Por Gabriel Michi/Newsweek Argentina

En las últimas dos décadas, Argentina alcanzó la cumbre del protagonismo mundial por distintos actores nacionales y variados escenarios. Llegó a lo más alto de la Iglesia Católica con Jorge Bergoglio como Papa Francisco, recientemente fallecido; ascendió a lo más elevado en materia nuclear con la jefatura de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) en manos de Rafael Grossi, quien podría llegar a la Secretaría General de la ONU próximamente; tocó la cima en materia de fútbol con la Copa que ganó la Selección en Qatar 2022; y también, aunque mucho menos conocido, escaló a la cúspide de la Justicia universal de la mano de una mujer. Silvia Fernández de Gurmendi (71) es la jueza y diplomática argentina que alcanzó el pináculo de la Justicia mundial: presidió la Corte Penal Internacional entre 2015 y 2018, en La Haya. Y así se convirtió en la “jueza máxima”.

Antes de eso, desde 2010, había actuado como una de las magistradas del mismo Tribunal. Y, previamente, trabajó en la Fiscalía de esa Corte con otro argentino, Luis Moreno Ocampo, el ex fiscal del juicio a las Juntas Militares. Hoy sigue siendo jueza ad hoc de la CPI en un caso contra Siria por las violaciones a los Derechos Humanos, presentado por Canadá y Países Bajos. Además de ser presidenta del Consejo Asesor de la Academia Internacional de los Principios de Nüremberg, donde se realizó el histórico juicio contra los jerarcas del nazismo.

Esta abogada cordobesa, de perfil bajísimo que no suele dar entrevistas, aceptó dialogar en exclusiva con Newsweek Argentina y hablar de todo: las causas que se siguieron en esa Corte contra los más sanguinarios dictadores y genocidas africanos a los que enfrentó cara a cara; las pujas con los países más poderosos (entre ellos EE.UU., Rusia e Israel) por las respectivas investigaciones sobre los crímenes en Afganistán –que Donald Trump detesta-, los secuestros de niños ucranianos que derivaron en órdenes de captura contra Vladimir Putin o los ataques en la Franja de Gaza que hicieron lo propio con Benjamín Netanyahu. Todo eso en medio de la imprescindible pelea de este tribunal frente a los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades más brutales sobre la Tierra.

¿Cómo fue esa experiencia como presidenta de la CPI?

-Fue increíble. En primer lugar, fue una Presidencia histórica no sólo porque fui la primera presidenta mujer de la Corte Penal Internacional, sino que estuve acompañada por dos vicepresidentas también mujeres, una de Kenia y la otra de Japón.

Y en términos más personales ¿qué representa para usted haber alcanzado la Presidencia de la CPI y, en definitiva, ser la argentina que más alto llegó dentro del Poder Judicial mundial?

-Ya de por sí fue una gran satisfacción llegar a jueza de la CPI porque había estado muy involucrada en su creación como diplomática argentina. Desde que se redactó el “Estatuto de Roma”, participé en todo el procedimiento de negociaciones, que duraron cuatro años. Y después presidí la redacción internacional del procedimiento penal de la Corte. Que mis colegas me eligieran presidenta, fue también un gran honor. Pero después de celebrar el honor, empieza la gran responsabilidad. Y puede llegar a ser algo agobiante. Pero no me imaginaba ser jueza y mucho menos presidenta de la Corte.

La CPI es complementaria de los Estados y está integrada por 124 países que son los que aceptan y acatan sus decisiones. Suele intervenir cuando esas naciones no investigan o colaboran con ellas cuando lo necesitan y se van imposibilitados de hacerlo. Los jueces de la CPI son elegidos por la ONU de a 6 cada 3 años y su mandato dura 9 años. Deben abordar cuatro tipos de casos: genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y agresiones.

Los casos a ser tratados pueden llegar de tres maneras a la Corte: a través de Estados parte que denuncian algo que ocurre u ocurrió en su territorio o en otro país; también hay situaciones que son remitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU –como lo fueron los crímenes en Darfur-Sudán y Libia-; o expedientes generados por “motus propio” por la Fiscalía del organismo. El fiscal es el que investiga y hace la acusación y luego la Corte analiza si es admisible el caso y lo juzga, dando posibilidad a las apelaciones antes de la sentencia.

Desde su puesta en marcha en 2002, la CPI ha dictado 11 sentencias condenatorias y 4 absoluciones. Y decretó órdenes de captura contra más de 60 individuos, 21 que fueron detenidos, 25 que están prófugos y el resto que permanece en libertad mientras que sigue el proceso.

La primera sentencia de la CPI fue contra el líder militar congolés Thomas Lubanga al que condenaron a 15 años de prisión en 2012 por los crímenes de guerra de reclutar niños para utilizarlos en las hostilidades al este del país. Dos años después la CPI condenó a 12 años de prisión a otro ex líder de la milicia del Congo, Germain Katanga, por colaboración en crímenes de guerra.

