Abusadas, torturadas y asesinadas: el drama de mujeres y niñas wichis en Salta

El caso de una nena de 12 años de la comunidad wichí de Santa Victoria Este, que fue atacada a principios de mes, pone el foco en una situación reiterada que sufren las mujeres y niñas originarias de esa zona. En enero y febrero otras dos niñas fueron asesinadas.

La violencia y abusos sexuales contra las mujeres y niñas de los pueblos originarios en el noroeste argentino es una situación que se repite desde hace años. Sin embargo, en el último tiempo se visibilizó y puso en evidencia una situación dramática. Solo en el departamento de Rivadavia, al norte de Salta en el límite con Bolivia, se registraron 27 ataques, tres pudieron hacer la denuncia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, la violencia hacia mujeres y diversidades indígenas se evidencia con un nuevo caso que demuestra el desprecio por el género, sino también el odio racial y étnico.

Semanas atrás, una nena de 12 años de la comunidad wichí de Santa Victoria Este, en Salta, fue atacada a golpes y permanece internada con signos de abuso sexual. El caso evidencia la realidad que viven esas mujeres y niñas. Camuflado bajo la excusa de prácticas históricas o culturales, en esa zona se reitera la violencia y los abusos sexuales por parte de criollos, a los que a veces también se suman los hombres de las mismas comunidades. Una violencia que se profundiza al no tener acceso a la justicia, por desconocimiento, por la distancia que generan el lenguaje, pero sobre todo por la discriminación y maltrato de funcionarios y funcionarias.

El 4 de noviembre, la madre encontró a la nena a menos de 100 metros de la Escuela 4670 de Bajo Grande. Estaba tirada, golpeada, tenía heridas de exposición ósea en la cabeza, marcas en las piernas y sangrado en la zona genital. La trasladaron en un vuelo sanitario al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, a 160 kilómetros de su pueblo. Allí, le aplicaron los protocolos para casos de abuso sexual infantil y continúa internada. Por el ataque se investiga a un menor, que fue detenido y luego liberado, y a otros tres adultos.Tras la agresión, se presentó una proyecto para incluir la modalidad de violencia a mujeres indígenas en Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Si bien desde el hospital no pueden dar información sobre el cuadro de salud de la pequeña por disposición de la justicia, fuentes gubernamentales le confirmaron a este diario que permanece estable en proceso de recuperación. La causa, que está bajo secreto de sumario, está a cargo del juez de la Sala II del Tribunal de Juicio con competencia en Menores de la ciudad de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, que investiga el delito de “lesiones graves y presunto abuso sexual”.

El caso se enmarca en un ataque sistemático a las mujeres y niñas originarias de Salta. En enero, se conoció el femicidio de Pamela F., de 12 años, también de la nación wichí, que fue encontrada en la Ruta Nacional 81, cerca del acceso a Pluma del Pato. Por el femicidio se detuvo a un adolescente de la comunidad y se investiga a un criollo. Meses después, en marzo, el cuerpo de  Florencia T., de 14 años, fue encontrado en las cercanías de la Ruta Provincial 5 en Pichanal, Orán. La nena, que vivía en condiciones de extrema pobreza, era huérfana de madre y había sido abusada años antes. Por el femicidio se investiga a un criollo. En 2015, se conoció el Caso Juana, otra niña wichí de 12 años con discapacidad mental, que fue violada por un grupo de ocho criollos en Alto La Sierra, Santa Victoria Este. Seis años después, en 2021, se inició una campaña solidaria para cercar la vivienda de la familia ante las amenazas y para denunciar el abandono del Estado provincial.

La enumeración es dolorosa. En Santa Victoria Este, perteneciente al departamento Rivadavia, la luchadora wichí fallecida Octorina Zamora relevó durante este año 27 casos de ataques sexuales grupales. Solo en tres casos pudieron hacer la denuncia. Octorina fue una militante por los derechos humanos y especialmente por los derechos de las mujeres e infancias wichí que falleció en junio de este año. Fue una de las primeras voces que reclamó públicamente la reparación del daño causado por los abusos de los criollos a niñas y mujeres indígenas llamado por algunos sectores “chineo”. A principios de 2022 después del femicidio de Pamela F., Octorina impulsó un grupo de trabajo con personas de distintos sectores del Estado. Se armó una Mesa interministerial en el que jueces y fiscales se acercaron a la comunidad para escuchar los casos, algo que no continuó.

El delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Salta, Gustavo Farquharson, recordó ese episodio y explicó que una de las situaciones que agravan el problema es el acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas. “Cuando fue el femicidio de Pamela, se hizo una asamblea de mujeres y  la comunidad hablaba de la desinformación y de no saber a dónde acudir para acceder a los servicios de la justicia. Se necesita que los mecanismos del Estado tengan más presencia territorial”, afirmó en diálogo con este diario.

La directora de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, Isabel Soria, también valoró el trabajo de Octorina tras las denuncias. “A través de esta mesa se logró recibir más de 25 denuncias de mujeres en Pluma de Pato y se logró que vayan jueces y fiscales al territorio a escucharlas. Hoy eso ya no existe. Funcionó cuando ellas se sintieron cómodas y protegidas en su hábitat. Esto fue este año, pero no tuvo continuidad en la Justicia en este tema. Es lo que buscamos que sea la Justicia la que se acerca a estas comunidades para tomar las denuncias desde otro espacio”, dijo en diálogo con elDiarioAR.

