Un funcionario provincial, que había sido cesanteado por hechos de corrupción en Vialidad Provincial, en septiembre del 2019, fue nombrado a fines de febrero como director general de Hidráulica, en la órbita del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicio. Se trata del ingeniero Alberto Germán Johnston, quien en tiempos del urribarrismo se desempeñaba como director de construcciones de la Dirección Provincial de Vialidad. Johnston es egresado del colegio Don Bosco y ministro de la Iglesia paranaense.

Johnston había sido desplazado por Alicia Benítez de Feltes, la titular de Vialidad Provincial, a poco de asumir al frente del organismo, a mediados de 2016, tras ser relevado del cargo Juan Carlos Lallana, cuestionado seriamente por sus manejos irregulares en la DPV, por lo cual terminó siendo denunciado penalmente. 

El mencionado Johnston ha tenido un crecimiento patrimonial importante en los últimos cuatro años que estuvo en la repartición, con inversiones inmobiliarias en diferentes puntos de la capital entrerriana, precisamente como resultado de sus manejos -junto a otros exfuncionarios de Vialidad también cuestionados- con los negociados de la obra pública. 

Con fecha 19 de septiembre de 2019, por resolución 2780 de Vialidad Provincial se aplicó la cesantía a Alberto Germán Johnston y otros integrantes del organismo, por irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de la obra Ruta Provincial número 23, tramo Ruta Nacional 18, subtramo ruta nacional 130 (Villa Elisa) y Arroyo Barú, poblado que hace ya varios períodos es administrado por Guillermo Urribarri, hermano del exgobernador Sergio Urribarri y actual embajador en Israel.  

En síntesis, en la acusación, quedó establecido que se colocó menos material del previsto en dicha ruta (algo así como la mitad de lo establecido), pero a la empresa contratista se les pagó la totalidad de la obra, luego de certificarse los trabajos que no fueron ejecutados. O sea, una práctica que ya se venía haciendo en otras instancias, por lo cual tanto Johnston como otros funcionarios lograban importantes ingresos a partir de esas irregularidades que se cometían. 

La obra, iniciada en 2012, establecía una inversión de 93 millones de pesos, cuando el dólar estaba en 6,35 pesos, para asfaltar 30 kilómetros. Es decir que la inversión fue equivalente a 14.645.669 millones de dólares. 

Si hacemos un breve cálculo nos da que 30 kilómetros, por 20 centímetros de alto por 6 metros de ancho, que sería el subsuelo de la capa asfáltica que no se colocó y se desvió, nos daría 36 mil metros cuadrados. En la actualidad, entre material y flete, eso representaría 1500 pesos por metro cuadrado. Es decir que el desvío, a hoy, sería el equivalente a 54 millones de pesos. Este importe sería solamente por la no colocación de ese material intermedio en el asfaltado, ya que a ello hay que sumarle otros ítems establecidos en toda realización de esta obra y que insume varios millones de pesos. 

Johnston no se quedó de brazos cruzados. Contrató un abogado y apeló la resolución del sumario. Hizo una presentación en Fiscalía de Estado y hace más de un año que dicho recurso se encuentra en el mencionado organismo. 

Mientras tanto, el hombre cesanteado, de alguna manera, logró un ascenso, pese a su situación. El 24 de febrero de este año, por decreto 171, fue designado como director general de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, que conduce el arquitecto Marcelo Richard, con un nivel remunerativo correspondiente al cargo 37 y con retención de su cargo titular de planta permanente en la Dirección Provincial de Vialidad. En los considerados del decreto se apuntó que Johnston “reúne los requisitos de idoneidad para el desempeño, con concordancia con los lineamientos de trabajo fijados para dicha dirección”. Obviamente, la decisión de Richard -quien seguramente no desconocía la situación irregular de Johnston- cayó muy mal en ámbitos de Vialidad Provincial, que también depende del Ministerio de Planeamiento. 

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) consultó al respecto al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y nos dijo lo siguiente: “Los sumarios administrativos, como casi la gran mayoría de los procedimientos administrativos, se suspendieron los plazos durante la pandemia, desde marzo hasta hace al menos un mes, salvo que el administrado pidiera la habilitación de los plazos procesales. ¿Qué pasa? El sumario ningún defensor lo pedía, en consecuencia prácticamente un año tuvimos con los plazos suspendidos. Hace un mes se empezó a regularizar. Esa es una explicación para justificar la demora”.

En tanto, explicó: “Ese es un caso en el que lo que tengo que evaluar es un tema técnico, que es qué efectos tiene la apelación de la cesantía, si tiene efectos suspensivos o no. Si tiene efectos suspensivos la cesantía no está firme. Por lo tanto la persona sigue siendo empleada. Si no tiene efectos suspensivos, como puede ser el caso, la cesantía se cumple. Y después si el gobernador, por apelación jerárquica o incluso por recurso de gracia decide cambiar esa sanción o dejarla sin efecto, lo podría hacer, pero no me consultan a mí. Podrían hacerlo, o a la Legal y Técnica. Son a veces los errores de la administración. Previo a la designación nunca me consultaron, como nunca me consulta el Poder Ejecutiva sobe ninguna designación”.