La presidenta de la comisión de Educación, diputada Blanca Osuna (Frente de Todos Entre Ríos), celebró el avance que la Cámara dio al proyecto de ley que establece una estrategia para garantizar el derecho a la educación ante situaciones excepcionales.

“El propósito de la ley Estrategia Integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas por la pandemia es el despliegue y articulación de políticas  y programas  necesarios para que el derecho a la educación se cumpla”, aseveró la legisladora entrerriana.

Aclaró que las necesidades actualmente son muchas y detalló que el 43% de alumnos y alumnas de los hogares de bajos ingresos alcanza a terminar el secundario, mientras que el 53% de los niños y niñas de menos recursos tienen un desempeño por debajo del nivel básico de matemáticas.

Explicó que estos datos son consecuencia de la caída presupuestaria en términos reales entre el año 2016 y 2017 fue de más del 70% en los programas de conectividad educativa, a lo que se le suman factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19.

 “Con esta ley promoveremos que las trayectorias educativas se cumplan en un esquema teórico, para que el derecho a la educación deje de ser un discurso para convertirse en una realidad”, dijo.

Explicó que con estas acciones se realiza la apuesta más contundente para que haya una escuela más justa que se comprometa por la suerte y la situación de aquellos estudiantes que van quedando en el camino, especialmente en una crisis sanitaria muy compleja como la actual.

La nación asegurará el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”, destacó.

La media sanción implica, fortalecer los dispositivos institucionales, el trabajo de los equipos de conducción y de los docentes, y crear y promover nuevos dispositivos para el acompañamiento de las trayectorias escolares.

Además contempla generar acciones específicas para brindar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades -temporales o permanentes; alumnas y alumnos de pueblos originarios o pertenecientes a comunidades aisladas, en contextos de privación de la libertad y en ámbitos domiciliarios u hospitalarios, propuestas pedagógicas que aseguren su inclusión y les permita su desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos a través de trayectorias escolares continuas y completas, entre otras cosas.

Finalmente cabe destacar que para que los postulados puedan concretarse con éxito, la norma promoverá la acción del Consejo Federal de Educación, la participación social, la intersectorialidad y el seguimiento de los casos.