Por Marcos Di Giuseppe*

En tiempos donde los desafíos del desarrollo se presentan tan vertiginosos como complejos, las políticas públicas deben pensarse como acciones integradas que conduzcan con rumbo firme hacia un objetivo compartido: el bienestar ciudadano, entendido como la satisfacción, la seguridad y la prosperidad de quienes habitan en sociedad.

Durante años, Entre Ríos transitó un estado de inmovilidad, descoordinación, opacidad y escasa eficacia pública. Frente a este escenario, el gobierno encabezado por Rogelio Frigerio decidió cambiar el rumbo con una matriz de gestión pública basada en cuatro pilares esenciales: Modernidad, Austeridad, Transparencia y Eficiencia (MATE).

Estos principios no son meras consignas, sino ejes activos que se traducen en decisiones concretas. Como ha repetido el gobernador: "Poner orden donde había desorden; llevar luz donde había oscuridad, y gestionar con eficiencia donde reinaba la desidia." Una nueva gobernanza entrerriana.

Modernidad, para actualizar el Estado a la altura de los desafíos contemporáneos. Modernizar no es simplemente digitalizar. Es adoptar una cultura de innovación, apertura y flexibilidad.

Desde diciembre de 2023, Entre Ríos implementó sistemas de gestión digital que permiten a la ciudadanía consultar indicadores en tiempo real, acceder a servicios desde plataformas unificadas, y participar en procesos administrativos antes opacos.

Se habilitó la Ventanilla Única para gobiernos locales, el sistema de Gestión Documental Electrónica, la centralización de los tramites ciudadanos a través de un único portal plataforma Mi Entre Ríos, entre otros.

Así el rediseño de trámites, la incorporación de tecnología en salud, educación y seguridad, y el diálogo abierto con universidades, organizaciones productivas en el ecosistema del sector privado y emprendedor muestran la voluntad de reconversión estatal.

Austeridad, lejos de ser sinónimo de ajuste, refiere a una ética de gestión: hacer más con lo que se tiene, priorizando lo esencial. 

Entre las medidas implementadas se destacan: la eliminación de organismos innecesarios, la reducción del gasto político, la eliminación de gastos reservados, la derogación de pensiones vitalicias, la prohibición de sueldos múltiples para funcionarios y la disminución a la mitad de los cargos políticos.
Estos recursos se han reorientado a áreas estratégicas como salud, infraestructura, educación y políticas sociales.

Transparencia, como obligación institucional y como contrato con la ciudadanía. Todo lo que se hace con recursos públicos debe poder ser explicado, auditado y mejorado. Lo que no se puede mostrar no se debe hacer, la transparencia no es una concesión, es un deber.

Por eso se avanzó en la creación de portales abiertos de datos, auditorías externas y publicaciones periódicas de gestión. Se promovieron además reformas estructurales como la Ley de Transición de Gobierno, la Ley de Acceso a la Información Pública, el nuevo Régimen de Ética y Transparencia de la Función Pública, y la figura de Ficha Limpia.

La ciudadanía se convierte así en un actor activo, con derecho a cuestionar, corregir y proponer. 

Eficiencia, para que cada acción tenga impacto, para que la gestión pública no se diluya en formalismos, y para que el ciudadano vea, sienta y valore la acción del Estado.

La eficiencia en la gestión pública no es una aspiración, es una exigencia. Por eso, se simplificaron procesos licitatorios, se incorporaron criterios de evaluación de impacto en obras públicas, y se eliminaron duplicidades administrativas mediante la articulación con municipios.

En materia económica, se impulsaron políticas como la Reforma Tributaria 2025, con incentivos fiscales para sectores estratégicos como industria, comercio y turismo; una nueva Ley de Promoción Industrial; mejoras en el sistema portuario; el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) y la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

También se implementaron programas de eficiencia energética y desarrollo sustentable.

Gobernar contra la resignación

Roberto Mangabeira Unger afirmó: "Un progresista es siempre un conspirador contra el destino." Gobernar, entonces, no es aceptar lo inevitable, sino enfrentarlo con decisión y visión.

En Entre Ríos, esta “conspiración” se expresa en la voluntad política de romper con inercias que impedían un desarrollo integral, condenando a la provincia a la marginalidad productiva, la fragmentación territorial y la desconfianza en las instituciones.

Una muestra clara de esta vocación transformadora es el proceso de recuperación del IOSPER, la obra social provincial, durante años mal administrada y ajena a las necesidades reales de sus afiliados.

Frigerio encontró una institución en terapia intensiva, con un déficit mensual superior a los 3.000 millones de pesos y uno estructural de más de 45.000 millones. Sin aumentar recursos, con un equipo más eficiente y austero, logró estabilizar financieramente la obra social luego de años de desidia y desmanejos con un claro futuro de colapso.

Y para que la transformación sea duradera, se envió un proyecto de ley para reconvertir en un nuevo ente la obra social, creación de OSER, promoviendo el debate con todos los sectores sociales en el cuerpo legislativo de nuestra provincia. 

El futuro se construye con decisión

Las políticas públicas que verdaderamente valen no son las que solo resuelven lo urgente, sino aquellas que, al mismo tiempo, transforman las condiciones del porvenir. Esa es la auténtica “rebelión contra el destino” que hoy protagoniza Entre Ríos.

Integrada a las regiones Centro y Litoral, y alineada con una visión nacional de desarrollo, la provincia tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de convertirse en un faro de gestión pública del siglo XXI: con ideas claras, vocación democrática y coraje institucional.

Porque solamente con decisión política, vocación de servicio y voluntad transformadora podremos construir un futuro sostenible, equitativo y duradero para las próximas generaciones de entrerrianos.

*Arquitecto, integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.