El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, calificó de “muy positiva” la reunión que hoy mantuvieron los representantes de su gremio con el cuerpo de delegados de los sectores dependientes del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y el gobernador de la provincia, Jorge Busti (PJ), y en el que trataron el tema de la tercerización del juego en Entre Ríos. “Le hemos planteado al gobernador la postura histórica de ATE que es que el juego tiene que estar en manos del Estado”, afirmó al respecto. Por su parte, el primer mandatario provincial se comprometió a cumplir con el reclamo del gremio de que el juego debe ser monopolio del Estado al igual que la relación de empleo: “Pretendemos buscar un marco legal para atraer las inversiones privadas sin que el Estado pierda el control del juego y sin poner en riesgo las fuentes de trabajo”, dijo.
Como estaba previsto, representantes de ATE se reunieron hoy con Busti para tratar el tema de la posible tercerización del juego en la provincia. En ese sentido, Massarotti, calificó como “muy positivo” el encuentro, a la vez que señaló que “le hemos planteado al gobernador la postura histórica de ATE que es que el juego tiene que estar en manos del Estado y la relación de empleo también”.
Asimismo, afirmó en declaraciones realizadas a LT14 Radio General Urquiza: “El gobernador ha decidido involucrarnos, y le hemos planteado que estas cuestiones deberían estar establecidas en los pliegos de licitación del casino de Victoria”, a lo cual agregó que la preocupación surge de que esta situación “aparece como una suerte de privatización”.
No obstante resaltar que desde el gremio mantienen la postura de que el juego debe ser monopolio del Estado provincial, el sindicalista, sostuvo que “esto no implica que con el capital privado se invierta en hacer el casino más atractivo”, y señaló que de hecho, el capital privado participa hoy también con las maquinitas tragamonedas, mediante convenios firmados durante la gestión anterior en los que sólo un 10 por ciento de lo recaudado va para el Estado.
En ese orden, el gremio solicitó al gobernador la revisión de dichos contratos que establecen un 50 por ciento de las ganancias para el sector privado y que el Estado debe hacerse cargo del 25 por ciento del IVA.
Por su parte, Busti manifestó que “pretendemos buscar un marco legal dentro del abanico de posibilidades para que el gobierno pueda tomar las decisiones que logren atraer las inversiones privadas sin que el Estado pierda el control del juego y sin poner en riesgo las fuentes de trabajo”. Además, aseguró que “los trabajadores seguirán perteneciendo al Estado y bajo el régimen del empleado público”.�
