Por Valeria Enderle*

La tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados, así como la expansión de nuevos virus o bacterias que tienen en vilo al mundo. Las necesidades insatisfechas continúan existiendo por más que se adecuen planes y políticas contra el hambre, la pobreza y la desocupación. La contaminación en todas sus formas, los efectos del cambio climático siguen acentuándose a pesar de formales acuerdos que poco tienen de estricta práctica. 

En este contexto, les tomadores de decisiones son claves en cuanto a prevención, programas de reducción, de mitigación, de evaluación de impactos ecosistémicos. La necesidad de actuaciones estratégicas, equilibradas y conforme a derecho, es imperativa. Les jueces no son ajenos o ajenas a esto, pues forman parte de uno de los tres Poderes de gobierno de nuestra provincia. 

Sin embargo, en recientes fallos se puede advertir fácilmente que la urgencia y la necesidad de nuestros ecosistemas y la salud de la población, cuyo deterioro es de público y notorio conocimiento, no es tenida en consideración como sí son protegidos de manera férrea los intereses económicos y la cultura extractiva-destructiva tanto local como multinacional. Es innegable que los tiempos de la naturaleza y de las enfermedades no son los tiempos de este modo de hacer política y justicia que en Entre Ríos está presente en nuestro Superior Tribunal de Justicia, principalmente. 

Éste, ya en varias sentencias, parte del negacionismo de normas protectorias ambientales que atienden derechos tan caros para un ser humano comoson el derecho a la vida y a la salud, continúa con pocos y endebles fundamentos que desconocen no sólo reglas jurídicas si no la inveterada jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal del país. Finalmente, es nula la empatía social en temas que también les afectan o podrán afectar por vivir y alimentarse ellos mismos, sus hijos y nietos en este suelo y los que él nos provee. 

Ya debería resultar inadmisible para la sociedad entrerriana que sus jueces decidan de manera arbitraria. Es decir, emitan fallos que en forma equívoca se aparten de la solución normativa prevista para el caso o que carezcan absolutamente de fundamentación, así como los que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes para la resolución del pleito, omitiendo ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. 

¿Será necesario llegar al punto que, nuevamente, un Tribunal Internacional ordene al Estado que promueva “la capacitación de jueces y otros funcionarios relevantes” como pasó en el caso Fornerón? En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que la responsabilidad del Estado se debía en gran medida a la falta de capacitación de sus funcionarios, principalmente, judiciales, en materia de adopciones y determinación del régimen de guarda, custodia o visitas, etc.

Es clave una transformación de la forma de hacer justicia en nuestra Provincia, donde el acceso a ella sea real y oportuno, con jueces que asuman los requerimientos de urgencia de las partes, estudien y entiendan temas complejos, que utilicen las herramientas de las audiencias públicas, los conocimientos aportados por “los amigos del tribunal”, que apliquen los principios preventivo, precautorio, pro natura y pro acqua.

Entendemos entonces que la magistratura debe ser comprometida, cercana, interesada y comprometida en una concreta protección del ambiente que ponga coto a los graves daños ambientales e irreparables efectos tanto en la flora, fauna, suelo, aire, agua, salud de las personas y que utilice los mecanismos adecuados de prevención para evitar o minimizar futuros daños, a través de sentencias justas, con ciencia, dictadas con diligencia, agudeza e ingenio.

*Abogada y Magister en Derecho Ambiental

Directora Ejecutiva Fundación CAUCE