El Gobierno derogará el DNU 823/21 que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros. Esa norma es la que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el ex presidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el ex presidente Alberto Fernández por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa, publicó el portal del diario Clarín.

Cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete se analizó la cuestión y el 11 de abril finalmente se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos públicos, pero no se derogó el decreto.

El argumento oficial en ese momento era que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no "era necesario" para evitar eventuales irregularidades.

La nueva difusión de chats de los implicados en el escándalo, en el marco de filtraciones de la causa judicial que se le sigue al ex mandatario y a ex funcionarios como Alberto Pagliano, volvieron a reavivar la polémica por la vigencia de una normativa que no prohíbe taxativamente la intromisión de intermediarios en este tipo de convenios.

Desde Nación Seguros, la unidad del Banco Nación que provee las pólizas a organismos oficiales, no consideraban -en ese momento- necesario la derogación del mencionado decreto.

En tanto, en el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzennegger, tienen una visión similar a esta última: por eso insisten con la derogación del citado decreto.

Además de la derogación del DNU 823/21 que generó ese esquema de corrupción con los seguros, Sturzennegger incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional.

Según indicó Clarín, el nuevo decreto que ya está en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, incluye la derogación del Decreto 1187 que firmó en julio de 2012 Cristina Kirchner que obliga a que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.

También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos combustible de la petrolera YPF.

El otro Decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Javier Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales le compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.

Según los funcionarios al tanto del proyecto de DNU, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles deberán hacerse a partir de ahora a partir de licitaciones públicas en las que podrá competir cualquier oferente.