Los diputados nacionales Blanca Osuna y Leopoldo Moreau presentaron este lunes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La denuncia también alcanza a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal y/o todos aquellos responsables en la cadena de mandos que hayan participado en los operativos ilegales realizados el 18 de junio, en el marco de la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados  en función de los artículos 248 y 249 del CPN y artículos 1 y 2 la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios.

Según consta en el escrito, personas que se dirigían a participar de la manifestación en Plaza de Mayo fueron amendrentadas y hostigadas mediante su  detención de los vehículos en que se transportaban en rutas nacionales. A partir de ello, fueron  obligadas a bajar de los micros, requisadas sin orden judicial, se les exigió documentación y se tomaron fotos de listas de pasajeros, se requirieron datos personales y demás. Todo sin notificarles razones de demora ni poner en conocimiento acta, notificación ni fundamento legal alguno.

“Hecho gravísimo. Habilitaron requisas de mochilas o carteras sin orden judicial,  en camino   a una movilización lo que configura abuso de poder. Ese  un esquema organizado de persecución política y vigilancia estatal sobre ciudadanos en razón de su pertenencia o simpatía política no puede naturalizarse.  No aceptamos que reinstalen métodos que en Argentina se conocieron en dictaduras”, alertó Osuna.

La denuncia señala que los operativos violaron la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Inteligencia Nacional, y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las fuerzas actuaron sin presunción de delito ni motivo razonable, criminalizando no sólo la protesta, sino la actividad política de ciudadanos y ciudadanas, algo expresamente prohibido por nuestras normas  Constitucionales y de Pactos Internacionales vigentes.

“El Estado no puede fichar ni vigilar a nadie por su pertenencia política o sindical. Esta norma hecha a medida fue dictada justo antes del acto masivo en apoyo a Cristina. Eso es hostigamiento, persecución y abuso del aparato estatal”, sostuvo la diputada entrerriana.

También se cuestiona la legalidad del Decreto 383/2025, que habilita a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de “prevención” sin control judicial, incluso mediante ciberpatrullaje en redes sociales y sitios digitales.

“Lo estamos viendo: persecución, detenciones, vigilancia, espionaje digital. No es prevención, es represión selectiva. Este decreto ilegal debe ser anulado inmediatamente. La gravedad institucional revela un patrón sistemático de persecución por parte del Gobierno Nacional”, enfatizó Osuna.

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del juez Martínez de Giorgi, se solicitó a la Justicia que ordene la inmediata custodia judicial de toda la base de datos, planillas, archivos digitales y dispositivos utilizados para almacenar la información recolectada. Asimismo, se requirió que se informe si se ha dado algún tratamiento o derivación a los datos  relevados, desde los organismos intervinientes.

“Esperamos que la Justicia actúe ante ese atropello a la Democracia, proteja los derechos y ponga fin a este uso ilegal del estado que debe proteger y no perseguir, amedrentar y violentar”, finalizó Osuna.