
J.A.
(De ANÁLISIS)
Mientras se deberá esperar varios años por la resolución de fondo sobre la condena a Sergio Urribarri por corrupción, que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Entre Ríos se seguirá discutiendo en qué condiciones el exgobernador, y su cuñado Juan Pablo Aguilera, deben transitar ese período. Desde el martes, se encuentran encarcelados por la prisión preventiva dictada por la Cámara de Casación Penal de Paraná. En tanto que la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo rechazó el hábeas corpus presentado por los abogados defensores. En los próximos días el pleito judicial continuará: el Tribunal de Juicio y Apelaciones deberá tratar la apelación al hábeas corpus, mientras que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se expedirá en el recurso contra la preventiva. Además, este viernes se conocerá el pedido de encarcelamiento del exministro Pedro Báez.
Hasta el martes, los exfuncionarios tuvieron numerosos reveses judiciales en las sentencias sobre los hechos de corrupción demostrados en la investigación, pero por otro lado habían logrado resoluciones favorables sobre las medidas cautelares que los mantenían alejados de la cárcel. La diferencia ahora, para las próximas instancias, es que Urribarri y Aguilera están presos y dictar una resolución que los libere tendría otro impacto. No es lo mismo un fallo que los mantenga en libertad, que uno que les abra las puertas de la cárcel. Los jueces que deben intervenir tendrán esa presión que antes no existía, más allá de los argumentos técnicos alrededor del peligro de fuga. Y no pareciera haber, a esta altura, una salida salomónica, aunque en materia judicial todo es posible.
El mismo día de la detención de Urribarri y Aguilera, los defensores Fernando Burlando, Javier Baños, Leopoldo Cappa y Miguel Cullen presentaron el hábeas corpus, un recurso que sirve para revertir una situación en la que un ciudadano está recibiendo un trato cruel o degradante de parte del Estado, generalmente en las condiciones de la privación de su libertad. La jueza de Garantías Bacaluzzo lo rechazó por considerar que el hábeas corpus "no es la vía" para el reclamo contra una sentencia de Casación sobre una medida cautelar.
No obstante, los defensores presentaron este jueves la apelación a esta decisión. El juez Alejandro Grippo salió sorteado para tratar esta apelación, mientras se aguarda la fecha para la audiencia. Grippo intervino en marzo cuando los defensores de Urribarri recusaron al juez Elvio Garzón para intervenir en una medida en la causa por Enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, también este jueves presentaron la impugnación extraordinaria contra la sentencia de Casación que dictó la prisión preventiva, ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Los planteos de la defensa en ambos trámites son los mismos, donde inisisten en la situación injusta de encarcelamiento del exgobernador por la inexistencia del riesgo procesal de fuga.
La Sala Penal para tratar esta cuestión, iba a quedar integrada por los mismos jueces que, por mayoría y con un voto en disidencia, le dieron el visto bueno a Urribarri para ir a la Corte Suprema y dejar su condena sin firmeza por varios años. Pero habrá una modificación.
Los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher habían conformado la Sala Penal del STJ en aquella oportunidad hace un mes: Giorgio había votado para rechazar el recurso extraordinario federal, mientras que los otros dos votaron para hacer lugar al pedido de Urribarri. Con la particularidad del cambio de postura de Schumacher respecto de un fallo anterior, que causó una gran polémica.
Ahora, se cree que Schumacher se excusaría de participar por "violencia moral", debido a los pedidos de juicio político que se presentaron en la Legislatura provincial luego de aquel polémico fallo.
Ahora, la Sala Penal para tratar las críticas de la defensa al fallo de Casación por la prisión preventiva quedaría integrada por Giorgio (quien, según su historia votaría por confirmarlo), Carlomagno (quien votaría para revocar ese fallo y liberar a Urribarri), y el tercer vocal debería ser otro integrante de la Sala Civil del STJ: Leonardo Portela (actual presidente del Alto Cuerpo) y Carlos Federico Tepsich.
Sobre los plazos para realizarse la audiencia para debatir el fallo de Casación sobre la prisión preventiva, se estima que sería en la primera o segunda semana de diciembre. Es decir que, salvo una improbable resolución favorable a Urribarri con el hábeas corpus, el exgobernador y su cuñado seguirían por lo menos dos semanas más privados de la libertad.
Será un diciembre inusual en los Tribunales de Paraná. Un mes donde generalmente ya está todo cocinado, con abogados apurando los trámites para que sus clientes tengan definiciones antes de la extensa feria judicial, así como para cobrar sus honorarios de cara a las vacaciones, esta nueva situación mantendrá a la Justicia en el centro de la atención.