El ex senador nacional Edgardo Kueider fue acusado esta mañana formalmente de contrabando por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Nº 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Paraguay. El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal Paraguayo. Tiene una pena en ese país de 5 años de prisión o una multa a determinar, según las circunstancias.

La acusación - a la que tuvo acceso Infobae - se conoció al cumplirse ayer los seis meses pedidos por el Ministerio Público para llevar adelante la investigación, desde que el ex legislador fue interceptado en la frontera de Paraguay, proveniente de Brasil, con USD 211.000 en su auto sin declarar. También le fueron encontrados, en un procedimiento de control en la frontera, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.

La imputación también alcanza a su acompañante en ese momento, Iara Guinsel Costa, ex secretaria y pareja de Kueider. Ambos cumplen desde el 4 de diciembre pasado prisión preventiva domiciliaria en una vivienda en Asunción.

La madrugada de ese día, a la 1:30 horas, fueron detenidos por personal de la Armada, de la Aduana y del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Paraguay. El procedimiento tuvo lugar en la zona del Puente de la Amistad, que une Foz do Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), donde le fue incautado el vehículo - una camioneta 4 x 4 Chevrolet Trailblazer SUV negra modelo 2021- y el dinero.

Según puede leerse en la acusación fiscal, luego de que le fuera encontrado el dinero en el control aduanero, las autoridades paraguayas labraron un acta en la que se dejó constancia la entrega en ese momento de USD 9.900 a Kueider, la suma máxima permitida a ingresar a ese país, sin necesidad de una declaración de acuerdo a las leyes vigentes. La “devolución” de este monto no había trascendido hasta ahora.

A finales de marzo, el fiscal Villalba había conseguido que el juez Humberto Otazú concediera una prórroga ordinaria para que presente su conclusión del caso. El nuevo plazo se cumplía hoy, cuando presentó su acusación a lo largo de seis hojas, en el de que detalló los hechos y la prueba acumulada. Ahora el juez de Garantías debe resolver la elevación del expediente a juicio oral.

El 7 de abril pasado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) -similar al ARCA de Argentina - concluyó el expediente administrativo y determinó que tanto el ex senador como su secretaria cometieron contrabando, según el documento al que accedió Infobae.

Esa decisión quedó firme, luego del rechazo de los recursos presentados por los abogados de Kueider y Guinsel Costa. Esto implicó que el dinero incautado a Kueider sería girado al Tesoro de Paraguay y el remate de la camioneta secuestrada durante el procedimiento.

Extradición trabada

Mientras tanto, sigue pendiente el trámite de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga en Argentina lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Por segunda vez, la Justicia de Paraguay rechazó esta semana la solicitud de la Justicia argentina de extradición, debido a “deficiencias” por la “superposición de normativas internacionales” y falta de “documentos clave”.

La fiscal adjunta Matilde Moreno solicitó, nuevamente, por la vía diplomática la aclaración de los términos del requerimiento, conforme al Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina. Aunque Argentina remitió información adicional, según la contestación del Ministerio Público Fiscal de Paraguay a la magistrada argentina. “persistieron inconsistencias”.

La fiscal Moreno insistió en que “se aclaren exactamente los delitos atribuidos, se remitan los textos legales que los tipifican y se incluya el auto de mérito del 9 de abril de 2025″, que fue mencionado pero no enviado.

Advirtió que “el escenario jurídico de superposición de normativas internacionales invocadas por las autoridades argentinas, podría entorpecer el encause natural e impediría a las Autoridades Centrales y a las autoridades competentes en la República del Paraguay, la tramitación interna adecuada de la rogatoria y el cumplimiento estricto de las obligaciones convencionales”.

Esto podría generar - siempre de acuerdo al Ministerio Público Fiscal de Paraguay - “el surgimiento de incidencias procesales que alterarían el curso del proceso de extradición, como el de asistencia jurídica internacional insertado en el mismo contexto y tramitado además, en vía paralela, como consecuencia de otra solicitud de asistencia jurídica enmarcada preferencialmente en la Convención Interamericana sobre Asistencia”.