Jujuy: Amnistía Internacional lanzó acción global por la liberación de un abogado de DDHH

Amnistía Internacional lanzó acción global por la liberación del abogado, Alberto Nallar, referente de los Derechos Humanos en Jujuy.

Amnistía Internacional lanzó acción global por la liberación del abogado, Alberto Nallar, referente de los Derechos Humanos en Jujuy.

La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una “acción urgente global” para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar la liberación de Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia esta semana en el marco del “operativo represivo” del gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales (JxC)

En un comunicado, la organización exhortó a Morales a “poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”.

En el texto, advierten que “entre el 11 y 13 de julio, en Jujuy, se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador” y que entre los detenidos se encuentra Nallar, “un defensor de derechos humanos con un rol muy activo durante las protestas en la provincia que vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio”.

El delito por el que el abogado fue detenido el jueves es el de “sedición”.

El pedido de Amnistía se suma al pronunciado ayer por la Multisectorial Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos que se manifestaron en las adyacencias de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de 12 personas; y al repudio de legisladores de Unión por la Patria (UxP) expresado ayer en el Congreso Nacional junto a dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos, publicó la agencia de noticias Télam.

Por su parte, Amnistía indicó que “en el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia”.

En ese marco, la organización lanzó lo que denomina una “acción urgente global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez”.

“En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy”, sostiene la gacetilla.

Según se explicó, la “acción urgente” es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos.

Además, la organización presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Servicio Paz y Justicia (Serpaj) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy.

La presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas.

El organismo internacional recordó que el pasado 15 de junio, “la Convención Constituyente de Jujuy realizó una reforma constitucional de manera rápida y, según diversos sectores, inconsulta” tras lo cual “se desataron protestas que condujeron a represiones policiales”.

“En el accionar de las fuerzas de seguridad se registraron irregularidades y uso excesivo de la fuerza. En la actualidad las protestas continúan”, remarca.

Asimismo, refiere que “desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 130 personas y defensores de los derechos humanos” y que a muchos “se les endilgan diversos delitos que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras”.

El organismo informó también que junto a más de 70 organizaciones, “Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas”.

 

Más reclamos de Derechos Humanos

 

Por otro lado, autoridades de las Secretarías de Derechos Humanos de distintas provincias expresaron hoy su preocupación ante el accionar del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y exhortaron a que “las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho” en la provincia.

En un comunicado difundido hoy, los funcionarios expresaron su “preocupación ante el creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy”.

En el texto se describe que en las últimas semanas en la provincia mencionada ha habido una “criminalización del reclamo y la legítima protesta social, detenciones arbitrarias, formación de causas penales a decenas de militantes y dirigentes sociales y políticos, por participar en manifestaciones populares; inteligencia, espionaje y persecución naturalizada y sistemática contra opositores políticos y referentes de sectores sociales; estigmatización y persecución a comunidades originarias y dirigentes sindicales”.

Además, en el documento se califica como “gravísimo hecho” el ingreso de la policía provincial al edificio de la Universidad Nacional de Jujuy y destacan que ese accionar está “lesionando y vulnerando la condición histórica de la Autonomía Universitaria”, resaltó la agencia de noticias Télam.

En este sentido, consideran que todas estas acciones “son muestras de un avance autoritario del gobernador (Gerardo) Morales y funcionarios judiciales sobre la población jujeña”.

En el comunicado se expresa que merece “una mención especial el avasallamiento de la institucionalidad con la detención del abogado penalista Alberto Nallar”.

En esa línea, se indica que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace hincapié en la falta de democracia cuando son perseguidos los defensores”.

“Duele e indigna que, cumpliendo 40 años de democracia, después del genocidio producido por el Terrorismo de Estado que asoló la Patria, regrese la violencia represiva y la persecución política por parte del Estado”, destaca el comunicado.

En esa línea se añade que “en nombre de Nunca Más, no podemos callarnos frente a esta situación, en defensa de la democracia que supimos conseguir y que la vemos en grave riesgo en la provincia de Jujuy”.

“Pedimos y abogamos para que las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho en la provincia hermana de Jujuy”, concluye el texto.

El documento fue suscripto por Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Delfor “Pocho” Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja; Carlos Goya, director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan; Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe; Clarisa Botto, subsecretaria de Derechos Humanos de San Juan; Marcelo Acosta, director General de Promoción de Derechos Humanos La Rioja; y Erica Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán. También por Daniel Paduán, subsecretario Derechos Humanos Entre Ríos; Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz; Abigail Astrada, secretaria de Derechos Humanos de  Tierra del Fuego; Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos de Catamarca; Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de Chaco; Juan Pablo Fasce, secretario de Derechos Humanos de La Pampa; y Evangelina Saizar, secretaria de Derechos Humanos de Rio Negro; Mario Cugura, subsecretario de Derechos Humanos de Chubut.

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