Pero la razón del parate es que el trámite para concretar la expropiación de los lotes de la isla está congelado. Según las autoridades de la Secretaría de Ambiente, no hay más que razones burocráticas. El jefe de obra, había declarado días atrás en LT11 que estaban a la espera de la autorización “para ingresar en terrenos no fiscales, aunque se han pagado los montos adecuados de la expropiación”.

No obstante, las propietarias de los lotes principales (que suman 68 hectáreas en la Isla del Puerto) no sólo aun no han cobrado montos por las expropiaciones, sino que están en una pelea legal contra el Gobierno, que recién comienza y de cuya evolución también dependerá el desarrollo de la millonaria iniciativa. Una de ellas recibió una propuesta pero la rechazó. El resto de los propietarios carece de noticias oficiales y aguarda saber qué ocurrirá con sus lotes.

Por otro lado, el secretario de Ambiente Sustentable confirmó a El Miércoles Digital que la expropiación no ha avanzado, la atribuyó a razones burocráticas y no tiene fechas ciertas para que se concrete.

Hay que recordar que el requisito de expropiación de la isla fue una de las condiciones que la Secretaría, a cargo del ingeniero Fernando Raffo, había interpuesto para que se pudiera concretar el proyecto. Esa condición echó por tierra con un lucrativo negocio para una de las empresas involucradas con el proyecto (y además arrojaba luz sobre el origen, hasta ese momento tan incierto, del proyecto en sí mismo). En efecto, las aspiraciones de la empresa adjudicataria de la obra, Lemiro Pablo Pietroboni SA eran quedarse con la isla para realizar un formidable negocio inmobiliario, algo así como un ‘Puerto Madero’ uruguayense.

La empresa subcontratada por Pietroboni para los trabajos de desmonte es Victorio Américo Gualtieri SA, que había avanzado en la limpieza de buena parte del terreno ubicado al norte de la Isla del Puerto, para construir allí la cabecera del puente. Pero ese lote –uno de los dos terrenos importantes en manos privadas en la isla– es propiedad de Ethel Mantegazza, quien intimó con una carta documento a las autoridades para que eviten seguir avanzando en las obras hasta tanto se concluya el juicio de expropiación.

En su reclamo al gobierno entrerriano, el representante legal de la propietaria pide explicaciones sobre las obras realizadas, entendiendo que hubo una intrusión ilegal en la los terrenos de Mantegazza, que abarca 36 hectáreas en la Isla. En este aspecto, el abogado Carlos Máximo Acosta aseguró que está preparando acciones civiles y denuncias penales frente a lo que calificó como “atropello”.

Lo curioso es que la carta documento recibió respuesta del director de Vialidad Provincial, rechazando las acusaciones y cuestionando que se envió una propuesta de avenimiento del Consejo de Tasaciones a Mantegazza sin que ésta recibiera ninguna respuesta. No obstante esa propuesta jamás llegó, por lo cual Acosta cursó días atrás una nueva carta documento, poniendo en duda que existiera esa propuesta hacia su representada, y reclamando que en caso de existir, se remitiera a la dirección juridica. Hasta el momento no hubo tampoco respuesta, aunque esta nueva acción es reciente.

Conviene recordar que Acosta fue quien representó al Club Parque Sur en el juicio por la expropiación de sus terrenos para la Defensa Sur, donde la justicia estableció como precio a pagar el doble de lo que originalmente se había tasado.

Medio centenar de lotes

Deleris Ethel Mantegazza y Martha Haydée García son las dos principales propietarias de lotes en la Isla del Puerto, con 36 y 33 hectáreas, respectivamente. El resto de los propietarios, que poseen 50 pequeños lotes (como tiras que atraviesan la isla) hacia el sur, siguen sin tener noticias sobre sus propiedades. Desde septiembre de 2009 han presentado notas a las autoridades provinciales, sugiriendo modificaciones –entre ellas, que se haga una playa pública de cinco mil metros– sin que hayan tenido respuesta oficial hasta el momento. Este no es un detalle menor, ya que la suma de ese medio centenar de terrenos abarca 79 hectáreas de la Isla del Puerto.

