“El grupo de personas trans que hicimos el amparo contra el municipio de Paraná, aún seguimos sin ser reincorporadas”, se titula el comunicado que “Vanesa, Iara, Fernanda, Paola, Gabriela y Matías” difundieron para “visibilizar” su situación. En el escrito, indicaron que “a pesar de que la justicia intimó al municipio a dictar el trámite administrativo para nuestra reincorporación, aún ni la gestión Varisco ni la de Bahl dictaron el acto administrativo pertinente”.

Aunque reconocen que la cuestión “debía ser resuelta por parte de la gestión que culminó el 10 de diciembre”, también manifestaron que “confiábamos en que la entrante lo resolvería ya que se trata de una orden judicial dictada para el cumplimiento por parte del Estado municipal independientemente de los gobiernos que la administren”.

“La sentencia dictada en fecha 06/12/2019 ordenó a la Municipalidad de Paraná nuestra reincorporación mediante el dictado del acto administrativo en el término de tres (3) días hábiles y el pago del sueldo devengado del mes de noviembre del corriente; más ni la gestión saliente ni la entrante lo hicieron. El municipio apeló la sentencia solicitando se conceda el recurso con efecto suspensivo, lo que fue rechazado, debiendo por lo tanto la Municipalidad de Paraná cumplir la sentencia hasta el día 11 de diciembre de 2019”, recordaron.

Mencionaron asimismo que “el 12 de diciembre” concurrieron a sus lugares habituales de trabajo donde “de manera cordial nos invitaron a retirarnos informándonos que la Municipalidad no dictó el acto administrativo y que no darían cumplimiento a la sentencia”.

“Nuestra expectativa puesta en el cumplimiento por parte del Estado Municipal de esta histórica sentencia (que no sólo nos favorece a nosotres sino a todo nuestro colectivo) se desvaneció”, manifestaron en consecuencia sin dejar de cuestionar que el Estado “una vez más vulneró nuestros derechos y desconoció la extrema situación de marginalidad en la que vivimos”.

“Desconoció además el derecho constitucional a la propiedad sobre nuestro salario y la imperiosa necesidad que tenemos en disponerlo. Una vez más el Estado nos marginó negándonos el acceso al empleo (a nuestro primer empleo formal)”, agregaron en el escrito de prensa que difundió APF.

“Si bien entendemos que era responsabilidad de la gestión anterior cumplir con la sentencia dictada antes de concluir su mandato, en razón de las políticas de diversidad que ellos mismos generaron,  el Estado municipal es único y los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las mandas judiciales y todos ellos hicieron juramento de cumplir su función sobre la Constitución, y un día después desconocen nuestros elementales derechos humanos”, remarcaron las personas trans promotoras del amparo.

“Asimismo, denunciamos que  independientemente del proceso judicial, no se nos han pagado los adicionales del mes de octubre y el proporcional de aguinaldo del segundo semestre”.

Hoy el expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, y “esperamos que esté a la altura para la garantía de derechos”, sostuvieron sin dejar de “celebrar que el Poder Judicial esté dando pasos firmes promoviendo y garantizando derechos de las personas trans, como el reciente fallo a favor de la identidad auto-percibida de una infancia trans de nuestra provincia”.

En el texto, también dan cuenta que haber llegado a ocupar un lugar entre la planta de personal del Municipio fue el resultado de “muchos años de trabajo de articulación y organización por parte de organizaciones sociales de diversidad, feministas y agentes del estado para que Paraná comience a avanzar en cuestiones de derechos de personas LGBTIQP+”.

“Los pasos más concretos se habían visto en la ciudad con la creación del Consejo Representativo de Diversidad Sexual en 2016, y la realización del Relevamiento de la Población Trans”, mencionaron.

Trajeron a colación que “en la agenda nacional –luego de avanzar en la Ley de Identidad de Género y dar pasos en el acceso a la educación y la salud de las personas travestis y trans - aparecía la inclusión laboral trans como demanda urgente, y en Paraná, la contratación de 6 de nosotres –con contrato de servicio, sin mediación judicial ni cupo- se había vuelto un hecho histórico que comenzaba a hacer que nuestra población comience a confiar en el Estado como un agente comprometido y dispuesto a la garantía de nuestros derechos, esos mismos que fueron históricamente vulnerados”.

“La realización del relevamiento, la contratación, la inclusión en el centro municipal de perfeccionamiento de 12 personas trans para terminalidad educativa y capacitación en oficios, capacitaciones a agentes de salud, comenzaba a trazar un esquema institucional que colocaba al municipio, en articulación con la universidad y el Inadi en el lugar que debería ocupar en estos casos, el de reparar daños ocasionados por las sociedades y el Estado para con un grupo de personas cuya identidad de género era diferente a la asignada al momento del nacimiento”, narraron.

“Todo ello plasmado en una Ordenanza única en su tipo a nivel nacional y latinoamericano, como lo es la Ordenanza nº 9834 de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de la ciudad de Paraná, sancionada y promulgada este mismo año”, recordaron.

“El problema surgió cuando una política de Estado y acciones positivas y de reparación se mezclaron con el momento que el municipio pasa en su crisis económico-financiera, que se agravó con la contratación de cientos de personas sin la previsión presupuestaria correspondiente. Fue en la omisión de la renovación de nuestros contratos, como el mismo Estado municipal sugería que debía hacerse, que se re-victimiza –no por primera vez- a una población  históricamente marginada”, sentenciaron.

Finalmente, recordaron que “la situación de las personas trans da cuenta de históricas vulneraciones, pero, evitemos los datos y apelemos a la empatía ¿cuántas personas trans vemos cuando subimos al cole? ¿Cuántas vemos cuando llevamos a nuestros hijos e hijas a las escuelas? ¿Cuántas docentes trans hay? ¿Cuántas vemos atendiendo tiendas en la peatonal?, o al revés, ¿dónde vemos siempre a las personas trans?”.

Ante eso, resaltaron el valor del fallo del juez Pablo Barbirotto que ordenó su reincorporación y que según consideraron “intenta poner a la justicia a la altura de las circunstancias en las que alguna vez estuvo el municipio, definiendo que se restaure la misma situación que existía antes de la vulneración de nuestros derechos”.

“Los medios, las universidades, la justicia, el ejecutivo y el legislativo, así como la sociedad toda, debemos realizar un balance permanente sobre el trato que tenemos para con los grupos de personas que no se adecuan a supuestos estándares de normalidad que sostenemos día a día. Muchos, innumerables, son los grupos que luchan permanentemente por la inclusión y el respeto de sus derechos: las mujeres, las personas LGBTTTIQP+, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios, y un largo etc. que no encuentran reparación a tanto daño causado”, acentuaron.

Fuente: APF