El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), compartió tres claves para comprender el alcance de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación para el 11 de agosto. Se trata del Código para la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “Comodoro Py”, y en el fuero penal económico.

“Es un punto de inflexión en la historia institucional de nuestro país, que impacta directamente sobre una de las mayores debilidades de nuestra democracia: la calidad del sistema de justicia encargado de juzgar al poder político y económico”, manifestaron desde Inecip.

Tres claves para comprender alcances y consecuencias

1. “Lo que está en juego es la tolerancia del Estado ante los poderes mafiosos.

Lo que está en juego en Comodoro Py es mucho más que un modelo procesal: allí se define la tolerancia del Estado argentino a los poderes mafiosos. Ese fuero tiene a su cargo juzgar los grandes casos federales de corrupción y criminalidad económica. Los vicios del actual sistema inquisitivo o ‘mixto’, que Comodoro Py llevó a su máxima expresión, son una garantía de impunidad estructural para esos casos. La implementación del sistema acusatorio es un requisito imprescindible, aunque no suficiente, para romper esa matriz”.

2) “Como toda disputa de poder, tendrá resistencias camufladas bajo excusas presupuestarias.

Toda reforma judicial genera resistencias por parte de los actores internos (sobre todo, jueces y fiscales) y externos (estudios jurídicos corporativos, grandes empresas beneficiarias de la impunidad estructural), que se pueden ver afectadas por la redistribución de poder que implica este cambio. En América Latina, esas resistencias siempre se escondieron detrás de otros reclamos, como la ‘falta de presupuesto’ que, en algunos casos es real y, en otros, meras excusas.

De todas las reformas a la Justicia Penal llevadas a cabo en la región en los últimos 30 años, es probable que la de Comodoro Py tenga el mejor punto de partida en materia de recursos disponibles en relación a su carga de trabajo”.

3) “La entrada en vigencia del Código es un paso más, pero no el único ni el último de la implementación del sistema acusatorio.

Implementar un sistema acusatorio es un proceso complejo, con múltiples dimensiones. Una es la normativa, es decir, la entrada en vigencia de un nuevo Código, que se cumplirá en agosto. Pero hay otras, igual de relevantes. Por un lado, la organizacional: cómo se reorganizan los tribunales, las fiscalías y las defensorías. Y otra dimensión, que se retroalimenta de las anteriores, es la política: cómo se redistribuye el enorme poder de Comodoro Py”.