El abogado constitucionalista de Paraná, Julio Federik, se refirió a la habilitación de la feria para tratar la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri, donde el STJ terminó otorgándole la libertad tras permanecer 50 días detenido.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Federik advirtió que para poder opinar “hay que estar inmiscuido en el expediente y cuáles fueron los fundamentos y argumentos” para habilitar la feria y explicó que “tratándose de una libertad, la cuestión puede ser habilitada”. “Lo que ocurre, de acuerdo a lo que dice el voto de Giorgio, es que había varias personas anteriores esperando por lo mismo, por eso se dice que hay una violación del principio de igualdad. Pero todos sabemos que el Superior Tribunal es un tribunal político también”, consignó.

Explicó también que “esto es una medida cautelar, no se trata la cuestión de fondo que tiene una condena firme que está en la Corte. Acá lo que se discute, lo que pasó a resolución, es una cuestión vinculada a una cautelar de si se aplica una prisión preventiva o no. Primero la Cámara entendió que no debía aplicarse una prisión preventiva, después Casación resolvió que la prisión preventiva debía aplicarse por una cuestión vinculada al peligro de fuga, y ahora el Superior Tribunal tiene una opinión diferente”.

En cuanto a la situación de la impugnación extraordinaria a la prisión preventiva que ya se había presentado y ya estaba deliberando la Sala Penal con dos votos emitidos, y cuando se habilita la feria, el tribunal de feria lo sustrae del expediente y resuelve rápidamente lo que ya venía discutiendo la Sala Penal, afirmó: “Yo no lo veo bien. La Sala Penal, ante un planteo de libertad, ¿por qué no lo resolvió? ¿Cómo puede ser que haya dos votos y faltara uno? La situación de la libertad tiene que resolverse rápidamente, no me parece para nada que eso haya debido demorar, justamente porque estaban a punto de entrar en feria. Las cuestiones de libertad tienen que resolverse enseguida”.

Por otra parte, refirió que “la sentencia para estar firme no debe tener ningún otro recurso. Acá obviamente la sentencia no está firme, porque con el famoso voto de (Gisela) Schumacher –que fue la que decidió, en definitiva, la cuestión- se habilitó el pase a la Corte Suprema, y ahora esto debe resolverlo la Corte Suprema: o rechaza el recurso o entra al fondo de la cuestión y define”.

En este marco, sostuvo que la discusión por el momento en que debe comenzar a cumplirse la pena “no está en el Código. El Código de Entre Ríos establece claramente que la pena se ejecuta cuando la sentencia queda firme, y si hay prisión preventiva en el medio debe estar justificada, y lo que se cumple de prisión preventiva deberá quitarse del monto de la condena cuando ésta quede firme”.

“Esto es independiente de si me gusta o no me gusta que se haya revocado la prisión preventiva. Acá hay cuestiones que son procesales, hay cuestiones que son de derecho de fondo y hay cuestiones que son de opinión. En la cuestión procesal, aquí lo que se resolvió es una cautelar, una cuestión incidental aparte de la cuestión de fondo que está en la Corte. Si la Corte rechaza el recurso que habilitó el Superior Tribunal de Entre Ríos, no hay vuelta de hoja, se terminó toda discusión y la sentencia está firme. Hasta tanto eso pase, la sentencia no está firme. Sobre la cuestión de la cautelar, si hay peligro de fuga o no es lo que se discute en esta cuestión que tuvo todas estas cosas de que ya la tenía para resolver la Sala Penal, que no lo resolvió, que pasó al tribunal de feria que lo resolvió en horas, son todas cuestiones para discutir y señalar que no se hicieron como correspondía”, apuntó Federik.

También aclaró que “una cosa es la inconstitucionalidad de la resolución y una cosa diferente es que haya habido en el tramite algunas inconsecuencias o algunas cosas que no están de acuerdo al Código, pero son cosas diferentes. Me parece que acá la cuestión jurídica tiene estos bemoles y estas cosas, y tenemos que ser muy claros porque hay cuestiones que podemos discutir y otras cuestiones que no tienen discusión”.

En relación con el Código Procesal, consideró que “a mi proyecto lo han toqueteado bastante y ahora quieren introducirle algunas reformas y sería bueno que se escuchen las opiniones de la gente que sabe”. “Acá cuando me encarga el Código el gobernador en el año 98 y había gente que discutía algunas de las cosas que habíamos planteado, convoqué al ex presidente de la Corte, (José) Severo Caballero, a Julio Maier, el más grande de los procesalistas argentinos, y a cinco autores de Códigos, e hicimos una sesión en el Colegio de Abogados donde contesté cada una de las objeciones, y eso está filmado. Entonces, si hoy quieren modificar ese Código y señalar algunas cosas, que llamen a la gente que sabe. Para una modificación no solamente tiene que hablar la gente que quiere que esto cambie por tal o cual cosa o para que haya determinados intereses particulares funcionando, acá si se va a modificar una ley o un Código, hay que llamar a la gente que sabe del tema”, sentenció.

Consultado por su declaración respecto a que el STJ es un tribunal político, explicó: “El Superior Tribunal es un tribunal al que no se accede por concurso, está así en la Constitución y con los constituyentes de 2008 estuvimos de acuerdo en no modificar eso; al Tribunal lo decide el gobernador, quien designa con acuerdo del Senado, no es un cargo como el de otros tribunales donde se accede por concurso, es decir que hay un componente político no solamente en el nombramiento, sino que evidentemente –y esto surge de toda la historia del Superior Tribunal- hay un ingrediente político que está funcionando ahí. En la parte penal, en el proyecto original del Código no está la actuación de la Sala Penal del Superior Tribunal como un tribunal de última instancia que haga la apertura de la Corte, directamente era la Cámara de Casación. Eso se incorporó a instancias del Superior Tribunal, con lo cual no tengo ninguna duda de que la incorporación de la actuación del Superior Tribunal como última instancia tiene una evidente pretensión de que la última palabra la tenga siempre el Superior Tribunal en todos los casos, que sea el último filtro”.