La CPI aspira a una mayor universalización de su jurisdicción, es decir, que más países se sumen y admitan su competencia. Pero no es tarea sencilla. Hay grandes potencias que no aceptan su autoridad o que incluso han abandonado a este sistema de justicia internacional, atacándolo ferozmente. Entre los grandes ausentes están EE.UU., Rusia, China, India e Israel. El último país que pidió retirarse fue Hungría: su polémico presidente de ultraderecha Víktor Orban, prefirió abandonarla para poder recibir al líder israelí Benjamín Netanyahu, sobre el que pesaba una orden de captura de la CPI. “Hungría estaba obligado (a detener a Netanyahu). Ahora se retira del Estatuto, pero esto va a tener efecto dentro de un año; o sea que actuó en violación de sus obligaciones”, dice Fernández de Gurmendi. Si un país miembro no cumple, puede recibir sanciones o limitaciones de viajes para sus funcionarios.

Hubo críticas contra la CPI que vinieron de países africanos que la acusaron de poner mucho más su ojo en ese continente que en otros. Cuenta la jurista: “En el 2016 hubo una serie de fricciones con países de África, incluso amenazas de la Unión Africana de retirarse masivamente de la institución. Consideraban que la Corte tenía un foco excesivo en situaciones de África. Y además había órdenes de arresto contra el entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, y también casos contra el vicepresidente de Kenia (William Ruto)”. Fue clave la gestión de esta jueza para que ese abandono masivo no ocurra.

La Corte no es un órgano de las Naciones Unidas, pero tiene un acuerdo de relaciones permanentes. Fue creada por un Tratado (“Estatuto de Roma”) y es un sistema que incluye a la propia Corte, a la Fiscalía, a la Asamblea de Estados Parte y al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (con recursos aportados por los Estados miembros).

“El contacto con la ONU es vital porque prestan muchísimo apoyo y cooperación logística en las investigaciones, por ejemplo, cuando un cuerpo de investigadores va a un país donde existe una situación de conflicto y hay una misión de paz”, cuenta la diplomática que alguna vez participó de una de esas comitivas que fue a investigar las presuntas violaciones a los DDHH de los que se acusaba al dictador sudanés al Bashir, derrocado en 2019.

¿Qué otros casos le tocaron durante su presidencia?

-Cuando era presidenta había muchísimos casos en la Corte. Por ejemplo, en República Centroafricana estaba acusado el que había sido vicepresidente de Congo, Jean-Pierre Bemba, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Y por presionar testigos. Fue condenado junto a otras cuatro personas, pero lamentablemente la Sala de Apelaciones no la confirmó y fue liberado. También hubo una condena en un caso de destrucción de propiedad: fue en Malí donde una milicia rebelde (que había sido parte de Al Qaeda) destruyó monumentos que eran “Patrimonio de la Humanidad” en Tumutu. Y hubo otro caso de Uganda contra Dominic Ongwen que fue condenado cuando yo no estaba ya en la Corte, pero que si tuve a mi cargo en la Sala de Apelaciones.

La CPI no tiene prisiones propias para los condenados. Pero sí hay una cárcel en La Haya a la que suelen enviarlos. Muchas veces los sentenciados eligen ser llevados a cárceles en sus países. Y la Corte lo acepta. Sin embargo, hay naciones que rechazan recibir a los condenados. “Entre los casos remitidos por los propios Estados hay situaciones provocadas por grupos rebeldes en sus territorios. Son ocasiones en las que el propio Estado tiene dificultades para investigar o juzgar porque perdieron el monopolio del uso de la fuerza en ciertas regiones”.

Hace pocos días hubo un mega operativo para detener al ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte –condenado por la CPI a 30 años de prisión por múltiples violaciones a los Derechos Humanos- quien fue capturado por la Policía local al llegar al aeropuerto de Manila. Inmediatamente lo subieron a un avión para llevarlo a la prisión de La Haya. Y es así cómo funcionan las capturas de la CPI: se necesita de la colaboración de las policías locales y también de los gobiernos o de la Justicia de esos países. La CPI no tiene que recurrir a los engorrosos procesos de extradición; hay un trámite sumarísimo llamado “transferencia” en el que sólo se identifica a la persona, se le transmitirle los cargos, y lo llevan directamente a la Corte de La Haya, alojándolo en la prisión de esa ciudad. “Varios de los condenados han preferido volver a su país de origen, para estar cerca de su familia. Por ejemplo, Lubanga volvió a Congo y Katanga también”.

Debe haber sido muy fuerte para usted estar frente a frente ante semejantes genocidas….

-Sí, es fuerte, pero por ejemplo, en el caso de Dominic Ongwen de Uganda, él también era víctima. Era parte de un grupo rebelde que secuestraba a niños y los sometía a tratamientos horrorosos, algunos de ellos de 5 o 6 años de edad y las niñas eran sometidas a esclavitud. Ongwen había sido uno de esos niños que fue secuestrado por este grupo y entrenado para matar. Y el problema fue que se entrenó y fue muy proactivo, y terminó siendo el jefe.