Los propietarios de lotes presentaron una nueva nota, esta vez con la firma de 24 propietarios (incluidos entre ellos Mantegazza y García) en donde manifestaban su aceptación y apoyo al proyecto y volvían a sugerir modificaciones, planteando que se les expropiara sólo una parte de sus terrenos –la correspondiente a la franja que ocupa la obra– incluso cediéndolo gratuitamente como compensación para no perder el resto de sus propiedades, y proponiendo concretamente dejar en poder y al cuidado de los propietarios los terrenos remanentes, en carácter de reservas privadas –como existen en muchos lugares del país- y previendo que la provincia no va a poder proteger el lugar, como por ejemplo no protege las islas que se prenden fuego en el Paraná y son motivo de permanente preocupación; o aún peor, si la Isla del Puerto quedara en el futuro en manos de la jurisdicción municipal, donde basta ver el abandono de los espacios públicos en Concepción del Uruguay.

Esa ultima nota, dirigida al presidente del Senado entrerriano, el vicegobernador José Lauritto, fue presentada en octubre de 2010, lleva el número de expediente 1972 y nunca tuvo respuesta oficial. También se presentó en Diputados, dirigida a Jorge Busti, con el número de expediente 4255. El abogado que asesoró a los propietarios en su confección fue Jorge Delorenzi, quien representa a Martha García.

En tanto, desde la empresa constructora reconocen que tienen que esperar los trámites legales de expropiación. Los voceros de la firma reconocieron que no saben oficialmente cuánto tiempo durará esa espera, y que por eso reconducirán sus tareas. En otras palabras: deben “hacer tiempo” hasta poder desembarcar en la Isla del Puerto para construir la cabecera. De todos modos, y aunque negaron que el freezer de la expropiación cambie los plazos de obra, reconocieron elípticamente que la situación los obliga a otorgar al personal salidas por vacaciones.

La Ley Provincial 9.944, que declara sujetos a expropiación los terrenos de la Isla del Puerto, es muy escueta, tanto en su articulado como en sus fundamentos, y fue sancionada el 22 de diciembre de 2009. El proyecto original lleva el número de expediente 17.062 y en sus limitados fundamentos mantiene la incertidumbre sobre el origen y las razones de la iniciativa: se limita a decir que ante la erosión del río causada por la represa de Salto Grande, “se han buscado y creado nuevas alternativas: una pequeña playa en la Isla del Puerto y los arenales de la Isla Cambacuá, ambos sobre el río Uruguay. Un catamarán, con salidas desde el puerto y un vastísimo parque náutico, son los medios utilizados por la población para trasladarse a lugares de gran belleza natural”.

Consta de sólo dos artículos, el primero de los cuales declara ‘de utilidad pública’ y sujetos a expropiación todos los inmuebles de la Isla del Puerto que no pertenecen a la Provincia o al Municipio de Concepción del Uruguay, para ser afectados a la obra “Camino costero isleño en Isla del Puerto en la ciudad de Concepción del Uruguay”. El restante artículo delega en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) las adecuaciones presupuestarias para la expropiación.

Transcurridos 16 meses de la sanción de la ley, el proceso de expropiación sigue esperando.

El proyecto

“La necesidad de ampliar la oferta turística, de facilitar el acceso a lugares que brindan recreación y expansión, sin que ello implique una intervención que avasalle el ámbito natural, ha llevado a proyectar una comunicación vial con el sector isleño, ejecutando un camino paralelo a la costa en la Isla del Puerto, uniéndose a la ciudad a través de un puente en la zona sur”.

Luego una justificación para explicar una inversión millonaria que consiste en construir un camino en una isla: “Constituirá esta vía de conexión con el sector isleño una oxigenación para balnearios que en la época estival se ven saturados por el crecimiento demográfico, por la necesidad que impone la vida actual de recreación y también por una creciente afluencia turística que recorre la zona atraída, además, por el pasado que encierra”. Los fundamentos del proyecto concluyen diciendo que “constituiría una obra significativa, que incidiría en la vida del poblador uruguayense, pero también sería una atracción capaz de generar ingresos”.

El proyecto tenía también otras perlitas, como el hecho de que sólo enumeraba los dos lotes principales, como si el autor del proyecto no hubiera tomado nota del requisito exigido por Raffo de expropiar toda la isla para incluirla como Área Natural Protegida. Es decir, quedaba media isla fuera de la expropiación. Y, como muestra final de la improvisación con la que había sido redactado, declaraba sujetos a expropiación terrenos que ya eran del Estado (11 hectáreas correspondientes al “plano Nro. 44.128; propietario: gobierno de la provincia de Entre Ríos”). Eso fue salvado en el texto final para que no pasara tanta vergüenza el autor, el diputado bustista de Basavilbaso, Fabián Flores. Lo acompañaron como firmantes Héctor Argain, Juan Bettendorff y el ahora precandidato a vicegobernador Jorge Kerz.

(Foto: El Miércoles Digital)