Tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se excusaron de intervenir en el amparo que presentó la procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche contra lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento, que en votación dividida el 30 de noviembre de 2021 decidió suspenderla en su función y apartar al Ministerio Público Fiscal de su función de órgano acusador en el jury abierto.

El amparo de Goyeneche fue contra el gobierno, y por eso la Fiscalía de Estado se convirtió en parte de esta discusión. El 25 de enero último la jueza de feria Elena Beatriz Albornoz hizo lugar parcialmente al planteo de la Procuradora Adjunta y declaró «ilegítimo» haber apartado al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora, y convocar en su lugar a fiscales ad hoc, publicó Entre Ríos Ahora.

La magistrada, que sucedió en el tratamiento del recurso de amparo de Goyeneche luego de que en primera instancia interviniera el juez laboral José Antonio Reviriego, dispuso que «el órgano acusador ante el jury dispuesto a la amparista Cecilia Andrea Goyeneche sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General en los términos establecidos por el articulo 11 de la ley 9283». Para la jueza Albornoz apartar al Ministerio Público Fiscal de su función de órgano acusador en el proceso de jury supone afectar «de manera nítida y grave el derecho al debido proceso de la amparista, al establecer órganos encargados para su juzgamiento que no sean los designados legalmente y constitucionalmente previsto, no subsanar este vicio originaria la invalidez de las decisiones que se adopten».

La Fiscalía de Estado, que antes había solicitado a la jueza que “dicte sentencia declarando inadmisible la acción; o a todo evento rechazando in totum la pretensión de la amparista”, apeló el fallo. De ese modo, el jury abierto a partir de sendas denuncias –del abogado Carlos Reggiardo, primero, y de los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después- que le reprochan su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, en particular no haberse excusado por cuanto uno de los investigados, Pedro Opromolla, tuvo relación comercial con Goyeneche, tuvo un giro inesperado. El caso ingresó para su resolución al STJ, tres de cuyos integrantes ya habían sido denunciados penalmente por Goyeneche: Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que firmaron la apertura del jury.

Cuando el amparo llegó en apelación al STJ, Goyeneche recusó a los vocales del tribunal de feria Claudia Mizawak y Miguel Giorgio -el tercero era Bernardo Salduna-: a la primera, por haber firmado la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, y a ambos por un comunicado emitido en diciembre de 2020 por la Sala Penal en la que se reprochó la actuación de la Procuradora Adjunta como jurado técnico en el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces de Garantías. Tres vocales se excusaron de intervenir: Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia -los tres denunciados penalmente por Goyeneche- en cambio Miguel Giorgio entendió que no correspondía excusarse.

Ahora, se integró un tribunal ad hoc para resolver cada una de las excusaciones de Carbonell, Mizawak y Carubia. Lo integran María Gabriela López Arango -integrante de la Sala Primera de la Cámara Laboral-; Faviola María LIvia Bogado Ibarra -también de la Sala Primera de la Cámara Laboral-; Guillermo Leopoldo Federik -integra la Sala Segunda de la Cámara Laboral-; y Emilio Luján Matorras -de la Sala Segunda de la Cámara Laboral-. Esos magistrados se sumarán a los vocales Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone, que deberán resolver, en caso de que se confirmen las excussaciones- el planteo de Goyeneche.