El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos volvió a emitir un fallo contra la organización Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, que denunció fumigaciones irregulares en Colonia Avigdor, ubicada en el departamento La Paz, a 165 kilómetros de Paraná.

El 5 de abril de este año, el máximo tribunal provincial declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia emitida por un juez de La Paz, que había considerado inconstitucional el artículo 2º de la resolución provincial Nº 47 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales de la Provincia, de 2004, que establece una distancia de 50 metros para el uso de agroquímicos en lugares donde existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo.

El fallo anulado fue emitido el 16 de marzo por el juez Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de La Paz, Diego Rodríguez.  Tras esa decisión, que fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Susana Medina (en disidencia parcial), los ambientalistas anunciaron que continuarían dando pelea en los Tribunales.

La resolución del STJ que anuló el fallo de primera instancia contó con el voto principal del vocal Carubia, quien calificó el pronunciamiento del juez Rodríguez como “un exagerado activismo judicial” ya que en el caso se “revela de modo inequívoco y evidente un manifiesto vicio de incongruencia entre lo demandado y lo sentenciado”. Antes de convertirse en miembro del Poder Judicial, el titular del Juzgado Civil y Comercial de La Paz fue titular de la organización ambientalista M´Biguá.

La última novedad es que el 1º de junio el STJ rechazó un recurso extraordinario de la organización para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, ahora indicaron que presentaron un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal nacional.

En un comunicado difundido este lunes por la tarde, la organización Basta es basta señaló que van a la Corte para “frenar los agrotóxicos en Entre Ríos”.

“La semana pasada presentamos un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras haber tenido un fallo en contra por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) respecto del amparo ambiental que pedía alejar los agrotóxicos para resguardar la salud de las poblaciones, presentado en febrero de este año, fallando a favor de los demandados (la comuna de Colonia Avigdor y el Gobierno de la provincia) y nos condenó a pagar las costas de un amparo ambiental colectivo con claro intento disciplinatorio, para luego rechazar el recurso extraordinario presentado, tal como era de esperarse”, señalaron.

Además señalaron que irán hasta “los tribunales internacionales si es necesario” y que no bajarán los brazos. “Buscaremos todas y las mejores estrategias para seguir batallando, porque es una obligación moral, un compromiso con estas generaciones y con nuestro tiempo. Mientras conmueve a todo Entre Ríos la batalla de madres con sus hijos cuando el Estado no se hace cargo de los millonarios tratamientos oncológicos, del que sí se hace cargo la solidaridad entrerriana. Pero tenemos que atacar las causas que generan daño genético en la gurisada. En plena emergencia socio-ambiental, seguimos diciendo basta de genotóxicos, basta de cáncer, basta es basta”, finalizaron.

El fallo de primera instancia que defienden los ambientalistas

El 16 de marzo el juez de La Paz hizo lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental interpuesta por Elio Kohan –integrante de la agrupación ambientalista Basta es Basta- contra la Comuna de Colonia Avigdor y, en subsidio, contra el Gobierno de la Provincia por la aplicación de productos agrotóxicos cerca de la localidad.

El juez declaró, solo para Avigdor, la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Resolución Nº 47 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, del 2004, prohibiendo la fumigación terrestre, autopropulsada o de arrastre, con agroquímicos en un radio de 100 metros alrededor de toda las planta urbana delimitada, con más la zona donde actualmente funciona la escuela Nº 60 Domingo Faustino Sarmiento -que está funcionando por ahora en la Fundación Judaica, vinculada al exminsitro de Ambiente del macrismo, Sergio Bergman-.

Además, exhortó al Estado Provincial para que, dentro de un plazo razonable, el cual no podrá exceder de un año, señaló en su resolución, proceda a dar operatividad al artículo 8 del decreto 2239/19 –Reglamentación de la Ley de Plaguicidas-, y ordenó a la Comuna a que dé amplia difusión en el ámbito local a las medidas dispuestas.