Soria se quejó del accionar del poder judicial en general, que también se repitió en el caso de la nena atacada este mes. “Se ha pedido intervención porque hasta el momento en que se había involucrado la Secretaría de Justicia, no había intervenido la justicia ordinaria. Se hicieron los informes y se mandó a las asesorías y fiscales y de ahí se empezó a intervenir. Hablamos de la lentitud: si no hay denuncia no actuamos. Esas son las cuestiones con las que tenemos que lidiar desafortunadamente a falta de la perspectiva de género que existe en la justicia”, indicó.

La carga del racismo

En los primeros días de noviembre, después del ataque a la nena, la senadora nacional del Frente de Todos Nora Giménez presentó el proyecto de ley de Protección Integral de las Mujeres Indígenas “Octorina Kajianteya Zamora Niyat”. La iniciativa, que se venía trabajando con anterioridad, propone la modificación de cuatro artículos de la Ley Nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para incluir la modalidad específica de violencia que sufren las mujeres, adolescentes, y niñas indígenas en sus diferentes formas.

Desde el Inadi acompañaron la medida para que se sume también la perspectiva de los pueblos originarios. “Se debe incluir no solo desde los mecanismos de justicia, sino también desde las políticas públicas. En lo personal también pienso que se debe modificar en el Código Penal, se tiene que tipificar y debe haber una figura que agrave las penas en caso de abuso sexual y violencia de género de mujeres y niñas indígenas. Cuando hablamos del abuso de un criollo sobre una mujer indígena está la carga de racismo y de dominación de un pueblo sobre otro”, explicó  Farquharson.

El presidente de la Fundación Volviendo a Casa de Tartagal, Marcelo Nieto, dijo que en este caso hay interseccionalidad de violaciones de derechos “porque son distintos, varios y más de uno”. “Primero porque se trata de una niña de género femenino, la segunda es que se trata de una población empobrecida con escasos recursos económicos que vive cerca de la miseria. La tercera es que se trata de una nación originaria que se encuentra en disparidad con respecto a los criollos del pueblo. Acá probablemente uno de los involucrados es menor de edad, entonces también se puede decir que hay una falta de Educación Sexual Integral en las escuelas de la comunidad”, dijo.

Otro de los derechos vulnerados en este caso fue el de preservar la identidad de la víctima y su familia, ya que diversos medios divulgaron su imagen. Desde el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia denunciaron que “las indagaciones a sus familiares procuran transmitir detalles escabrosos del hecho que perjudica a la víctima, a su familia y a su comunidad, así como impacta en la  sensibilidad de las audiencias, que tienen derecho a estar protegidas de la reiteración abusiva de contenidos violentos y perturbadores”.

Según los indicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salta es una de las provincias con peores índices de violencia hacia las mujeres y de femicidios.

Según los indicadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salta es una de las provincias con peores índices de violencia hacia las mujeres y de femicidios. “Suena feo lo que digo, pero tenemos que agradecer que la niña sigue con vida. Tenemos casos como el de Juana que fue atacada por ocho hombres. El abuso sexual en las infancias en el Norte del país desgraciadamente es moneda corriente”, agregó el abogado de la fundación.  Un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, indica que entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022 se registraron 300 femicidios, 7 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones. Salta está en el quinto lugar con 13 femicidios, en los primero puestos están las provincias con mayor densidad poblacional por lo que el número es mayor como Buenos Aires (98), Santa Fe (62), Córdoba (28) y Chaco (15).

Ante este escenario, el Colectivo Ni Una Menos se vuelve a movilizar en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El jueves se sumarán a la marcha en Plaza de Mayo a las 15.30 para recordar a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a días de su fallecimiento. Mientras que el viernes a las 17 horas habrá una concentración en Tribunales en la que también se denunciará la detención de las mujeres mapuches tras la represión en Villa Mascardi en octubre.

Farquharson explica que la problemática de violencia de género se agrava en las comunidades indígenas. “Cuesta más que lleguen los recursos del Estado a esos lugares. Es un Estado que no tiene perspectiva indígena, eso lo hace muy complejo porque la barrera idiomática, la del lenguaje y de las prácticas incide en que los mecanismos lleguen más tarde aún. Tenemos funcionarios y funcionarias con falta de comprensión, hoy tenemos docentes denunciados por prácticas discriminatorias hacia la población indígena. Muchas veces se las considera como 'casi humanos'. Todo lo que se hace desde el Estado son parches, no hay una política a largo plazo desde la cuestión territorial. No solo el Estado provincial, también el nacional. Salta no tiene una delegación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, sostuvo.

En octubre pasado, la Cámara de Senadores provincial sancionó una ley que establece la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación en la Administración Pública Provincial. La norma impulsada por el diputado Daniel Leiva y el senador Emiliano Durand  busca capacitar a los integrantes de los tres poderes del Estado para erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes en la administración pública. Algo de lo que los integrantes de pueblos originarios conocen en primera persona.

Sobre el accionar de los funcionarios públicos, Soria criticó a una parte del Poder Judicial: “La justicia necesita salir de las oficinas y particularmente con las mujeres y niñas de comunidades. Me da bronca que todavía no entendemos que si le decís que haga la denuncia vía web, esa mujer no tiene luz, no tiene agua, no sabe lo que es un celular”.

Además, la funcionaria criticó la falta de perspectiva de género. “El poco peso de la ley, las penas que dejan mucho que desear, los fiscales y jueces sin perspectiva de género. No hay un castigo ejemplificador como debería ser y que marque precedente, son tomados incluso como abuso sexual simple, como: 'bueno, la manoseó un poco'.  Eso influye demasiado en nuestras comunidades  y no se toma en cuenta la gravedad de la denuncia y la poca sensibilización por parte de la Justicia. Es absolutamente falso esto de decir que es cultural la violación”, finalizó.

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