Intervención por riesgo ambiental en Puerto Ibicuy por 5 toneladas de azufre

La empresa que obtuvo el permiso de uso de uno de los puertos más estratégicos de la Hidrovía acumuló una montaña de 5 toneladas de azufre a cielo abierto y demoró tres meses en sacarla tras la intervención de la Secretaría de Ambiente. Se trata de Puerto Ibicuy, donde PTP Group prometió invertir 12 millones de dólares. La intervención de la Secretaría de Ambiente detectó la situación irregular y luego de tres meses fue retirado el material.

A fines de marzo, el integrante de la Brigada de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Ángel Melchiori, realizó una inspección en este sector del puerto y se encontró con una montaña de azufre ubicada apenas sobre un nailon negro, a solo dos kilómetros de la zona urbana. Además, a un costado del área de la empresa había una máquina excavadora haciendo un zanjón enorme para desagotar el agua acumulada sobre el suelo hacia una zona baja natural con vegetación, que generalmente se llena de agua cuando el río crece.

El informe realizado por el brigadista motivó un expediente donde se constataron las faltas cometidas por la empresa. Tardaron tres meses en retirar el azufre, que era propiedad de la multinacional de agronegocios Bunge. Según el expediente 3215407, el informe de visita al puerto refiere el azufre estaba en un espacio de 80 metros de largo por 25 de ancho, y tenía una altura irregular de unos seis metros. Lo habían traído desde Brasil en barco y la empresa que lo había comprado era Bunge Global S.A., la multinacional líder mundial de los agronegocios.

El 11 de abril fue la primera intimación de la Secretaría de Ambiente para que informen sobre por qué estaba el azufre en esas condiciones, para que hagan un plan de traslado del material y obviamente que reparen la zanja enorme que habían hecho. Las respuestas y las medidas propuestas por la empresa no terminaban de aclarar lo requerido por el Estado provincial. Decían que el azufre era de Bunge y que no tenían dónde ponerlo.

Ya a fines de mayo propusieron trasladarlo a una pileta de decantación que había en el lugar, pero no entraba todo. Luego prometieron que el 2 de junio no iba a quedar nada, pero llegó este día y el azufre seguía allí. Entonces les dieron siete días para sacar todo o, de lo contrario, les revocarían el Certificado de Aptitud Ambiental. De este modo, en 160 camiones se llevaron todo el azufre a depósitos que Bunge tiene en Campana.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dialogó con la responsable de este expediente, la coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Magister María Concepción Valdez.

—¿Cómo fue la intervención de la Secretaría en relación a lo que sucedió en Puerto Ibicuy?

—A fines de marzo, personal de la Brigada de Respuesta Ambiental, perteneciente a la Secretaría de Ambiente, realizó una inspección de oficio en el predio de PTP Group, ubicado en el puerto Ibicuy. Se detectó el acopio irregular de 5 toneladas de azufre mineral. Aunque el azufre no es considerado un residuo peligroso sino una mercancía peligrosa, el volumen que estaba acopiado podía generar un riesgo ambiental al suelo, agua y aire. En ese marco, se solicitó a la empresa información pertinente sobre planes de contingencia y medidas preventivas. Se trabajó en conjunto con el Puerto Ibicuy, lo que resultó en el retiro de todo el cargamento que estaba acopiado a la espera de ser distribuido.

—¿Se pudo constatar algún tipo de daño ambiental, en el suelo, aire o agua, a partir de esto o eso está en investigación todavía?

—Para poder determinar el daño ambiental y la magnitud del daño, si es que hubo, lo primero que había que realizar era el retiro de todo el material. A partir de ahora, se están realizando todas las diligencias pertinentes para poder determinar el daño, el impacto, si es que hubo, y en ese marco aplicar las sanciones correspondientes que nos permite la normativa provincial ambiental. Primero hay que determinar el daño en ese caso, ver si se puede recomponer el estado que fue dañado, y si no, aplicar medidas compensatorias.

—Según el expediente, había también una zanja que habían realizado en el puerto ¿Eso también fue materia de observación?

—Eso fue materia de observación. Se le pidió a la empresa que cese esa práctica y se le solicitó la recomposición de ese zanjeo que iba hacia un estero. La empresa alude que era para la descarga de agua que ya tenía el predio. Después, la empresa procedió a recomponer esa situación y a informarlo.

—¿Es frecuente este tipo de intervenciones y situaciones en otros lugares de la provincia?

—Es muy frecuente. La Coordinación de Control y Fiscalización y la Brigada de Respuesta Ambiental colaboran en este tipo de intervenciones. La gente está abocada a tareas de fiscalización en el departamento Islas. Suelen encontrarse este tipo de situaciones que se dan de oficio. En ese marco, se inician las tramitaciones y se le pide a quienes ocasionan estas situaciones que se adecúen a la normativa ambiental vigente.

—¿Y hay respuestas o hay resistencia a veces?

—Generalmente, siempre hay respuesta. Todo el mundo trata de adecuarse a la normativa ambiental. Todo tiene un camino administrativo, con distintas idas y vueltas donde se hacen presentaciones, evaluaciones técnicas y se requiere ampliación de información. Pero, en general, tenemos respuesta por parte de quienes ocasionan estas situaciones. Hay habilitaciones ambientales y permisos que se tienen que tramitar para poder realizar las distintas actividades. Todos los proponentes de las actividades tienen que requerir la habilitación ambiental y nosotros procedemos a hacer las evaluaciones y a otorgarlas en el caso que corresponda. Tenemos decretos y normativas provinciales que implican certificaciones ambientales.

Por otra parte, se informó que para quien quiera realizar una denuncia debe escribir al correo electrónico de la Secretaría de Ambiente: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar, donde se debe brindar la mayor información posible, como coordenadas o fotos para precisar el lugar donde está ocurriendo el suceso o para asociarla a otros expedientes que puedan estar en trámite por el mismo problema. La denuncia puede ser anónima o con nombre propio.