¿Los acusados suelen confesar ante el tribunal o niegan los cargos?

-Entre todos los casos que hemos tenido hubo sólo un acusado que aceptó la culpa, algo que puede reducir el procedimiento. Pero en general todos han negado su culpabilidad.

No hubo ni hay ningún caso argentino en la CPI. En este momento la única situación de un país latinoamericano que está siendo investigada por la Corte Penal es la de Venezuela, expediente donde fue incluido el reclamo argentino por el gendarme detenido Nahuel Gallo.

¿La CPI recibe muchas presiones cuando ordena detenciones de personajes tan poderosos?

-Lo que ocurre es que el fiscal hace su pesquisa y prepara sus órdenes de arresto después de una investigación confidencial. Los Estados no saben a quién van a pedir una orden de arresto. Hay una posibilidad real, práctica, de que Estados traten de presionar en favor o en contra. Pero si eso pasa, llegará tarde porque ya está hecho.

Sin embargo, las presiones existen. Por ejemplo, los EE.UU. de Trump dictaminaron sanciones contra el fiscal y sus colaboradores. O Rusia llegó a ordenar su captura y las de los presidentes de la CPI. Silvia Fernández de Gurmendi reconoce que la CPI “tiene sus defectos; está muy lejos de ser perfecta, pero creo que si no existiera tendríamos que crearla. Creo en el concepto, en que la idea es muy buena y necesaria”.

¿Es cierto que la experiencia argentina en los juicios por las violaciones a los DDHH de la dictadura sirvió en la puesta en marcha de la CPI?

-Sin duda el Juicio a las Juntas, que fue en 1985 (las negociaciones del Estatuto empiezan 10 años después), estaba muy vivo en la memoria; además de otros procedimientos que seguían en la Argentina. Eso nos dio una legitimidad enorme en las negociaciones. La Argentina proyectó a nivel internacional muchas de sus experiencias nacionales y lo hizo con enorme autoridad porque había juzgado esos casos y no muchos países del mundo lo habían hecho. Estamos ahí y realmente somos una excepción. Se nos escuchaba muchísimo. Lo que hicimos a nivel nacional se proyectó e influyó a nivel internacional, sin duda.

Hoy el gobierno argentino está muy alineado con Estados Unidos y con Israel, dos países críticos de la CPI. ¿Puede pasar que Argentina abandone la Corte o es algo imposible?

– Bueno, nada es imposible porque la posibilidad de retirarse es una decisión que la tienen todos los Estados. En el caso de la Argentina, esto podría requerir la intervención del Congreso, dado que el “Estatuto de Roma”, después de su ratificación, fue incorporado al orden jurídico nacional por una ley del Congreso. La Argentina viene apoyando a la CPI desde su comienzo, con una continuidad increíble con todas las administraciones. Somos el único país que ha firmado los cuatro acuerdos que propone la Corte. Yo francamente espero que todo eso continúe.

¿Qué mirada tiene sobre la Justicia argentina?

-Veo que nuestra justicia es muy lenta. Es una queja que tienen muchos de los nuestros ciudadanos. Y hay una gran tendencia de nuestros gobiernos a tratar de incidir en la Justicia, que es realmente penoso. Es algo que pasa también a nivel internacional, incluso con presiones contra la CPI, pero hay más frenos. En la Argentina lo vemos todos los días y eso afecta terriblemente su credibilidad. Más allá de que del lado de la Justicia se conmuevan o no con la presión, el solo hecho de que esto circule afecta mucho su credibilidad.

Lo que pasó con las designaciones por decreto de dos jueces de la Corte Suprema por parte del Gobierno ¿cree que abona a esa idea?

-El procedimiento que se utilizó para seleccionar candidatos creo que fue errado desde el principio. Por ejemplo, cuando yo fui nominada para jueza de la CPI me aplicaron la nominación para candidatos a jueces de la Corte Suprema y el Senado la aprobó por unanimidad. Esa dice nuestra ley. Me aplicaron el decreto 222. Y que yo sepa, nadie lo ha derogado. Ese procedimiento le dio mucha fuerza incluso a mi postulación, mucha legitimidad interna, pero también externa. La Corte Suprema es obviamente una pieza central del sistema judicial argentino, por lo que el proceso de nominación de sus miembros es clave para darle legitimidad y autoridad. Pero también lo es su composición que debería reflejar a la ciudadanía en su conjunto y por eso es importante que cuente también con mujeres dentro de sus integrantes. La composición equitativa de hombres y mujeres es esencial en la CPI: hoy la Corte está integrada de sus 18 jueces, 9 hombres y 9 mujeres.

En las últimas dos décadas la Argentina alcanzó distintas cimas a nivel planetario: tuvo un Papa, un líder nuclear y hasta un seleccionado campeón del mundo. Pero también tuvo una mujer que llegó a lo más alto de la Justicia universal. Se llama Silvia Fernández de Gurmendi. La “jueza máxima”.