condena con la acusación contra Cristina Fernández en la causa Vialidad. “Varias jornadas le está tomando a Luciani y sus colegas analizar la prueba. Como aquí a los fiscales. Las 12 horas que estuvo el juez Chemez resumiendo el por qué había que condenar a Urribarri. Hay puntos en común y son las investigaciones por corrupción a personas que no han perdido el poder”, marcó.  

“El primer paso de todos estos proceso de persecución a investigadores ha sido denostarlos en lo personal, privarlos de valor a partir de cuestionarlos personalmente, una falacia”, subrayó.

Además se mostró “optimista en lo personal, el retorno va a pasar”. “Lo sé yo, lo saben los jueces del STJ y creo que los legisladores. La sentencia de destitución es inválida y el procedimiento fue viciado”.

 Por último se refirió a la actual administración de justicia. “Tengo que depositar el optimismo en las generaciones  futuras. No soy optimista con quienes gobiernan el Poder Judicial. No hacen nada por mejorar la independencia de jueces y fiscales. Lo que se avizora a corto plazo no es bueno. Pero conozco a muchos magistrados que trabajan de buena fe y quieren algo mejor. Todo va a depender de lo que pase con ley del Consejo de Magistratura, si sale la ley como lo previeron, tenemos que olvidarnos de una justicia mejor”, cerró.